Los sonidos de la furia

En su habitual columna Roberto Caballero advirtió sobre el impacto de los aumentos en servicios y transporte, el crecimiento de la morosidad y el deterioro de los ingresos, y sostuvo que esas condiciones conforman “el abono de la furia” social. También cuestionó la política económica del Gobierno y alertó sobre el avance de los discursos de odio y la degradación institucional.

Caballero repasó los aumentos previstos en transporte público, prepagas, peajes, colegios privados, tarifas de agua, electricidad y gas, y señaló que varios de esos incrementos se ubican por encima de la inflación. En ese marco, citó un informe que ubica a la Argentina entre los países con mayores niveles de morosidad y vinculó el fenómeno con la caída de los salarios y el creciente endeudamiento de los hogares. “El problema de la usura es un problema del Gobierno”, afirmó, al cuestionar la ausencia de límites a las tasas de interés y las condiciones del crédito.

El periodista también se refirió a las críticas de dirigentes opositores y exfuncionarios que comenzaron a cuestionar al Gobierno, y puso el foco en el rol de las redes sociales y las campañas de desinformación en el ascenso de las ultraderechas. En ese sentido, atribuyó a Santiago Caputo y a Fernando Cerimedo un papel central en la construcción de campañas digitales favorables al oficialismo y sostuvo que esas estrategias contribuyeron a “extremar el debate público” y a deteriorar la democracia.

Por último, Caballero retomó las advertencias formuladas en el Senado sobre la situación del Poder Judicial y el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, y cuestionó que no se haya esclarecido la eventual existencia de responsables políticos detrás del ataque. Tras advertir sobre la expansión de los discursos de odio, vinculó las expresiones del Gobierno contra el marxismo con antecedentes de la última dictadura y llamó a “pelear por nuestra democracia, nuestras libertades, nuestros salarios, nuestra felicidad y nuestro descanso”, al considerar que la pasividad social permite que avance la degradación institucional.