Cuando la proscripción no la ven ni los propios

En su habitual editorial, Roberto Caballero cuestionó las interpretaciones que presentan la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner como un mero impedimento legal para competir electoralmente y sostuvo que la proscripción debe ser entendida como un problema político y democrático que requiere una respuesta social más amplia.

Caballero se refirió al reclamo presentado por los abogados de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y señaló que una eventual resolución favorable debería ser considerada por el sistema judicial argentino, aunque advirtió que la aplicación efectiva de las decisiones jurídicas también depende de la fuerza social y política que reclame su cumplimiento. En ese marco, comparó la situación argentina con la experiencia de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y sostuvo que los liderazgos populares enfrentan dificultades cuando no logran responder a las demandas de los sectores que históricamente los respaldaron.

El periodista cuestionó particularmente a quienes, aun reivindicándose peronistas, consideran que Cristina enfrenta solamente un “impedimento técnico” para ser candidata y comparó esa postura con la proscripción del peronismo durante la dictadura. “Eso es proscripción”, afirmó, al señalar que la imposibilidad de competir electoralmente constituye un problema que excede la situación personal de la expresidenta y afecta, según su interpretación, a quienes pretenden elegirla. También reclamó un movimiento “antiproscriptivo” más amplio y cuestionó que algunos sectores acepten como definitivos determinados fallos judiciales mientras consideran legítima la movilización frente a otros.

Por último, Caballero sostuvo que el principal riesgo no reside solamente en una eventual decisión de Naciones Unidas, de la Corte Suprema o de otros factores de poder, sino en la posibilidad de que los sectores populares asuman de antemano la imposibilidad de modificar una situación que consideran injusta. En ese sentido, afirmó que la discusión sobre la proscripción debe vincularse con el papel de los liderazgos populares, la concentración económica y el funcionamiento de la democracia, y concluyó: “Todavía estamos acá y nos van a tener que aguantar”.