La causa Libra

Columna de Natalia Salvo

Este jueves en Caballero de Día, Natalia Salvo realizó en Caballero de Día (AM 530, Somos Radio, lunes a viernes de 8 a 10hs) su editorial dedicada al escándalo de la criptoestafa $LIBRA y la responsabilidad judicial del presidente Javier Milei y su entorno.

La abogada retomó el análisis de la causa con dos novedades clave: una de carácter estrictamente judicial y otra de índole legislativa. En el plano judicial, explicó que la jueza Sandra Arroyo Salgado está interviniendo en la causa a partir de una particularidad: el tuit de Milei promocionando la moneda se habría emitido desde la Quinta de Olivos, motivo por el cual la magistrada entiende que tiene competencia territorial. Sin embargo, también existe una investigación paralela en Comodoro Py, ya que se considera que podría tratarse de un delito federal. “Lo cierto es que hay dos investigaciones en curso”, subrayó Salvo.

La jueza ordenó una serie de medidas técnicas para determinar la trazabilidad de las operaciones vinculadas al token LIBRA. “Se encomendó al Departamento Técnico de la División de Delitos Tecnológicos un seguimiento exhaustivo de los movimientos de las billeteras cripto relacionadas con la creación del token”, detalló. Además, se solicitó la identificación de los titulares de las cuentas implicadas y la posible existencia de vínculos entre ellas.

Pero el escándalo no se limita a la Argentina. También hay movimientos en Estados Unidos, donde un exfiscal —Timote Trinor— fue contactado para colaborar con información sobre la operatoria de LIBRA. Según declaró el abogado Gregorio Balcón, desde que el valor del token saltó de $0,215 a $5,54, unas 75.000 personas resultaron perjudicadas, con pérdidas totales estimadas en 280 millones de dólares. “Esto podría dar lugar a una demanda transnacional”, advirtió Salvo.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión de investigación legislativa sobre el caso, en una sesión a la que el oficialismo intentó boicotear presionando a gobernadores para que sus bloques no dieran quórum. “Sin embargo, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, e incluso legisladores por Córdoba y Catamarca, acompañaron la iniciativa”, destacó.

La comisión comenzará a sesionar el próximo 23 de abril y tendrá amplias facultades: podrá ordenar pruebas, pedir informes a la Presidencia, remitir oficios y recibir denuncias escritas o testimoniales. Cuatro funcionarios ya quedaron involucrados: el ministro de Justicia, el ministro de Economía, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Silva. “Hubo una fuerte rosca política —en el mejor sentido de la palabra— para incorporar también a Karina Milei, aunque por el momento no hay imputación directa”, señaló Salvo.

Para cerrar, la abogada remarcó el carácter institucional del proceso: “Cuando hablamos del principio republicano de gobierno y de la división de poderes, hablamos de un sistema de control y contrapeso entre los distintos poderes del Estado. Esta no es una chicana, como dijeron desde el oficialismo, sino una atribución constitucional del Congreso para investigar los actos del Poder Ejecutivo”.

Y concluyó: “No olvidemos que esto también destapó otro escándalo: los precios que se cobraban por las reuniones con el presidente de la Nación. De eso también habrá consecuencias, creo yo”.