Persecución judicial contra jueces

En su columna en Caballero de día, Natalia Salvo analizó la persecución a jueces que adoptan decisiones independientes del poder político y económico, y cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia argentino, al tiempo que planteó la necesidad de una reforma judicial desde el inicio de un eventual gobierno nacional y popular.

Salvo puso como ejemplo la situación de la jueza Karina Andrade, quien declaró la inconstitucionalidad, para un caso concreto, del régimen penal juvenil impulsado por La Libertad Avanza y señaló que, en lugar de debatir jurídicamente el fallo, se presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura porteño. En ese sentido, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires funciona desde hace años como un ámbito de persecución a magistrados que dictan resoluciones contrarias a determinados intereses políticos y mencionó también los casos de los jueces Roberto Gallardo y Patricia López Vergara, entre otros.

La abogada consideró que estas situaciones generan una percepción de impunidad y cuestionó que existan distintos criterios frente a causas judiciales. También sostuvo que la persecución a magistrados puede concretarse mediante denuncias ante los consejos de la magistratura, procesos de destitución y exposición mediática, y destacó que Andrade recibió el respaldo de 90 jueces de la Ciudad. Para Salvo, el debate sobre la Justicia permanece alejado de la discusión política cotidiana y la ciudadanía no siempre conoce los derechos sobre los que intervienen los tribunales.

Finalmente, planteó que una eventual administración nacional y popular debería colocar la reforma judicial entre sus prioridades desde el primer día de gobierno. En ese marco, reivindicó la necesidad de democratizar la discusión sobre el funcionamiento de la Justicia y recordó, a partir de una referencia a Héctor Recalde, el papel que tuvo el conocimiento de los derechos laborales entre los trabajadores durante la sanción de la legislación laboral. “Ninguna sociedad puede reclamar políticamente en defensa de derechos que no conoce”, sostuvo Salvo, al insistir en la necesidad de una reforma judicial como uno de los primeros objetivos de gobierno.