La Corte de la pérdida de derechos

En su columna en Caballero de día, Natalia Salvo cuestionó el papel de la Corte Suprema de Justicia como última instancia de interpretación del derecho y analizó distintos antecedentes en los que el máximo tribunal actuó como garante de la pérdida de derechos de las mayorías, al tiempo que vinculó su accionar actual con la reciente decisión sobre la Ley de Tierras.

Salvo cuestionó las interpretaciones que se limitan al aspecto estrictamente jurídico de las decisiones de la Corte y planteó que deben ser analizadas en relación con el contexto social y político en el que se producen. En ese sentido, recordó el funcionamiento de la denominada “mayoría automática” durante el menemismo y mencionó el tratamiento de la privatización de Aerolíneas Argentinas como antecedente de una intervención del máximo tribunal vinculada a una cuestión de gravedad institucional.

En relación con la Ley de Tierras, sostuvo que la Corte no reconoció la legitimación procesal del CESIM, integrado por veteranos de Malvinas, para reclamar por una cuestión que, según su interpretación, involucra derechos de incidencia colectiva, ambiente y soberanía. También destacó que el tribunal debió salir públicamente a explicar los alcances de su decisión y recordó el antecedente del fallo Muiña de 2017, cuando la movilización y el clima social generados por la aplicación del “2×1” a delitos de lesa humanidad derivaron en un fuerte rechazo público.

Por último, Salvo sostuvo que la discusión sobre el Poder Judicial debe trascender el ámbito estrictamente jurídico y convertirse en una discusión pública y popular. En ese marco, afirmó que el poder de la Corte “no se conduce, se limita” y evocó la decisión de Néstor Kirchner de enfrentar a la denominada “mayoría automática” en 2003 como antecedente de una intervención política frente al poder del máximo tribunal.