La crisis golpea duro a las provincias dialoguistas

La estrategia “fondos por votos” de Milei para asegurarse leyes no benefició a los más alineados. La conflictividad social sacude a los gobernadores sumisos. La diferencia con la asfixia oficial a la provincia de Buenos Aires.

Desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 puso en el foco de sus críticas al gobierno de la provincia de Buenos Aires y, en especial, a la figura de su gobernador Axel Kicillof. Las descalificaciones en la narrativa oficial contra la gestión bonaerense fueron constantes, y abundaron en los exabruptos típicos del relato libertario.

Lo que oculta el sistemático despliegue de ataques es la asfixia de recursos que desde el gobierno central aplican sobre la administración y el pueblo bonaerenses, favoreciendo a los gobernadores aliados, alineados (o sumisos) ante las imposiciones presidenciales: los llamados “dialoguistas” que han sabido de reciprocidad parlamentaria frente al Poder Ejecutivo y las partidas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que les fueron dispensadas oportunamente ante cada votación clave de leyes libertarias en el Congreso Nacional.

Pero más allá de las especulaciones políticas sobre costos o beneficios de posturas afines o confrontativas, lo concreto es que los datos indican que, si bien es real los efectos del ahogo del Estado nacional sobre el bonaerense, la crisis que atraviesan las provincias “amigas” de Milei es de una magnitud que nadie puede ignorar, que va desde conflictividades laborales y sociales crecientes hasta serias dificultades financieras.

Milei discrimina a la provincia de Buenos Aires, es decir, a casi el 40 por ciento de la población nacional. Lo hace en pos de un supuesto favor para los gobernadores afines que apoyan el plan o la aventura económica del gobierno nacional.

Se trata de un favor que no se refleja en hechos concretos. Bien lo saben los gobernadores: el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el cordobés Martín Llaryora; en Mendoza, Alfredo Cornejo o Rogelio Frigerio en Entre Rios. Sin olvidar Corrientes, Misiones y Chaco, o los jefes provinciales que asumieron gracias a los votos del electorado peronista, como en los caso del tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, o Raúl Jalil en Catamarca.

En lo que va de 2026, el gobierno nacional destinó  $47.000 millones en ATN a 11 provincias de gobiernos “dialoguistas”. La mayoría de los montos ejecutados se realizaron entre el 19 y 20 de marzo, dos jornadas sensibles en la definiciones del “poroteo” legislativo sobre leyes claves para el gobierno.

La consultora Politikon Chaco detalló el siguiente reparto por provincia: Corrientes: $8.000 millones, Mendoza: $7.000 millones, Entre Ríos: $6.000 millones y Misiones $5.500 millones. Para San Juan y Chaco fueron $4.000 millones para cada una. 3.500 millones de pesos para Salta y $2.500 millones, Catamarca. Chubut: $2.500 millones, Jujuy: $2.000 millones y para Neuquén 2.000 millones de pesos.

Además de los ATN, Milei también dispuso un esquema de anticipos financieros y adelantos de coparticipación, mediante el decreto 219/26, por unos $400.000 millones. El destino de los fondos: 12 provincias alineadas a la Casa Rosada, un alivio para el pago de salarios.

La discrecionalidad del aporte de los fondos, con un claro objetivo de alineamiento que debería traducirse -como ocurrió- en respaldo legislativo, no se reflejó en tranquilidad o paz social en sus provincias

En el Congreso de la Nación , los diputados cuyas provincias recibieron millones en ATN presentaron en los últimos meses un alineamiento mayoritario con las iniciativas del Poder Ejecutivo, garantizaron quórum y la aprobación de tres leyes clave:

-El 8 de abril, el oficialismo obtuvo 137 votos afirmativosen su proyecto de Reforma de la Ley de Glaciares. El 50% (69 diputados) fue de distritos que recibieron ATN o adelantos coparticipación: entre ellos Entre Ríos, Mendoza, Salta y Corrientes. De los diputados de provincias beneficiadas por la movida libertaria, 9 de cada 10 apoyaron la reforma y el 73% aportó para alcanzar el quórum de 129 miembros para iniciar la sesión

-El 19 de febrero se aprobó la ley de Modernización Laboralcon 135 votos. Los bloques de los gobernadores dialoguistas fueron esenciales para custodiar capítulos sensibles, como el fondo de asistencia laboral. que alcanzó los 130 votos.

-En el período de sesiones extraordinarias, en diciembre del 2025, el Ejecutivo puso en funcionamiento la estrategia plata por votos y logró aprobar el Presupuesto Nacional 2026. Por ejemplo, el salteño Sáenz mandó a sus siete diputados a votar a favor del presupuesto libertario a cambio del envío de ATN. En ese sentido, la estrategia libertaría se delineó ya en la integración de la Comisión de Presupuesto sumando a legisladores que responden a los gobernadores de Mendoza, Misiones, Tucumán, Catamarca y San Juan, con el objetivo de asegurar el dictamen de mayoría.

Una estrategia del oficialismo que le rindió el resultado buscado, no así a las provincias que se alinearon con Milei y que enfrentan una crisis sostenida, marcada fuertemente por el desequilibrio financiero extremo. Los aportes recibidos desde la Rosada no compensaron las pérdidas estructurales.

Lo que queda claro es que más allá de la explícita asfixia contra el gobierno de Axel Kicillof, que mantiene una posición nítida de oposición contra el gobierno nacional, los gobernadores dialoguistas no encontraron una salida a las crisis multifacéticas que sumergen a provincias, cuando los datos indican que, en el primer trimestre de 2026, los recursos de origen nacional bajaron un 6,1 por ciento en promedio, mientras que la coparticipación federal se desplomó un 8 por ciento real interanual.

Los 47 mil millones de pesos recibidos vía ATN resultaron insuficientes para las administraciones provinciales porque esos fondos no cubrieron el 6 por ciento de lo perdido por la quita de otros subsidios y transferencias. En el caso de algunas provincias alineadas al gobierno central, por ejemplo, Córdoba, recurrieron al endeudamiento internacional con tasas elevadas de entre 8,6 por ciento y 9,75 por ciento para mantener sus administraciones.

A pesar de las maniobras dialoguistas de ciertos gobernadores, lo concreto es que en sus provincias la conflictividad laboral y social no cesa. Todo lo contrario. Los ajustes sobre el sector público tensaron la situación, con crecientes demandas de trabajadores que ven licuarse sus ingresos mientras la inflación, lejos de desaparecer, se mantiene. El impacto también se observa en la parálisis de las obras pública, que jaquean al sector de la construcción en las provincias, lo que se traduce como otro costo político para los gobernadores alineados que apoyan el Ejecutivo nacional.

La provincia de Buenos Aires no recibió un peso de los ATN y, al igual que el resto de los estados provinciales dialoguistas, padece la caída de la recaudación por las consecuencias directas de la política económica impartida por Milei y su ministro de Economía Luis Caputo. Kicillof, lejos de ceder “votos por fondos”, judicializó su demanda por las deudas que la Nación mantiene con las arcas bonaerenses.