La Corte Suprema de la democracia con tobillera

En su habitual editorial, Roberto Caballero cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y sostuvo que la decisión profundiza, según su análisis, el deterioro del Estado de derecho y de la soberanía política, al considerar que el máximo tribunal intervino sobre una decisión que había sido adoptada por el Congreso.

Caballero afirmó que la Corte, integrada actualmente por tres miembros, funciona como un respaldo para las políticas del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar obtenida por excombatientes de Malvinas permite avanzar sobre la legislación vinculada con la propiedad de tierras. En ese sentido, cuestionó que el máximo tribunal desconozca la voluntad expresada por diputados y senadores y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, esto tiene para la división de poderes. También vinculó esta situación con el DNU 70/23 y con las políticas impulsadas por el Gobierno.

El periodista planteó además que el problema no puede atribuirse exclusivamente a los integrantes de la Corte y señaló la existencia de “inconsecuencias” de distintos sectores políticos, sindicales y profesionales. En ese marco, sostuvo que la situación afecta al conjunto del sistema democrático y utilizó la expresión “democracia con tobillera” para describir un escenario en el que, según afirmó, la voluntad popular encuentra límites frente a decisiones de otros poderes. También cuestionó la ausencia de mujeres en la actual integración de la Corte y vinculó la situación con la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, Caballero llamó a modificar la correlación de fuerzas mediante una movilización popular “pacífica, masiva, constante y periódica” y sostuvo que no debe esperarse que la situación cambie por sí misma. A partir del fallo y de su análisis sobre el funcionamiento de la Justicia, afirmó que el debate excede la situación de una dirigente política y se vincula con el modo en que se ejerce y se limita el poder dentro de la democracia argentina.