“Masacre del Pabellón Séptimo”: condenas de 25 años para dos expenitenciarios del Penal de Devoto

La abogada querellante en la causa conocida como la Masacre de Pabellón Séptimo, Claudia Cesaroni, afirmó que valoran mucho que el tribunal convalidó que “fue una grave violación de derechos humanos, que el Estado mató a 65 presos y torturó a los 88 sobrevivientes y que haya condenado a las penas más altas a los dos responsables máximos de esa represión”.

En un fallo histórico y tras casi 15 años de lucha de familiares y abogados de las víctimas, Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez fueron condenados a 25 años de prisión por la masacre del Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto de marzo de 1978 donde murieron 65 personas. El tercer acusado, el celador Gregorio Zerda, fue absuelto y liberado.

En diálogo con Bonavitta 530, la abogada especializada en Criminología, recordó que “esta causa no existía, estaba archivada como un motín donde prácticamente la responsabilidad era atribuida a los propios presos por haberse casi prendido fuego”.

“Recordemos que eran 65 muertos en plena dictadura. Cuando nosotros empezamos todo este proceso, nuestro reclamo fue que se considerara como crimen de lesa humanidad. La primera respuesta del juez Rafecas, del año 2013, fue que era una grave violación de derechos humanos porque no se había investigado como tal y que había derecho de las víctimas a que se reabriera la causa, pero no como crimen de lesa humanidad. Nosotros apelamos, conseguimos que se declare delito de lesa humanidad, que se investigue así y así llegó a juicio”, detalló Cesaroni.

En este marco, explicó que “el tribunal lo que dijo es que se trató de una grave violación de derechos humanos, o sea, vuelve a la postura de Rafecas de primera instancia, pero que condenó igual porque las graves violaciones tampoco prescriben”.

En este sentido, la docente y escritora señaló que “si bien hubiéramos querido que se declare delito de lesa humanidad y que se condene a los tres imputados, bueno, queremos valorar mucho que se diga que fue una grave violación de derechos humanos, que el Estado mató a 65 presos y torturó a los 88 sobrevivientes y que haya condenado a las penas más altas por tormentos y tormentos seguidos de muerte a los dos responsables máximos de esa represión que fueron el director de la Unidad de Devoto, Juan Carlos Ruiz y el jefe de seguridad interna, Horacio Martín Galíndez.