De Jujuy a Buenos Aires a pie para denunciar que la minería secó una laguna

La integrante de la Comunidad Puya Puya, Florencia Solís, dialogó con Un buen comienzo acerca de los desalojos de comunidades originarias en la provincia y denunció el avance de las topadoras sobre las tierras, al tiempo que cuestionó las políticas que profundizaron la desprotección de sus comunidades.

Solís vinculó los desalojos con la derogación de la Ley 26.160, que establecía mecanismos de protección de las tierras de las comunidades originarias, y con modificaciones legales y constitucionales en Jujuy que, afirmó, facilitaron procedimientos de desalojo. «La policía, la gendarmería» son enviadas, según relató, a retirar a familias de sus territorios, mientras reclamó que los pueblos originarios puedan permanecer en las tierras donde desarrollaron sus vidas y actividades productivas.

La dirigente también alertó sobre la situación de la Laguna de Pozuelos, que describió como «totalmente seca» como consecuencia del avance del extractivismo minero. En ese sentido, advirtió sobre la posible reactivación de la mina Pan de Azúcar y mencionó la actividad en Chinchillas y otros emprendimientos cercanos al área protegida, por el riesgo que, según sostuvo, representa para el agua, los animales, los pastos y las propias comunidades. Recordó que por este reclamo realizaron una caminata desde Jujuy hasta Buenos Aires para entregar un petitorio ante organismos nacionales, pero aseguró que fueron recibidos por efectivos policiales y que no obtuvieron una respuesta adecuada.

Finalmente, Solís afirmó que las comunidades permanecen «unidas y en alerta» y que continuarán reclamando el regreso de las familias desalojadas a sus territorios. «Nosotros, los campesinos, amamos la tierra, vivimos en conexión con la tierra», sostuvo, y llamó a la ciudadanía a reflexionar de cara a las próximas elecciones sobre las políticas que afectan a los pueblos originarios. También reclamó a los gobiernos «un poquito de piedad con la humanidad» y pidió un cambio frente a lo que definió como políticas de «odio, racismo y discriminación».