“El propietario va a poder pedir desalojo en juicio y sin presentar pruebas documentales”

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, dialogó con Caballero de día acerca del proyecto de ley que incorpora un régimen de desalojos y advirtió que la iniciativa “quita toda garantía de defensa para las familias que alquilan vivienda”.

Muñoz sostuvo que la iniciativa profundiza la desprotección de los inquilinos y recordó que el Decreto 70/2023 ya eliminó regulaciones sobre los contratos de alquiler. “No hay ningún tipo de regulación de los alquileres en Argentina. El dueño puede finalizar el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo si está escrito en el contrato, y tampoco existe un plazo mínimo de alquiler”, señaló. También advirtió que el proyecto podría afectar a comunidades que ocupan territorios por razones históricas y consideró que el régimen de desalojos busca garantizar los intereses de sectores que pretenden adquirir grandes extensiones de tierra.

El dirigente estimó que existen unos 3 millones de hogares inquilinos, que representan alrededor de 11 millones de personas, el 25% de la población, y alertó sobre un proceso creciente de concentración de la propiedad. Según señaló, en la provincia de Buenos Aires unas 80 personas concentran alrededor de 40.000 viviendas, mientras existen barrios y edificios enteros sin habitantes, utilizados como inversiones especulativas. En ese sentido, cuestionó la dolarización de la vivienda, la falta de regulación estatal sobre la construcción y la privatización del Banco Hipotecario, y planteó la necesidad de recuperar políticas que garanticen condiciones de alquiler dignas.

Muñoz llamó finalmente a movilizarse para que la Cámara de Diputados rechace el proyecto, que cuenta con media sanción del Senado. “La expectativa es construir una movilización como la de la semana pasada, que se trate en Diputados y se vote en contra”, afirmó, al considerar que la iniciativa forma parte de un modelo que profundiza la desigualdad en el acceso a la vivienda y deja a millones de inquilinos en una situación de creciente vulnerabilidad.