Los oficialistas del rumbo económico

En su habitual editorial, Roberto Caballero cuestionó el “fanatismo» por la moderación de las recientes experiencias progresistas y advirtió que el establishment comenzó a tomar distancia de Javier Milei no necesariamente para cuestionar su programa económico, sino para preservar el rumbo que considera necesario para sus intereses.

Caballero tomó como punto de partida declaraciones del expresidente chileno Gabriel Boric al diario uruguayo La Diaria, en las que sostuvo que “el fanatismo por la moderación al final no lleva a ninguna parte”. El periodista interpretó esas palabras como una autocrítica sobre una gestión que, según evaluó, terminó allanando el camino al avance de la derecha en Chile. En ese marco, sostuvo que el progresismo no debe confundirse con moderación y que la defensa de la democracia, la República y una distribución más equitativa de la riqueza requiere políticas “audaces” y capacidad para confrontar intereses concentrados.

El editorialista también advirtió sobre la situación económica argentina y señaló que sectores del establishment comenzaron a distanciarse de Milei ante el temor de que una eventual crisis termine afectando “el rumbo de la economía”. “Además de Milei tenemos que discutir el rumbo”, afirmó, y cuestionó que el debate público omita el problema del endeudamiento, la fuga de capitales y el ajuste sobre trabajadores, jubilados, personas con discapacidad e infancias. En ese sentido, destacó la necesidad de discutir una legislación que permita identificar a los grupos económicos como tales y evitar mecanismos de evasión y fuga de renta.

Finalmente, Caballero planteó que el peronismo deberá definir si pretende regresar al Gobierno para administrar el rumbo existente o para modificarlo y advirtió que no podrá repetir la experiencia del gobierno de Alberto Fernández. “Si el peronismo quiere retornar al gobierno, va a tener que prometer que no va a ser un peronismo ornamental, ni neoliberal”, sostuvo, y concluyó que la consigna “Cristina libre” expresa también un desafío político: demostrar que existe capacidad para enfrentar las condiciones que sostienen la proscripción de la expresidenta.