Para el gobierno, Clarín/Telecom no podría comprar Telefónica (aunque ya lo hizo)

El gobierno de Javier Milei acaba de objetar la compra de Telefónica Argentina por parte del grupo Clarín/Cablevisión/Telecom, le dio 15 días para que presenten una propuesta acorde a la legislación vigente y convocó a audiencia especial, aunque aún sin fecha, “para analizar posibles medidas que mitiguen los potenciales efectos negativos”.

La decisión llegó con forma de resolución, a través de un informe de 127 páginas, validado por el Secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, del Ministerio de Economía, luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia objetara la compra.

La conclusión a la que llegan los organismos que deberían ser de control efectivo de la ley 27.442, de Defensa de la Competencia, es que “la compra aumenta la probabilidad de que Telecom abuse de la posición dominante, restringiendo la oferta con aumento de precios, deterioro de la calidad y prácticas exclusorias”.

Ocurre que comprobaron que “tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia” y esto “puede resultar en perjuicio para el interés económico general con efectos horizontales y verticales”, según la resolución fechada el 19 de junio.

Concretamente, de efectivizarse la compra ya hecha (así opera el Grupo, hizo la transacción el 24 de febrero, pero la notificó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el 5 de marzo), el gobierno analiza que el grupo se quedaría con el 58% del mercado de las telecomunicaciones del país y donde hoy operaban tres empresas, sólo quedarán dos.

Incluso, en determinadas zonas, solo ellos. Por ejemplo, citan en el Informe, en la Ciudad de Buenos Aires, sumarían un 7,4% de los accesos, lo que elevaría su posición de mercado a 71,6%; en la provincia de Buenos Aires llegarían al 40%, mientras que en Neuquén treparían al 87,2% y en Río Negro pasarían del 74,6% al 86.6.

De hecho el informe asegura que, en todo el país, “el 66% de las localidades analizadas tras la operación se producirían escenarios de baja o nula competencia”, por lo que “la operación de concentración económica reviste especial preocupación desde el punto de vista de la competencia”.

¿En qué afectaría específicamente? También lo detallan.

El cuádruple play

De acuerdo con la mirada gubernamental, la compra de Telefónica por parte de Clarín/Telecom/Cablevisión, “incrementaría sustancialmente su poder de dominio. La acumulación de espectro generaría serias preocupaciones (ya que) la teoría del daño supone que la operación genera fuertes efectos unilaterales, que aumenta la probabilidad de que la empresa incremente los precios y degrade la calidad como consecuencia de un mayor poder de mercado y negociación”.

Para mayores precisiones, el Informe agrega que “la oferta que puede hacer es irreplicable, lo que le da ventajas competitivas”. Además, considera que “limita el crecimiento de otras empresas, afectando la sostenibilidad y permanencia”, en otras palabras, podría decirse, parafraseando al Grupo que la competencia corre riesgo de “desaparecer”.

Es que “un operador –agregan- puede pasar a tener relación con proveedor, competidor y cliente a la vez. Puede establecer aumento de precio de acceso a la infraestructura, lo que incide en el costo de los operadores. Y podría tener incentivos a degradar la calidad del servicio prestado a los competidores para perjudicarlos”.

Por eso detallan que “a priori, no hay elementos que permitan descartar que Telecom no pueda abusar de la posición porque los competidores no tendrían la capacidad de impedirlo o limitarlo”. En este caso, demás no está decir que el Estado sí no sólo podría sino que debería impedirlo o limitarlo, de hecho para eso es garante del derecho humano a la comunicación, aquí perjudicado, no sólo por los potenciales aumentos de precios, sino por la imposibilidad o restricción en la elección, el aumento del poder de presión y la homogenización de contenidos.

Por último, el Informe establece entre las conclusiones que “tampoco permite el ingreso probable y significativo de nuevos operadores que contrarresten las prácticas abusivas”.

Puede que este fragmento haya sido agregado en función de los fundamentos habituales que esgrime el Grupo en cuanto a que las empresas satelitales ofrecen servicio en la Argentina y la suponen competencia.

Sin embargo, el mismo informe explica por qué esto no es así. “Argumentan que hay servicio satelital, pero sólo está Starlink y (para usarlo) hay que adquirir un kit. Incluso en la Ciudad está inhabilitado porque su ancho de banda llegó al máximo. La propia tecnología impone un límite técnico”.

Para mayor argumentación detallan que “ya han manifestado que Starlink” (de Elon Musk, desde la llegada de MIlei operando en Argentina), “no constituye un sustituto efectivo”.

Horizontal y vertical

Para sintetizar, el Informe sostiene que la operación que ya concretó el grupo Clarín (incluso sacó créditos multimillonarios en varios bancos para pagarlo), “presenta efectos horizontales y verticales (…) que causan riesgos significativo por los potenciales efectos sobre la competencia en diversos mercados, que puede resultar en perjuicio para el interés económico general”.

¿Por qué? Porque:

• Se quedarían con el 58% del mercado y casi el 90 en determinadas provincias.
• La acumulación de espectro (patrimonio nuestro) que excedería el límite regulatorio de 140 MHZ.
• Las consecuencias impactarían en 186 localidades.
• En 114 del mercado de internet.
• En 143 del mercado de telefonía fija.  
• Impactará en servicios de cuádruple play (internet fija y móvil, televisión paga, telefonía fija y móvil).

En cuanto a las relaciones horizontales, identificaron conflictos en:

• El acceso a internet residencial
• Telefonía fija y móvil
• Televisión paga
• Servicios de telecomunicaciones para el sector corporativo
• Servicios de data center
• Acceso a la red mayorista de internet
• Transporte de datos de larga distancia
• Transporte local
• Infraestructura de acceso de red móvil

En cuanto a las relaciones verticales, afectaría a:

• Los servicios de internet mayorista (transporte de datos urbanos e interurbano)
• Infraestructura de red y reventa de banda ancha fija
• Telefonía fija
• Licencias de señales y contenidos
• Televisión por suscripción
• Internet mayorista (entre otros)

Contando quince días desde el 19 de junio pasado, se esperan las observaciones del grupo Clarín ante la Secretaría. La misma que hace apenas unos días tuvo un buen revés judicial.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le concedió la apelación a Telecom y la habilitó a tomar decisiones sobre los activos locales de Telefónica, por lo menos hasta que el gobierno tomara una decisión sobre la aprobación.

Es decir que el grupo puede hacer y deshacer sobre los activos, a pesar de que la Secretaría de Comercio (la misma que ahora los llama a audiencia y presenta la objeción con formato de resolución) le había ordenado al Grupo que se abstuviera de tomar decisiones sobre los activos.

El tiempo dirá el alcance del dictamen CONC.2025, aprobado por el secretario Marzorati, socio de Global Trade and Shipping, entre 2020 y 2023, coordinador general de Facilitación del Comercio, entre marzo y julio de 2016, Director de Importaciones, entre agosto de ese año y enero de 2019, licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con publicaciones sobre “Paraísos fiscales: crimen financiero e inestabilidad” o “El escándalo de la FIFA y la falta de control en el fútbol argentino”. Veremos cuánto interés le suscita la grave falta de control en las telecomunicaciones, la comunicación y los derechos de las audiencias, vulnerados durante las dos gestiones, la macrista  y la libertaria.

Y cuánto interés despierta en el CEO Héctor Magnetto la vida del ignoto Marzorati, aún sin publicaciones en sus medios sobre recorrido personal, académico o político.

*Doctora en Comunicación, profesora (UNLP-UNDAV), Coordinadora de la Red Internacional Universitaria de la Cátedra Unesco Comunicación Pública, para la justicia social, el desarrollo territorial y los derechos humanos.