«Detrás de Malvinas buscan un superministerio con facultades de inteligencia y sanciones sin control judicial»

El coordinador del área de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del CELS, Manuel Tufró, dialogó con Caballero de día acerca de los cuestionamientos al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y las atribuciones que, según advirtió, concentraría ese nuevo organismo en materia de inteligencia, seguridad, sanciones e infraestructura crítica.

Tufró sostuvo que detrás de la cuestión Malvinas el Gobierno impulsa modificaciones en la estructura de defensa y seguridad vigente desde la recuperación democrática y cuestionó la incorporación del concepto de “seguridad nacional”. Según explicó, el nuevo Consejo concentraría atribuciones vinculadas con inteligencia, uso del instrumento militar, definición e investigación de supuestos problemas de seguridad nacional y aplicación de sanciones económicas, sin intervención del Congreso ni del Poder Judicial. Entre las medidas mencionó la posibilidad de excluir a personas o empresas del sistema financiero y de realizar negocios con el Estado.

El coordinador del CELS también advirtió sobre la amplitud de la definición de “desinformación” y señaló que el proyecto podría permitir que determinadas expresiones o actividades sean consideradas amenazas a la seguridad nacional. En ese sentido, recordó que el Plan de Inteligencia Nacional vigente contempla el monitoreo de la conversación pública ante supuestos factores de desestabilización. Además, cuestionó la incorporación a la iniciativa de facultades para que las Fuerzas Armadas intervengan en la protección de infraestructura considerada crítica y señaló que varias de esas atribuciones habían sido establecidas previamente mediante decretos del Poder Ejecutivo.

Tras la entrevista, Caballero retomó los cuestionamientos y sostuvo que las modificaciones deben analizarse en relación con otros cambios en materia de seguridad, inteligencia y defensa. El periodista advirtió sobre un proceso de creciente estigmatización y persecución de sectores disidentes y cuestionó que determinadas expresiones de protesta puedan quedar asociadas a categorías como “terrorismo” o “mafias”. En ese marco, planteó la necesidad de preservar los límites institucionales y los consensos democráticos construidos desde la recuperación de la democracia.