«Este es un fallo que se celebró en varias embajadas»

En diálogo con Roberto Caballero, el abogado del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, analizó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la medida cautelar sobre la Ley de Tierras y habilitó su adquisición por parte de inversores extranjeros. Al evaluar las consecuencias políticas y territoriales de la decisión del máximo tribunal, el letrado sostuvo: «Rosencrantz, Rosati y Lorenzetti han puesto el cartel de venta de la República Argentina. Esos son los efectos materiales del fallo… Es un fallo que se celebró en varias embajadas… Esta corte adicta saltó arriba de la granada y salió en defensa de los mandados que le están pidiendo al gobierno argentino desde otros ámbitos».

Durante la entrevista, Guerrero Iraola cuestionó en términos estrictamente jurídicos la argumentación utilizada por los jueces de la Corte para rechazar la presentación de la entidad. Al referirse a las falencias del pronunciamiento y al desamparo en materia de soberanía nacional, el especialista remarcó: «La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó ayer que la soberanía no es un bien jurídico que merezca tutela judicial… Cualquiera puede pisotear la soberanía y nadie puede acudir en defensa de la soberanía a los tribunales de la nación… Es un fallo ominoso que debería dar vergüenza y que nos sitúa a todos los argentinos y argentinas en una flagrante situación de indefensión».

Al abordar la desestimación de la representación legal del CECIM por parte del tribunal, el abogado de los excombatientes repudió la postura oficial frente al rol histórico que cumplieron los conscriptos durante el conflicto bélico de 1982. Sobre el agravio a la memoria de los caídos y sobrevivientes, Guerrero Iraola expresó: «Los soldados excombatientes de Malvinas que sí pudieron, llevados por el Estado genocida en 1982 bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, ir a morir a nuestras Islas Malvinas, no pueden, según la Corte Suprema, ir a un tribunal nacional federal a reclamar por la defensa del territorio… Pisotea la memoria de los pibes de Malvinas y de los soldados que están enterrados en el cementerio de Darwin».

Por último, el letrado advirtió sobre el precedente institucional que fija la sentencia al condicionar el acceso a la justicia federal para objetar decretos o medidas del Poder Ejecutivo. Al hacer un llamado a la intervención del Congreso de la Nación para frenar la desregulación, el abogado concluyó: «Esta corte acaba de dejar en indefensión a los argentinos. Hoy con este criterio no hay forma de acudir a la justicia para revisar actos de otros poderes… El Congreso de la Nación debería dictar algún tipo de norma que ponga un cerrojo, un candado o un límite a la posibilidad real de que hoy vengan a comprarse una provincia entera».