«El campo es de los más perjudicados por el abandono de las rutas»

Más adelante, Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional, señaló que la crisis vial que atravesaba el país no surgió de un día para el otro, sino como consecuencia directa del parate total de la obra pública decidido por el Gobierno. Explicó que la suspensión no solo afectaba proyectos nuevos, sino también el mantenimiento básico de las rutas, lo que ya había provocado pérdidas equivalentes a entre uno y un punto y medio del PBI. Con el mismo ímpetu, remarcó que ese supuesto “ahorro” terminó resultando un engaño: rehabilitar rutas destruidas cuesta entre tres y cinco veces más que sostenerlas.

En ese marco, Catanzaro subrayó que el deterioro de la red vial nacional —donde el 65% de los 40.000 km se encontraba en estado regular a malo— afectaba de forma directa al campo, uno de los sectores que el gobierno de Milei decía defender. Recordó el caso de productores que pagaban más caro el traslado interno de su mercadería desde Tucumán a Rosario que el propio envío en barco al exterior. Según el dirigente, la infraestructura colapsada no solo trababa la producción, sino que impedía pensar un modelo de país con desarrollo real, por más que a Milei y su junta les molestara escucharlo.

En el mismo tono, Catanzaro advirtió que el aumento de los siniestros viales también formaba parte del desastre. Tras la disolución de organismos clave —como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eliminada por decreto— se dejó de producir información esencial, mientras crecían los accidentes, las internaciones y las muertes, especialmente entre jóvenes de 18 a 30 años. Describió rutas con ahuellamientos tan profundos que provocaban que acoplados se “descalzaran”, casi como un descarrilamiento, en un país que ya registraba cerca de diez víctimas fatales cada 100.000 habitantes, un nivel que la OMS considera una epidemia.

Con el mismo impulso crítico, el dirigente explicó que el Gobierno avanzaba hacia un esquema de concesiones que solo beneficiaba a un puñado de privados y al propio Caputo, presente “en todos los mostradores”. Detalló que las empresas no pagarían un canon al Estado, accederían a créditos del BICE a tasas del 2% y no tendrían obligación de ejecutar obras grandes, mientras las cabinas de peaje se multiplicaban y la recaudación quedaba garantizada. Para Catanzaro, el modelo no apuntaba a mejorar la infraestructura ni a cuidar la vida en las rutas, sino a consolidar otro negocio financiero en una Argentina donde, una vez más, el Estado se retiraba y la sociedad pagaba las consecuencias.