Verdú: «Estamos viviendo un cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías»

La abogada y referente de la Correpi, María del Carmen Verdú, dialogó con La García acerca de la represión destada en la marcha federal universitaria frente al Congreso. Más de 550 personas resultaron afectadas por los gases y una trabajadora de prensa debió ser intervenida quirúrgicamente por las heridas provocadas por balas de goma.

Verdú sostuvo que el operativo represivo evidenció un cambio en las formas de actuación de las fuerzas de seguridad, al señalar que los efectivos comenzaron a disparar y lanzar gases mientras se desarrollaba el acto y los manifestantes permanecían frente al palco. Además, cuestionó las reformas normativas impulsadas por el Gobierno mediante decretos, resoluciones ministeriales y leyes aprobadas en el Congreso, que, según planteó, restringieron derechos y eliminaron garantías históricas. «Estamos viviendo un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías», enfatizó.

La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) también informó que cuatro personas adultas permanecían detenidas, acusadas de desobediencia o resistencia a la autoridad, y cuestionó que las detenciones no se hubieran producido en los lugares donde se registraron los hechos de violencia que circularon en imágenes. Asimismo, denunció que un adolescente de 14 años, alumno de la Escuela Nicolás Avellaneda, fue imputado por resistencia a la autoridad y posteriormente liberado tras la intervención de integrantes de Correpi, autoridades escolares y familiares. «No tienen interés en disuadir hechos de violencia durante la marcha; el esquema es represivo», afirmó.

Por último, Verdú advirtió sobre el incremento de los casos de gatillo fácil en los barrios y aseguró que las cifras relevadas por Correpi en su informe anual de 2025 superaron los registros de gestiones anteriores. En ese contexto, sostuvo que la represión no constituye un fenómeno aislado, sino que forma parte de una transformación más amplia del sistema de seguridad y del marco legal, con consecuencias sobre el derecho a la protesta y las libertades democráticas.