«Hay 45 mil millones de dólares de deuda con el FMI que son exclusivamente políticos»

El economista Santiago Fraschina dialogó con Caballero de día acerca de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía argentina y sostuvo que la mayor parte de la deuda con el organismo “no responde a criterios técnicos sino a decisiones políticas”.

Fraschina explicó que, según las propias normas internas del FMI, Argentina debió haber recibido como máximo 20 mil millones de dólares, en función de su cuota. Sin embargo, el préstamo otorgado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri —y continuado ahora por Javier Milei— alcanzó los 65 mil millones. “Hay 45 mil millones que no tienen justificación técnica. Es una deuda exclusivamente política, atada al aval de Donald Trump y a gobiernos de derecha en Argentina”, aseguró.

En ese marco, Fraschina defendió una propuesta elaborada desde la Escuela de Gobierno Néstor Kirchner y la Secretaría de Formación del PJ para diferenciar la parte “técnica” de la deuda de la que debe ser tratada en términos políticos. “Si el FMI violó sus propias reglas para prestarnos más de lo debido, entonces corresponde discutirlo en otro plano”, afirmó.

El economista también se refirió a la advertencia del JP Morgan sobre el retiro del “carry trade” en Argentina. “El fondo ve que no hay dólares suficientes para que los inversores retiren sus ganancias en moneda extranjera. Ya se empieza a notar una presión sobre el tipo de cambio oficial y una caída en reservas”, advirtió.

Según Fraschina, al gobierno le quedan cuatro opciones: conseguir dólares (algo improbable), seguir perdiendo reservas, aplicar una megadevaluación o reinstaurar el cepo. “Milei apostaba a aguantar hasta octubre. Pero el retiro de capitales se está adelantando. La economía no resiste sin dólares”, alertó.

Por último, consultado sobre posibles privatizaciones como vía de ingreso de divisas, fue categórico: “No hay empresas públicas en condiciones de venderse para obtener dólares, salvo YPF. Y en este contexto judicial, tampoco parece viable”.