Horacio Verbitsky: 48/100 – El Cohete a la Luna

Al mismo tiempo se cumplen 48 años del golpe de 1976 que instauró la dictadura más cruel, y cien días de gobierno del Presidente Javier Milei, cuyo balance de aquel episodio va a contramano del que prevaleció en la democracia argentina durante las décadas previas. El Poder Ejecutivo niega que haya existido terrorismo de Estado, señala como terroristas a sus víctimas y cuestiona el número de detenidos-desaparecidos. Los organismos defensores de los derechos humanos, las tres centrales sindicales y los piqueteros le responderán a partir de mediodía con una movilización que será multitudinaria, pese a los atentados y amenazas con que se intentó atemorizar a los manifestantes.

Los niños al poder

La Vicepresidenta Victoria Villarruel tenía once meses cuando Jorge Videla y Emilio Massera comenzaron a disputar el poder viendo quién mataba más gente. Milei tenía entonces cinco años. Esto implica que son la primera pareja de Presidente y Vice que eran niños y por supuesto sin actividad política antes del sablazo sangriento del 24 de marzo de 1976. Cuando se produjo el golpe

1. Raúl Alfonsín tenía 49 años, había sido diputado y presidido el Comité Bonaerense de la UCRP.
2. Carlos Saúl Menem tenía 46 años y había sido gobernador de La Rioja.
3. Fernando De la Rúa tenía 39 años y fue uno de los senadores nacionales cuyo mandato truncaron los golpistas.
4. Néstor Kirchner tenía 26 años, y militaba en organizaciones universitarias peronistas.
5. Cristina Fernández de Kirchner, de 23 años, compartía esa militancia.
6. Maurizio Macrì sólo tenía 17 años, pero su abuelo Giorgio había fundado en Italia Il fronte dell’uomo qualunque y su padre Franco era un empresario de estrechos vínculos con el poder político, en especial el gobierno de Isabel Perón.
7. También el doctor Alberto Ángel Fernández cumplió 17 años pocos días después del golpe. En el colegio secundario fue delegado de la UES, y en la Facultad de Derecho militó en una Fuerza de Orientación Nacional (FON).
8. Otro tanto ocurre con seis de los siete respectivos Vices y con los tres senadores y un diputado que ocuparon la primera magistratura como interinos, designados por la Asamblea Legislativa entre 2001 y 2003.

Te juro que no

El padre de Villarruel expresó su opinión sobre la democracia al negarse a jurar fidelidad a la Constitución el 25 de mayo de 1987, con el argumento de que los militares juran por la Patria y la bandera, que son anteriores y superiores a la Constitución.

Acababa de producirse la rebelión de Semana Santa, encabezada por quien cinco años antes había sido el jefe directo de Villarruel en una compañía de comandos del Ejército, el Ñato Aldo Rico, y el Presidente Raúl Alfonsín estaba elaborando la ley de obediencia debida. Esto ayuda a entender que la Vicepresidenta sigue buscando la solución política que imaginaba su padre para algo que no la tiene, salvo el deterioro cognitivo por el que fue procesado pero no sometido a juicio su tío, Ernesto Guillermo Villarruel.

La fórmula 48/100 tiene mayor significación que una mera coincidencia cronológica. En su aspecto más obvio, porque las políticas que lleva adelante el Ministro de Economía Luis Caputo tienen una perturbadora similitud con las de su predecesor, José Alfredo Martínez de Hoz. La definición de Rodolfo Walsh (“La miseria planificada de millones”) quedó grabada en la conciencia colectiva, como la estrofa de Borges sobre el amor y el espanto.

Una paradoja: Milei considera al Estado una organización criminal y la Junta Militar de entonces demuestra que eso puede ser cierto. No obstante, sus políticas se asemejan.

Esta coincidencia incluyó hasta la cifra de la presunta inflación que cada gobierno atribuyó a su predecesor.

Martínez de Hoz es así un adelantado a su tiempo, padre fundador de la posverdad. Claro que, en tiempos de Steve Bannon y las redes antisociales, Milei y su troupe han llegado al virtuosismo en el arte de mentir e inventar, diciendo de cada cosa si, no, ni y todo lo contrario.

El tiro del final

Ya más en profundidad, el gobierno de Milei-Villarruel resignifica la lectura de los 40 años transcurridos desde el colapso de la dictadura y la apurada convocatoria a los partidos políticos para que se hicieran cargo. La jerarquía eclesiástica les señaló ese camino a los generales, ya en 1981, con su documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, cuando aún hubiera sido posible preservar esas instituciones permanentes, que, junto con la justicia y el poder económico, sirven de control de las democracias electivas.

Idéntico salvataje intentó Estados Unidos, que en octubre de 1980 envió como embajador a Harry W. Schlaudeman, un diplomático que fue subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, entre 1976 y 1977. Desde ese cargo produjo un documento fundamental. Explicaba que a Washington no le convenía una asociación demasiado estrecha con dictaduras desprestigiadas que ya habían hecho el trabajo sucio. Era aconsejable entonces la creación de un nuevo tipo de régimen político que cubriera una franja intermedia entre las democracias liberales competitivas y abiertas y las dictaduras militares. Se fijaron tres requisitos para esas “democracias viables”:

1.  fuerzas políticas con apoyo social e inserción en los sectores obreros, juveniles y campesinos.
2. partidos y movimientos con una larga tradición de conflicto con el marxismo.
3. preservación de las Fuerzas Armadas como control de la transición, lo que suponía su repliegue de la política, y asegurarse la integridad de sus mandos.

Lejos de aceptar esos razonables consejos de amigos y patrocinadores, los militares emprendieron el camino del sur y se enterraron en las turberas de las islas Malvinas. Entre ellos, el padre de Victoria Villarruel. La euforia balbuceante de Patio Bullrich para jugar con fuego, evoca la de Leopoldo Galtieri. La popularidad de la ministra, que acaba de torcerle el brazo a Macrì, obligándolo a compartir la conducción Pro-caz, es tan alta como la de Galtieri en el mes de abril de 1982. Claro que el Bourbon es más fuerte que el Malbec.

Lo harían si pudieran

Con el antecedente del desmantelamiento del Salón de las Mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el gobierno se lanzó a fantasear qué podría hacer para resignificar la fecha de hoy. El muñeco de torta que ocupa el Ministerio de Defensa hizo tres aportes significativos:

1. Encabezó el desembarco en Rosario de efectivos del Ejército y la Marina, con vehículos terrestres, fluviales y áereos, tripulados y autónomos. Todos sofocados de calor con uniformes de combate en la selva y gruesos chalecos blindados. Tan expresivo como su jefa ausente, que estaba jugando con un perro en Córdoba, Luis Petri se atrevió a señalar “un hilo” entre el ansiado combate contra lo que define como narcoterrorismo y la represión de la guerrilla del siglo pasado. Un hilo, como si se tratara de Twitter.
2. Asistió en el Círculo Militar a la presentación del libro en homenaje al coronel Argentino Larrabure, “Mártir de Dios y de la Patria”. Secuestrado en 1974, su cuerpo apareció en un zanjón en 1975. La afirmación de que había sido ahorcado por el ERP sirvió como argumento para el golpe de 1976. El periodista Carlos del Frade lo rebatió. Ni la autopsia ni el expediente judicial prueban que haya sido un homicidio. Tampoco el testimonio de su compañero de cautiverio, el empresario René Vicari. El expediente judicial no habló de torturas, mala alimentación ni asesinato. El libro es parte de la movida para beatificarlo. Como de costumbre, el Papa Bergoglio por un lado alienta el empeño del obispo castrense, Santiago Olivera de Laguna, por santificar a las Fuerzas Armadas. Por otro, hace saber a sus amigos peronistas que pueden esperar sentados que avance ese proceso. Según Cecilia Pando, Petri dijo que “algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ’70″.
3. Junto con Patio Bullrich, propicia la enmienda de la ley de Seguridad Interior (que no fue promulgada por Alfonsín como afirma el ignorante operador judicial de Clarín, Daniel Pedro Santoro, sino por Menem). Se proponen permitir que los militares accionen las armas en Rosario, que modifiquen su doctrina, organización, equipamiento y capacitación, que no se limiten a prestar apoyo logístico, y que no sea obligatorio declarar el Estado de Sitio. Petri dijo que las Fuerzas Armadas se van a regir igual que las policías por las reglas de proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza. Este es un flagrante oxímoron: si son Fuerzas Armadas no hay proporcionalidad, gradualidad ni progresividad. Lo que quieren es convertirlas en policías.

Luciana Bertoia vio en las redes antisociales de Cecilia Pando la foto de Petri y otras cuatro mujeres, a las que Pando había tapado el rostro para que no fueran identificadas. La periodista consiguió el original de la foto e identificó a tres de las cuatro.

Ellas son:

• Ana Delia Maggi (esposa de Ernesto Guillermo Barreiro, el Nabo). En abril de 1987, Barreiro fue el detonante de la rebelión de Semana Santa, al desoír una orden judicial para ser indagado en Córdoba. Condenado a prisión perpetua por crímenes en La Perla, donde fue jefe de torturadores. Es hijo de la activista de la derecha peronista Leonor Kalopnas.
• María Inés Hansen, esposa del Chancaca Aldo Martínez Segón, condenado a prisión perpetua por su participación en la masacre de Margarita Belén. El ex diputado radical Víctor Marchesini que estuvo preso con las víctimas declaró que los colocaron entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlos sin sentido. En dos camiones militares a los que acompañaba un patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga. El ex miembro de la Conadep Edwin Tissembaum transmitió a los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte por el parapolicial Eduardo Pio Ruiz Villasuso, quien había sido herido por un oficial de la policía del Chaco, para evitar que hablara. Tissembaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva, ante un médico y un escribano que certificaron su lucidez. Entre los participantes en la masacre mencionó al entonces teniente primero Chancaca Martínez Segón. Luego de la nulidad de la ley de obediencia debida, en marzo de 2001, denuncié a todos los partícipes en la masacre chaqueña ante el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. En junio de 2003, Skidelsky ordenó que los detuvieran. Entre ellos, además de Martínez Segón, estuvieron el entonces coronel en actividad Horacio Losito y Athos Gustavo Renes. Losito estuvo en Malvinas junto con el padre de Villarruel. En diciembre de 2023 quedó en libertad, al cumplir 2/3 de la condena que le impusieron y en febrero visitó el Regimiento 30 de Infantería de Monte, en Misiones, donde fue invitado a tocar la campana, para anunciar que había llegado un héroe de Malvinas. Athos Renes es el suegro del actual viceministro de Defensa, general Claudio Pasqualini.
• Laura Renes, su esposa, milita junto con Pando en la reivindicación de los condenados, y es la cuarta mujer en la foto con Petri.
• María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Plá, condenado a prisión perpetua por el asesinato a sangre fría de la estudiante Graciela Fiochetti en San Luis, donde era subjefe de policía). Carlitos Pla fue uno de mis compañeros de adolescencia. Íbamos a bailar, a jugar al básquet y a los naipes al mismo club de la provincia de Buenos Aires, jugamos al rugby en Los Matreros. Era un flaco jodón, chueco y siempre de mocasines, que arrastraba al caminar, y con cara de dormido . Me cuesta conciliar esa imagen sonriente con la descripción de su crimen que suministró a la Justicia el ex chofer del Servicio de Inteligencia de la Policía de San Luis, Jorge Hugo Velázquez, quien condujo el vehículo con el cual en una madrugada de septiembre de 1976 fue secuestrada Fiochetti: “Estaba atada con las manos atrás, con la venda en los ojos, le metían la cabeza dentro de un tacho de agua (…). La bajaron del cabello, a las trompadas y a patadas, yo lo vi. (…) Entre sollozos decía que no sabía nada de la orga, estaba desnuda, con las manos atadas en la espalda y lo que más horror me causó fue que tenía los ojos sin vendar. El que veía a sus interrogadores se tenía que morir.(…) Esa piba había sido violada, no por un hombre, sino que se le había introducido una manguera o una goma, estaba llena de sangre”. Agregó que cerca de medianoche vio como la estudiante firmaba un acta por la que quedaba en libertad, pero que al día siguiente volvió a verla en la cárcel clandestina conocida como La Escuelita o La cueva del chancho. Unas noches después condujo a varios funcionarios policiales hasta un descampado. De otro auto bajaron a Graciela Fiochetti y a otro joven y los obligaron a arrodillarse. El capitán Pla les gritó:
  —¿Van a hablar o no van a hablar? Esto no va más.

Luego Pla “le pega un tiro a Graciela Fiochetti, que por la forma debe haber entrado en la nuca”. La Cámara Federal de Mendoza, donde condujo la investigación el juez Juan Antonio González Macías, dispuso la exhumación de un cuerpo sepultado como NN y comprobó que correspondía a Graciela Fiochetti. El cráneo presentaba una herida de bala con orificio de ingreso por la nuca, con dirección de abajo hacia arriba. La defensa de los imputados alegó que Graciela Fiochetti fue asesinada por Montoneros. La versión se la habría suministrado en la calle al comisario Víctor David Becerra un evanescente testigo que no se presentó a la Justicia.

—¿Por qué no lo identificó cuando le hizo la denuncia? —le preguntó el juez.

—Porque tenía mi Torino estacionado en doble fila —contestó este oficial de inteligencia que violó la Constitución y las leyes pero respetaba las normas de tránsito.

La justificación de la guerra

En eso consistió lo que Milei y Villarruel llaman guerra. El fallo de la Cámara Federal que en 1985 condenó a Videla, Massera & Cia, demolió la idea de que eso justificara los métodos empleados:

“Se han estudiado las conductas incriminadas a la luz de las justificantes del Código Penal, de la antijuricidad material y del exceso. Se ha recorrido el camino de la guerra. La guerra civil, la guerra internacional, la guerra revolucionaria o subversiva. Se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional; analizado las reglas escritas del derecho de gentes; consultado la opinión de los autores de derecho constitucional, de derecho internacional público, de los teóricos de la guerra convencional y de los ensayistas de la guerra revolucionaria. Se han mentado los usos de la guerra impuestos por la costumbre de los pueblos civilizados. Se ha aludido a las normas de la ética. Se han atendido las enseñanzas de la Iglesia Católica. No se ha encontrado, pues, que conserve vigencia ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, exculpe a los autores de hechos como los que son la materia de este juicio. Ni el homicidio, ni la tortura, ni el robo, ni el daño indiscriminado, ni la privación ilegal de la libertad, encuentran en esas leyes escritas o consuetudinarias o en esos autores una nota de justificación, o de inculpabilidad. Los hechos que se han juzgado son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos”.

Aprender o no aprender

Si para Petri la presunta similitud entre los conflictos de hace medio siglo y los de ahora justifican la convocatoria a las Fuerzas Armadas, para la Vicepresidenta Victoria Villarruel es exactamente lo contrario. Lo dijo con tanta claridad que dejó de una pieza a Jonatan Goldfarb:

También desbarató los esfuerzos oficiales por mostrar que no hay diferencias entre ella y el Presidente, con el tema hipersensible de la remuneración de los legisladores. Su afirmación es de puro sentido común.

Hasta se dio el gusto de rebautizar jamoncito a quien con tanto Photoshop quiere ser Apolo.

La Vicepresidenta es una persona inteligente y sutil, sin punto de contacto con los zafios Bullrich y Petri. Por eso, a partir de 2005, abandonó el reclamo de libertad para los procesados y condenados. Una vez que la Corte Suprema de Justicia declaró insanablemente nulas las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos, Villarruel viró el acento hacia las víctimas de la guerrilla, y pasó a postular que se juzgue también a quienes las atacaron. Esto podría servir más que para una nueva amnistía, para la resignificación de un momento histórico crucial para el futuro castrense. La causa de Larrabure es la más próxima a una definición, ya que llegó al embudo de la Corte Suprema, con fallos de primera instancia, de la Cámara Federal de Rosario y de la Cámara Federal de Casación Penal para las que no se trató de un crimen de lesa humanidad ni de guerra. Es remota la posibilidad de que este criterio se modifique en la República Autónoma del Cuarto Piso. Toda la atención está puesta en el bluff que organizó Milei al proponer para integrarla a dos jueces que difícilmente conseguirían los 2/3 del Senado. Uno de ellos, además, debe esperar nueve meses, a ver si se produce la vacante que le dejaría un asiento libre.

Es biógrafo

El altavoz Roberto Navarro anunció en El Pase que a pedido de Villarruel, Milei firmaría hoy el indulto de los condenados por Crímenes de Lesa Humanidad, afirmación que pese a no contar con fuentes ni desarrollo se reprodujo en varios portales. Otras versiones indicaban que se dispondría la prisión domiciliaria para todos los militares mayores de 70 años que estuvieran detenidos en establecimientos penitenciarios. Hasta la semana pasada habían sido condenados 1176 personas, absueltas 183, sobreseídas 104 y con falta de mérito 158. Este dato oficial del Ministerio Público desmiente que se trate de juicios populares cuya sentencia se conoce de antemano. Nadie entra condenado al tribunal. Entre 2015 y 2024, 1491 personas permanecieron en libertad, y sólo 661 fueron detenidas. De ellas, sólo 91 tienen residencia en el Servicio Penitenciario Federal y 508 ya gozan del arresto domiciliario, dispuesto por los jueces, que pueden hacerlo a partir de los 70 años, según lo contempla la ley de Ejecución Penal, sin referencia alguna al delito por el que se pronunció la condena. Hay 62 personas en otra situación no especificada (mayoritariamente alojados en Campo de Mayo).

En una entrevista con CNN en Español y en las redes antisociales, Milei negó que estuviera en estudio alguna de esas medidas. Coincidió Villarruel, en la extraordinaria entrevista que concedió a la señal de noticias por cable del Grupo Clarín. El Ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo lo mismo en diálogo con María O’Donnell.

Y la Cámara Federal de Casación Penal produjo dos fallos que clausuran la discusión:

1. Al confirmar la condena contra 19 represores de Bahía Blanca, sostuvo que penas menos severas y el indulto “son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas”. Agregó que el castigo implica también “la construcción de memoria colectiva y una advertencia de no impunidad tendiente a evitar la repetición de crímenes de este tipo”.
2. También rechazó el recurso de un represor que solicitaba que el arresto domiciliario fuera automático a los 70 años. Los presidentes de distintas salas, Angela Ledesma, Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Carlos Mahiques recordaron que la Corte Suprema ya rechazó un planteo similar. Eso debe decidirlo cada juez, según las circunstancias. Y en este caso, el penitenciario Diego Chemes no ha mostrado conciencia de la gravedad de sus actos ni la menor autocrítica.

Ambos fallos marcan los límites que enfrenta el gobierno en una materia tan sensible. Otro límite es la situación económica. Villarruel no sólo se opuso al despliegue de las Fuerzas Armadas en Rosario. También dijo que le gustaría reimplantar el Servicio Militar Obligatorio, pero que no están dadas las condiciones porque los militares “ganan muy mal”. Por eso, la adhesión oficial a la fecha de hoy se limitaría a un video que no reivindica a las Fuerzas Armadas, pero denigra a quienes se les opusieron, protagonizado, entre otros por Juan Yofre, Luis Labraña y María Fernanda Viola. Sólo se les chispoteó Ceferino Reato.