Más que medio lleno – Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna

Milei pudo pavonearse entre los jefes de Estado del G-7, en el mejor fin de semana de su gobierno, aunque la crónica del New York Times sobre el encuentro frente al Mar Adriático no menciona al libertario argentino entre los invitados de élite de la primera ministra italiana Giorgia Meloni: Narendra Modi, Lula, Erdogan, Mohammed bin Zayed,  Zelenski y Jorge Bergoglio. Después el Presidente voló a Suiza para reunirse con su colega, el standupero ucraniano Zelenski, a quien la Argentina decidió entregar cinco aviones franceses adquiridos por Macrì, que nunca volaron porque Londres impidió que se hicieran de piezas británicas vitales para su funcionamiento en condiciones de combate.

Las leyes de Bases Circuncisa y el paquete fiscal tienen un tercio de los artículos del proyecto originario que Federico Sturzenegger preparó para Patio Bullrich y que el Presidente hizo propio y lo estrelló contra el Congreso, por impaciencia y torpeza.

Aun así, el oficialismo requirió para su aprobación del voto de la Vicepresidenta Victoria Villarruel en general y en varios artículos decisivos, como el de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Ahora se propone revertir las novedades producidas en el Senado en la segunda vuelta por la Cámara de Diputados.

Las dos bibliotecas

Como en casi todo, hay en este punto dos interpretaciones. Desde la oposición señalan que el jefe y el subjefe de gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, se habían comprometido a respetar los cambios negociados para llegar a un dictamen que habilitara la sesión en el recinto. Ellos, en cambio, afirman que la eliminación de los artículos sobre los impuestos a los bienes personales y a las ganancias no habían sido acordados, por lo cual sería legítimo volver a la redacción anterior.

Sería legítimo si fuera constitucional. El artículo 81 de la Constitución afirma que la cámara de origen puede insistir en su sanción en caso de “adiciones o correcciones” por la cámara revisora. Pero el Senado no adicionó ni corrigió nada, sólo los rechazó. En consecuencia, regiría el primer párrafo del mismo artículo 81: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Y además, con picante político: voceros de Villarruel murmuran por donde pasa el viento que si no se respeta la sanción del Senado, en cuya elaboración participó junto con Francos, la Vicepresidenta no colaborará con ningún otro proyecto del Poder Ejecutivo. Desde la Secretaría General de la Presidencia llegan expresiones de fastidio, porque sospechan en Villarruel una desmedida ambición sucesoria, avalada por su aptitud para la negociación política.

Rolandi condujo las negociaciones en el recinto, acompañado por la abogada María Ibarzábal Murphy, funcionaria de la jefatura que llegó desde el estudio de Juan Carlos y Ezequiel Cassagne, donde se redactó una parte del proyecto de ley. Desde su banca, el presidente de los senadores libertarios, Ezequiel Atauche, consultaba cada cambio con ellos. Entre otros, permitir la continuidad de la moratoria previsi0nal y cerrar el camino al narcotráfico y el lavado de dinero en el capítulo del blanqueo, al excluir a los no residentes y testaferros, reclamar la denuncia del origen del dinero, además de incrementar las alícuotas en un 20%. Juan Carlos Cassagne fue director jurídico de la secretaría de Industria del peronismo en 1973 y continuó sin problemas durante la dictadura militar. En la década siguiente fue el cerebro junto con Roberto Dromi y Rodolfo Barra del desguace del Estado bajo el menemismo. En años recientes, él y su hijo defendieron al diario La Nación en el litigio con el Estado Nacional por el impago de millonarios impuestos.

Los Hermanos Milei debieron retrasar hasta las 3.08 la partida de su vuelo hacia Bari, ya que de otro modo el desempate se hubiera podido judicializar. Villarruel hubiera debido asumir la presidencia y su lugar sido ocupado por el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

La Constitución solo dice que cuando el Vicepresidente ejerce las funciones de Presidente de la Nación, “el Senado nombrará un presidente provisorio” (artículo 58). De ahí puede deducirse que podría emitir un segundo voto como el Vice, y esto ya ocurrió durante el gobierno anterior con la senadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala. Pero el puntano Abdala es un senador y, según el reglamento, sólo tiene un voto. Lo último que necesitaba el gobierno era que esta confusión debiera aclararse en los Tribunales y, por esta vez y en este punto, imperó la prudencia.

Al menos una ley

Esto se debe a que al comenzar el séptimo mes de su mandato el gobierno necesitaba la sanción de una ley, cualquiera fuera. Cada declaración de agentes económicos, artículo de medios internacionales o comunicados del Fondo Monetario Internacional alababan las definiciones ideológicas de Milei pero destacaban la endeblez del apoyo político con que cuenta su gobierno, preocupados por la estabilidad de sus reformas. Por eso el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, en tándem con Villarruel, negoció con los bloques amistosos enmiendas que disolvieran lo que les quedaba de oposición. Entre el berrinche de Milei en febrero y la madrugada del jueves, el gobierno tomó un curso acelerado de política. Entonces, desde Israel, Milei ordenó retirar la primera versión de la ley Bases ya aprobada en general, porque los diputados rechazaron un par de artículos sobre privatizaciones. Ahora no puso límite a las concesiones, aunque en la intimidad del gobierno siempre quedó clara la voluntad de insistir en Diputados con la versión anterior, como ahora intentarán al menos con Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones. De otro modo el frente financiero podría haberse vuelto tempestuoso, forzando una nueva devaluación, con sus consecuencias inflacionarias, sociales y políticas. Tanto que el FMI aguardó la certeza de que la ley pasaría por el Senado para anunciar que había aprobado la octava revisión del programa argentino y liberado el giro de 800 millones de dólares, que de inmediato volverán al fondo, como parte de la refinanciación que Mr. MaGoo presentó como reestructuración. Y para que no queden dudas, la representante estadounidense en el FMI, Gita Gopinath, insistió en una comunicación pública sobre la exigencia de “reformar el impuesto a la renta personal”. Mientras Kristalina Georgieva sonríe para la foto, su segunda escribe el pliego de condiciones.

Hay aquí un juego de suma cero. Tanto lo que el gobierno perdería en porcentaje del PIB con la sanción del Senado como lo que insumiría la fórmula de movilidad jubilatoria ya sancionada por Diputados y que ahora debe tratar el Senado, equivalen a 0,43% del producto. A los Hermanos Milei debería darles lo mismo si de verdad su credo se limitara al equilibrio fiscal. Pero todo indica que prefieren expoliar a los jubilados y no tocar a los más prósperos.

Principio de revelación

Haber evitado esa tormenta es un éxito oficial, que dejó un sabor amargo pasillo por medio del recinto. Al mismo tiempo, el INDEC midió el índice de precios al consumidor más bajo en dos años y China prorrogó por un año el swap de divisas con el Banco Central. La condición es una refinada tortura china: el León deberá viajar a Beijing y rendir pleitesía a Xi Jinping, que es el rey de la selva. Sin duda, el vaso con que el gobierno pudo brindar estaba más que medio lleno, y sus consecuencias para la sociedad serán duras.

El tuit de Leopoldo Moreau sobre la inconsistencia de las posiciones de los senadores de Santa Cruz Natalia Gadano y José Carambia y del porteño Lousteau, y las invectivas en las redes antisociales por los votos de los senadores Camau Espínola, Edgardo Kueider, Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, la filtración desde la Cancillería de que el gobierno negoció con la senadora neuquina Lucila Crexell Sapag su designación como embajadora en la sede parisina de UNESCO se asemejan al principio de revelación que usa Milei cuando las uvas están verdes.

Todo lo que se dice de ellos es merecido, salvo los excesos constitucionales que los sindican como traidores a la patria, pero el hecho es que con esas contribuciones los Hermanos Milei se salieron con la suya. Como recitaban los Les Luthiers en Ya el sol asomaba en el poniente,

Ya los fieros enemigos se alejaron
No resuena el ruido de sus botas
Nos pasaron por encima y nos ganaron
Nos dejaron en derrota

¡Perdimos!
¡Perdimos!
¡Perdimos otra vez!

Gadano, cuyos hijos fueron amenazados de muerte, y Carambia no dieron quórum y votaron en general contra la ley de Bases. Pero se ausentaron de todas las votaciones particulares, con lo cual al gobierno le bastó con 36 votos, sin necesidad de más salvatajes de Villarruel. Lousteau votó en contra, pero aseguró el quórum y con ello salvó al gobierno. Si los patriotas hubieran alcanzado los 37 votos, es posible que Lousteau, los patagónicos y los del Litoral los hubieran acompañado. Pero no estaban dispuestos a que los sindicaran como responsables de que la ley se cayera.

El entrerriano Kueider y el correntino Espínola, que fueron electos en la boleta de los patriotas, votaron con el gobierno en capítulos decisivos, y obtuvieron a cambio los asientos que le corresponden a la Argentina en las represas binacionales Salto Grande y Yacyretá. Andrada había avisado desde el principio que apoyaría el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, porque así se lo había solicitado su gobernador, el catamarqueño Raúl Jalil. En cambio, los votos en el mismo sentido de la jujeña Moisés y de la tucumana Sandra Mendoza fueron sorpresivos. Al poder de lobby del gobierno nacional se sumó el de las empresas interesadas en la explotación minera. De inmediato, el portal El Disenso publicó una investigación con documentos que señalan negocios ilegales en Entre Ríos por parte de Kueider con empresarios que están presos, y del ex gobernador Gustavo Bordet.

Más cascarudos que gente

La movilización en contra de la ley, convocada por el peronismo, la izquierda marxista, la CTA y varios gremios industriales y de servicios de la CGT, como los metalúrgicos, los mecánicos de automotores y los camioneros, fue grande, pero no alcanzó la proporción de la reciente convocatoria por el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Tampoco la magnitud del repudio al fallo del 2×1 durante el gobierno procaz. Incidieron en ello la indefinición de una vigilia con comienzo a las 10 de la mañana y sin horario de finalización y el dispositivo intimidatorio montado por el gobierno nacional.

Hubo entre los manifestantes algunos pequeños grupos organizados para causar destrozos, como el incendio del autito de Cadena 3, pero ni fueron predominantes ni figuran entre los detenidos. La senadora Juliana Di Tullio dijo que eran infiltrados que respondían a Bullrich. Aunque sea plausible, no se lo puede afirmar con certeza. Los incendios de maderas y contenedores de residuos se multiplicaron para contrarrestar el efecto de los agresivos químicos que saturaron el ambiente y que se regaron con generosidad y sin exclusiones.

No hay duda, en cambio, de que las fuerzas federales (Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) agredieron sin motivo a manifestantes que no estaban provocando disturbios. Entre ellos estuvieron los diputados nacionales Carlos Castagnetto, Eduardo Valdéz, Cecilia y Leopoldo Moreau, como se observa en este video. Los uniformados les arrojaron el gas irritante directamente en los ojos, desde centímetros de distancia. Varios de ellos debieron ser trasladados a hospitales oftalmológicos.

También se dispararon balas de caucho a la altura del rostro, lo cual contradice los protocolos de empleo que rigen en todas las fuerzas de seguridad. Uno de esos proyectiles impactó entre ambos ojos del fotógrafo Mariano Taglaison.

Otro video publicado en Instagram muestra el momento de la detención del músico Santiago Adano, ex integrante de las bandas Julio & Agosto y Pezpájaro, cuando salía de la boca del subte y se limitaba a observar lo que ocurría.

Otro muestra a tres mujeres solas, bañadas en gas desde centímetros. También fueron detenidos un hombre, su hija y su nieta que ofrecían bebidas y comestibles, un vendedor de sándwiches de chorizo, un joven que le gritó a un policía, una mujer que grabó con su teléfono una de las detenciones y tres alumnos de la Universidad Nacional de San Martín, por quienes pidió su rector, Carlos Greco. En total 33 personas.

No se trató de actos individuales de descontrol policial motivados por la tensión, sino de una práctica decidida de antemano para desalentar la protesta y las imágenes de multitud. La ministra Bullrich lo había anunciado antes y Milei lo celebró después. La X presidencial felicitó a las fuerzas de seguridad por haber reprimido a “grupos terroristas” que intentaron “un golpe de Estado”. Afirmó que en el intento usaron palos, piedras y granadas. El plural está de más: sólo encontraron una granada y no explosiva sino de gas, de las que usaban las policías, que estaba inutilizable por su antigüedad.

El vocero Manuel Adormi dijo que “había terroristas que querían llevarse puesta la democracia”. Bullrich los trató de sediciosos que aplicaban una técnica moderna de golpe de Estado y vaticinó que pagarían su conducta con largo tiempo en la cárcel. El fiscal federal Carlos Stornelli firmó un requerimiento que oscila entre hilarante y trágico y que en ninguna línea corre paralelo al derecho vigente. Solicita la prisión preventiva de todos los detenidos y les imputa

• daños simples,
• incendio,
• estrago,
• delitos contra la seguridad pública,
• lesiones,
• instigación a cometer delitos,
• intimidación pública,
• incitación a la violencia,
• organizar grupos permanentes o transitorios para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor,
• delitos contra los poderes públicos,
• atentado contra la autoridad,
• resistencia a la autoridad,
• perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo,
• agravados por la finalidad de crear el terror, que incrementa las penas en un 50%.

El fiscal de los Cuadernos Fénix no explica cuál es su sospecha sobre cada detenido, porque no describe los hechos en los que habrían intervenido, no valora las pruebas y atribuye riesgo procesal de fuga o entorpecimiento a todos, sin detallar por qué en cada caso. Esto se debe a que su único instrumento probatorio es el fantasioso comunicado presidencial.

La mitad de los detenidos fueron liberados al día siguiente por la jueza federal María Servini, menos tendenciosa que Stornelli. Entre ellos está el músico, pero no los estudiantes de San Martín.

La ley antiterrorista, que CFK promulgó en 2011 afirma en forma taxativa que ese agravante no se aplicará cuando los hechos “tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Pero como lo vemos todas las semanas, la constitución material tiene una capacidad de expansión infinita.

Pasado mañana los diputados agredidos presentarán una denuncia penal contra Bullrich, el secretario de seguridad y el Prefecto Nacional por vejámenes, apremios ilegales, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes funcionales. Con el patrocinio de Alejandro Rúa se enviará copia de la denuncia a los organismos internacionales y regionales en defensa de los derechos humanos. También acompañarán filmaciones y fotografías que documentan el comportamiento represivo.

La circuncisión

Aun circuncisa, la ley Bases expandirá el poder del gobierno y su capacidad de daño en su empresa de demolición. La delegación de facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas le permitirá legislar durante un año mediante decretos delegados, sometidos al mismo escaso control del Congreso que los de necesidad y urgencia.

El RIGI mantuvo el mínimo de la inversión requerida en 200 millones de dólares y los descomunales beneficios fiscales. Solo corrió de tres a cuatro años el plazo para transferir sin restricciones el 100% de las utilidades y fijó un modesto 20% de proveedores nacionales, pero sin preferencia de precio y condiciones. Podrá aplicarse en emprendimentos de lo que llama foresto-industria (que para algunos encubre el agronegocio), turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. La estabilidad de condiciones por tres décadas estará custodiada por el infalible CIADI.

En el capítulo energético, la modificada ley de hidrocarburos fija como objetivos la maximización de la ganancia de las empresas, exportando todo lo que quieran, ya sin obligación de abastecer al mercado interno. Esto implica que los precios internos los fijará el barril del Brent en el mercado internacional. Las regalías que reciben las provincias podrán disminuir desde el 12 al 18% actual al 4 ó 5%. Esto permitirá que cuatro empresas quintupliquen su ya extraordinaria rentabilidad. Son las mismas que entre 2015 y 2019 fugaron del país una cuarta parte de los 86.000 millones de dólares que el Banco Central les vendió al precio oficial. Entre los primeros trimestres de 2023 y 2024, CGC incrementó su ganancia neta en casi 1400%; Central Puerto, de Nicky,  el primo del ministro Caputo, en un 5.378%; Tecpetrol, de Paolo Rocca, en 2.700%; Pampa Energía, a cuyo frente figura Marcelo Mindlin, en un 731% y PAE en un 81%. A pesar de esta rentabilidad gigantesca, quedan incluidas en el Rigi, como si de otro modo no fueran a continuar con tan lucrativas inversiones.

La lista de once empresas a privatizar se redujo a dos (ENARSA e Intercargo) y a concesionar a seis (Corredores Viales, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica. Las dos últimas, conservarían una mayoría accionaria del Estado). En cambio no se privatizarían Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Tampoco se podrían disolver los organismos relacionados con la Cultura ni intervenir la Comisión Nacional de Energía Atómica. LaComisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, supervisaría cada privatización, con informes legales y financieros de la Sindicatura General y de la Auditoría General de la Nación. También podrán activarse las obras públicas para cuya conclusión sólo falta el 20%.

Estos son algunos triunfos debidos a la fuerte resistencia popular, igual que el mantenimiento de la moratoria previsional, de las actuales tasas y escalas del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría  y del tributo a los bienes personales. La posibilidad del blanqueo se extendió de 5 a 10 años, de modo de comprender a los funcionarios del gobierno procaz y toda su parentela. Pero nada impediría que las facultades delegadas se emplearan para desfinanciar aquellas empresas hasta la irrelevancia, ni volver a la carga con los capítulos caídos a partir del año próximo, como ya dejaron saber los voceros oficiales.

La CGT consiguió que los capítulos laborales de la ley no eliminen la ultraactividad de los convenios ni se suprima el aporte solidario de todos los trabajadores al sindicato correspondiente, aunque no estén afiliados, salvo en el caso de los estatales. Pero no pudo impedir que elimine multas y sanciones a quien blanquea una relación no registrada y desvincule de la Administración Pública Nacional a los trabajadores de organismos eliminados. También extiende el periodo de prueba y crea un fondo de cese laboral optativo que podría incluirse en los convenios colectivos como alternativa a las indemnizaciones. Su viabilidad es dudosa, porque podría incrementar los costos para los empleadores, obligados a realizar un aporte mensual aunque no despidan a nadie. Además crea la figura ficticia del colaborador independiente para enmascarar una relación laboral.

Que 30 años es nada

Cuando falta un mes para que se cumplan 30 años del verdadero acto de terrorismo internacional que padeció el país, con la voladura de la sede de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en cuyo edificio también funcionaba una asociación mutual, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado argentino por haber privado de Justicia y de verdad histórica a la sociedad argentina, incluyendo por cierto a sus víctimas directas. La Corte dio la razón a todos los reclamos de los familiares de las víctimas organizados en Memoria Activa, que con el patrocinio del CELS cuestionó la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por su responsabilidad en el encubrimiento.

El más alto tribunal interamericano ordenó que ahora sí el Estado investigue el atentado y el encubrimiento en lo que definió vagamente como “un plazo razonable”.

Y aplicando la experiencia del caso a la estructura democrática del país también dispuso una reforma normativa que regule el ingreso y el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales, sin ampararse en el secreto de Estado. También deberán regularse los procesos de desclasificación y el pleno acceso de las víctimas a la información.

La Cámara Federal de Casación Penal había sostenido hace dos meses que el encubrimiento fue una maniobra deliberada, diseñada y ejecutada en las más altas esferas del poder político. Pero ese mismo tribunal individualizó condenas extremadamente bajas, con una pena menor que la que castiga el robo de un auto. La apelación será oída por la Corte Suprema. El secreto y la discrecionalidad con que según la CIDH se han manejado los servicios de inteligencia en este caso, se perpetúa en el presente. La coartada que antes y ahora se invoca es la seguridad nacional, cuando en realidad el sistema se protege a sí mismo.