Bonnie & Clyde y la Sala Banelco

En su habitual columna en Caballero de Día, Natalia Salvo abordó la continuidad del juez Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuestionó recientes fallos vinculados a la reforma laboral y apuntó contra el funcionamiento del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura.

La abogada laboralista cuestionó la revalidación por cinco años del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y vinculó esa decisión con el fallo que restituyó la vigencia de aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según sostuvo, el magistrado quedó en el centro de las críticas durante su paso por la Comisión de Acuerdos del Senado debido a sus resoluciones judiciales y a una reunión previa con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue objeto de cuestionamientos por parte de legisladores de Unión por la Patria.

Salvo también se refirió a la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y advirtió que se trata de una medida excepcional que vulnera el principio de autonomía sindical. En ese sentido, señaló que las intervenciones a organizaciones gremiales remiten a prácticas aplicadas durante gobiernos de facto y consideró que actualmente existe una “flexibilización judicial” orientada a debilitar la organización de los trabajadores.

La columnista extendió sus críticas al Consejo de la Magistratura, al que acusó de carecer de mecanismos eficaces de control sobre jueces y camaristas. En ese marco, mencionó cuestionamientos realizados por dirigentes de Unión por la Patria respecto de concursos judiciales y traslados de magistrados durante la gestión de Mauricio Macri, así como las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su situación judicial.

Finalmente, Salvo rechazó declaraciones atribuidas a Pesino sobre la condición de vulnerabilidad de los trabajadores y sostuvo que tanto la Constitución Nacional como la jurisprudencia de la Corte Suprema reconocen la necesidad de una protección especial para quienes viven de su trabajo. “Lo que vemos es una muestra de un Poder Judicial alineado con los intereses del poder económico y alejado de los derechos laborales”, concluyó.