Lustramax: Cierre y despidos

El delegado despedido de Lustramax, Leandro Gómez, dialogó con Caballero de Día acerca de la situación en la empresa, tras un conflicto que combina despidos masivos e incumplimientos judiciales en un contexto de ajuste económico.

Durante la entrevista, Gómez denunció que la firma desoye un fallo judicial que ordena su reincorporación y le impide el ingreso a la planta. Según relató, incluso tras una audiencia en el tribunal de Pilar, la empresa continúa sin acatar la resolución.

“Tenemos un fallo que ordena que me dejen ingresar, pero la empresa no lo cumple. Pedimos al tribunal que la intime nuevamente porque siguen negándose”, afirmó.

El conflicto se agravó luego de que se registraran episodios en la puerta de la planta, donde representantes legales de la empresa bloquearon su ingreso y mantuvieron reuniones con trabajadores para desacreditarlo. Gómez aseguró que en esos encuentros se lo calificó como “terrorista” y se intentó promover la elección de nuevos delegados, iniciativa que, indicó, fue rechazada por sus compañeros.

El dirigente sindical vinculó su despido y el de otros trabajadores con una estrategia dirigida contra la organización gremial interna. En ese sentido, señaló que en la planta donde se desempeñaba se registraron alrededor de 25 cesantías, que afectaron principalmente a empleados activos en reclamos laborales.

“No fueron despidos al azar, fueron contra el activismo. A los compañeros que reclamaban por sus derechos”, sostuvo.

Asimismo, denunció irregularidades en el pago de indemnizaciones. Según indicó, algunos trabajadores fueron despedidos bajo la promesa de cobros en cuotas que luego no se concretaron. “Hay compañeros que arreglaron y no cobraron ni la primera cuota”, afirmó.

El delegado también apuntó contra la actuación sindical y describió una falta de acompañamiento efectivo por parte de la conducción. “La CGT sacó alguna solicitada, pero no estuvo presente en el conflicto. El único acercamiento fue del sindicato de Comercio de San Martín, que nos pedía levantar las medidas y continuar por la vía legal”, explicó.

En paralelo, cuestionó el accionar de la empresa durante instancias administrativas previas, como la conciliación obligatoria y el procedimiento preventivo de crisis, que fueron incumplidos reiteradamente. “Despidieron en medio de la conciliación, fueron multados y aun así siguieron avanzando”, indicó.

El conflicto también incluyó la presencia de fuerzas federales en la puerta de la planta, un hecho que Gómez calificó como intimidatorio. “Nadie explica cómo llegó Gendarmería a un conflicto laboral en una empresa privada”, señaló.

En el plano político, el delegado vinculó la situación con el contexto económico y laboral actual. “El ajuste lo estamos pagando los trabajadores. Todo aumenta y cada vez es más difícil sostener el día a día”, expresó.

Además, advirtió sobre el impacto de las reformas en discusión en materia laboral y previsional. “Se está yendo hacia un modelo donde muchos no van a poder jubilarse. Es un plan de futuro que deja afuera a los trabajadores”, consideró.

Finalmente, Gómez describió un escenario de creciente precarización, donde muchos empleados deben recurrir a múltiples trabajos para sostener sus ingresos. “Hay compañeros que salen de la fábrica y hacen repartos, lavan autos o tienen otros trabajos para llegar a fin de mes”, concluyó.