Lungo i petiso

Por Horacio Verbitsky

En 1924, el extraordinario pintor Xul Solar firmó esta obra, que Silvia Canosa animó para esta edición de El Cohete. La recordé la última semana, cuando la Cámara de Diputados trató un Régimen Penal Juvenil para los petisos. Postula reducir de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad, es decir de responsabilidad penal. Y el Senado aprobó el proyecto de ley de Reforma Laboral, para los más lungos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo sostiene que la mayoría de los repartidores en aplicaciones como Rappi tienen entre 20 y 30 años. Tal como imaginó Xul Solar en el título de su obra, Despareja o lungo i petiso. El sistema político reserva a los jóvenes un trato distinto según les hable desde el régimen laboral o del penal. Para quien quiera distraerse un poco de este penoso presente, acompañado  por balas de goma en las piernas y distintos gases en la cara, porque el que hace una manifestación la paga, aquí pueden conocer la historia del cuadro. La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y el jefe de gabinete Manuel Adorni anunciaron que el gobierno denunció por terrorismo a los detenidos durante la protesta frente al Congreso, e hicieron referencia a la preparación y lanzamiento de bombas molotov. El 12 de marzo del año pasado, Patio Bullrich firmó la resolución administrativa 321/25, que extendió a las movilizaciones políticas o de protesta social el régimen de «restricción de concurrencia administrativa» a las canchas de fútbol, porque se había anunciado que ese día asistirían hinchas de distintos equipos a la marcha de los jubilados, invocando una frase de Maradona: «Hay que ser muy cagones para no defender a los jubilados».

La Cámara de Diputados había dado dictamen a la reforma laboral en diciembre y el gobierno quería tratarla en el Senado antes de que finalizara el año, para aprovechar el envión político de su buen desempeño electoral en octubre. También lo apuraban los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, del que necesitaba plazos más extensos y mejores condiciones para honrar los vencimientos de deuda. Pero advirtió que no tenía asegurados los votos para aprobarla y postergó su tratamiento para el 11 de febrero.

Esa reforma que en la negociación con los conversadores de la CGT el gobierno rebautizó sin la menor ironía como de modernización laboral, es la poda más drástica de derechos conseguidos por los trabajadores en un siglo. Afecta la misma definición de trabajo, su estabilidad, horario, vacaciones, indemnizaciones. Mientras los genios de la publicidad trastocaban el sentido de las palabras para que un latigazo pareciera una caricia, el ministro Luis Caputo decía lisa y llanamente la verdad: que el objetivo era facilitar los despidos.

Fue incluso más directo que el ex secretario de trabajo de Maurizio Macrì, Miguel Ángel Ponte, quien en 2017 dijo que «la posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace a su esencia, como comer y descomer». Ahora, Federico Sturzenegger argumentó que esos cambios sólo podrán realizarse de común acuerdo entre patrones y trabajadores. Esto presupone una igualdad de fuerzas, cuando el principio básico del derecho laboral es la protección ante la desigualdad, que hoy es mayor que nunca en casi todo el mundo. Camuflados como ya es costumbre, dos artículos derogan el Estatuto del Periodista y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto implica castigar la libertad de expresión y dejar sin financiamiento a la Defensoría del Público y a los institutos nacionales del cine, de la música, la casa del teatro y radio televisión argentina. Ayer un gran número de artistas plásticos se reunió frente a la casa donde Cristina cumple su prisión domiciliaria para pedir su libertad. Un anexo, injertado a presión en la ley, trasladó ahora todo el fuero laboral a la justicia de la Capital Federal, lo cual alborotó a la Asociación de Magistrados que por razones corporativas y de status no quieren renunciar a la equívoca denominación  de «jueces nacionales».

En diciembre la CGT rechazó el proyecto y convocó a una movilización, que fue pacífica pero no tan numerosa como otras anteriores, por el presupuesto universitario y la salud pública. Patio Bullrich, engolosinada con su rol durante el gobierno de Fernando De la Rúa (cuando redujo los ingresos de jubilados y de trabajadores estatales) y bajo la última presidencia de CFK (cuando organizó el Grupo Ahhhh!), consiguió que el texto laboral ingresara por el Senado, donde preside el bloque oficialista. Pero la reducción del impuesto a las ganancias para las empresas, del 30 al 27%, debió suprimirse ahora, porque los gobernadores no aceptaron esa baja en sus ingresos por coparticipación.

En 1924, mientras Xul Solar pintaba al lungo y al petiso, el Congreso sancionó la ley 11.317/24. Para los legisladores de entonces, los 14 años eran la edad por debajo de la cual los petisos no podían trabajar en fábricas y comercios. Antes de los 16, añadía aquella ley, su jornada laboral tendría un máximo de 6 horas diarias, y tampoco era admisible que trabajaran de noche.

El Presidente que promulgó esa ley era Marcelo Alvear, de la Unión Cívica Radical. Los pocos legisladores que le quedan a la UCR contribuyeron a que el desbaratamiento del derecho laboral obtuviera 42 votos en el Senado. Tres lustros más tarde de Alvear, el Presidente Juan D. Perón amplió vastamente el catálogo de derechos que se reconocían a los trabajadores, como repiten echando espuma por la boca Milei y sus principales ministros. Uno de los aspectos más notables es que los principales operadores de esta gestión libertaria provienen del peronismo:

• los primos Eduardo y Martín Menem, íntimos asesores de la Zarina.
• Patio Bullrich,
• Diego Santilli y
• Cristian Ritondo.

Dos problemas serios

El texto del Régimen Penal Juvenil que ahora irá al Senado es algo mejor que la legislación vigente, pero tiene dos problemas serios. Uno es que dentro y fuera del Congreso, la discusión se centra en la edad de punibilidad. Y lo que nadie quiere escuchar es que este es un problema menor: los delitos cometidos por menores de 16 años no pasan del 2%, y por los menores de 14, ni alcanzan el 1%. Centrar en ellos la discusión es una forma cobarde de confesar la incapacidad para enfrentar el problema de la seguridad. En cambio, la tasa de desempleo juvenil supera el 20% y triplica la tasa general. La comparación no puede ser más precisa, porque en el caso del empleo no hay estadísticas para la franja de 14 a 16 años. El problema mayor es que no hay previsiones presupuestarias que ayuden a salir de ese circuito cerrado. Cada una de las mil cosas más importantes que la edad cuestan dinero que el gobierno de los Hermanos Milei ni sueña con poner. De modo que quedará a cargo de las provincias, como ocurre desde siempre. En la Cámara de Diputados, el cordobés de Provincias Unidas Juan Fernando Brügge puso el acento en la falta de recursos para implementar el sistema. Provincias y municipios no cuentan con centros especializados, equipos técnicos interdisciplinarios, dispositivos de seguimiento, y tampoco hay presupuesto para los juzgados especializados, los defensores, los equipos psicosociales y los programas de reinserción, que diseña con bella caligrafía la ley. Sin financiamiento específico, podría convertirse en letra muerta o generar desigualdad entre jurisdicciones, agregó. Puso un ejemplo que torna irrelevante cualquier otra discusión:

• el monto asignado en el presupuesto nacional para poner en marcha la Ley Penal Juvenil en todo el país es de 23.700 millones de pesos para este año.
• En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora licitó la construcción del complejo penitenciario Papa Francisco cuyo costo ronda los 18.000 millones de pesos.

En ambas cámaras, nadie sabía con exactitud qué se estaba por votar, porque con las sesiones ya iniciadas, seguían agregándose, quitándose y modificándose artículos para conseguir los votos que faltaban o para favorecer a algún sector. Esto dio lugar a confusiones que en otro contexto hubieran movido a risa. La senadora Anabel Fernández Sagasti dedicó un par de minutos a cuestionar la poda al régimen de licencias por enfermedad o accidente, reducidas al 50 o el 75% según los casos..

—Pero ese artículo se suprimió de la ley— replicó con una sonrisa sarcástica Carolina Losada.

—Lo que vale es la intención— replicó Fernández Sagasti.

Sin embargo, la reducción de tiempo y monto de esas licencias sí está en la sanción votada. No sólo no se suprimió, sino que se agregó a último momento. Ayer fue el día de la pesquisa para averiguar de dónde había salido. Muchos dedos apuntaron en distintas direcciones, hasta que Patio Bullrich confesó que fue ella. Pero como de costumbre, dijo que no se había entendido que no iba contra los trabajadores sino contra las mafias. Por supuesto el texto de la ley no menciona a ese comodín al que el gobierno recurre para justificar cualquier cosa. Mañana a las 11 se reunirá por zoom  el Consejo Directivo de la CGT, y ha dejado trascender que el miércoles,  podría realizar cuando la ley se trate en la Cámara de Diputados, el paro general que se le reclama.   Hasta Ritondo anunció que los PROcaces que conduce tratarán de eliminar ese artículo, que beneficia a los bancos en detrimento de los trabajadores.  Pero el malestar interno es por la introducción subrepticia de ese artículo, sin previo aviso. Si no quedaran demasiado en evidencia, dirían en voz más alta que fue una traición.

Lo que se hereda no se roba

El cuestionamiento más minucioso a la reforma laboral provino del senador Mariano Recalde, un abogado laboralista como su padre, el ex legislador Héctor Pedro Recalde. A partir de 1984, Héctor fue consiguiendo la restitución de cada uno de los derechos suprimidos durante la dictadura, muchos de los cuales vuelven a ser abrogados ahora en el proyecto que objetó su hijo. En 2007, los empresarios de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios, Carlos Guido y Spano y Santiago Lynch, le ofrecieron a Héctor Recalde 20 millones de dólares si en vez de eliminar el pago de parte del salario con Tickets-canasta, lo extendía a todos los trabajadores. Era la forma de bajar el costo laboral creada en 1989 por un decreto de Carlos Menem y Jorge Triacca. Recalde delegó la negociación en Mariano, que hizo la denuncia judicial. Cuando se reunió con los coimeros filmó la oferta con una cámara oculta. Guido y Spano fue condenado a 3 años de prisión, y Lynch sobreseido porque hizo la Gran Pepín: se escapó y recién reapareció pasados los tres años de la prescripción para ese delito.

Mientras transcurría el debate del miércoles pasado, La Derecha Diario publicó una foto de Recalde, atribuyéndole haber dicho que no leyó la ley. Ese posteo fue replicado por el Presidente Milei, con el comentario «Esto es el kirchnerismo». Recalde no tardó en responderle al jefe de Estado.

No miran al futuro. Miran al pasado

Recalde explicó que el texto oficial es un reciclaje de las flexibilizaciones laborales aplicadas en la dictadura, en los ’90, en los gobiernos de De la Rúa y Macri, y más recientemente con la Ley Bases. Siempre prometieron crear empleo. Siempre dejaron desempleo y precarización. No hay nada moderno en:

• Aumentar la jornada laboral cuando el mundo discute reducirla.
• No proteger a los trabajadores de plataformas, uno de los sectores que más crece. El proyecto oficial niega de todas las maneras posibles que el trabajador pueda invocar una relación de dependencia.
• Mantener la licencia por paternidad en apenas 2 días.
• Derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer normas antiguas, incluso artículos de hace casi un siglo.

También sostuvo que no crea trabajo una ley, sino las políticas económicas. Y las de este gobierno están destruyendo puestos de trabajo todos los días. Los períodos de mayor creación de empleo fueron con plenos derechos laborales. Entre 2003 y 2015, con salarios altos, trabajadores protegidos y hasta doble indemnización, se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Cada vez que se recortaron derechos, pasó lo contrario:

• En los ’90, con flexibilización laboral, el desempleo pasó del 6% al 18%.
• Con la reforma laboral de la Ley Bases, lejos de crear empleo, se perdieron 250.000 puestos registrados y cerraron 19.000 pymes.

Si no cambia el modelo económico, el empleo no va a crecer. Como el modelo económico es un fracaso y las empresas van a seguir perdiendo, lo único que pueden ofrecerles es despedir barato. Por eso

• Se reducen las indemnizaciones.
• Se extienden períodos de prueba en sectores vulnerables: casas particulares y trabajo agrario.
• Y lo más escandaloso, se crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que el despido sea directamente sin costo. Se financia quitando 3% de los aportes que hoy van a la ANSES.
• Con ese dinero se arma un fondo millonario, administrado por el sistema financiero, que reemplaza la indemnización y permite que las empresas despidan sin costo.

Es decir que los jubilados van a pagar los despidos de las grandes empresas. Esto implicaría un costo de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales.

El Banco de Horas que crea la ley permitirá al empleador exigir jornadas de hasta 12 horas, disponiendo del tiempo del trabajador según sus necesidades: hoy trabajás 10 horas, mañana 4. Así se pierde el pago de horas extra y la previsibilidad horaria y se restringe el derecho al descanso. La creatividad patronal también crea «salarios dinámicos», es decir flexibles a voluntad del patrón. Como todo se hace en nombre de la libertad, así como se bajan también se pueden subir. En un contexto donde el gobierno pisa paritarias, promueve salarios bajos como política económica y reconoce abiertamente que necesita sueldos deprimidos, está claro que esta herramienta no será para subir salarios sino para seguir bajándolos.

Desequilibrados

El derecho del trabajo nació para equiparar la desigualdad entre el empleador y el empleado, pero esta reforma la profundiza, contrariando principios constitucionales.

• Aumenta el poder del empleador en la relación laboral:
  Se eliminan limitaciones y requisitos para cambiar el horario, las condiciones de trabajo y otorgar vacaciones; se refuerza el temor a ser despedido y se atenúa la irrenunciabilidad de derechos, pilar del derecho del trabajo.
• Debilita la negociación colectiva: Promueve la negociación de ámbito menor donde el trabajador es más débil y habilita expresamente la validez de negociaciones menos favorables que la del convenio general.
• Debilita el mecanismo que contrarresta el poder empresarial: la acción sindical. Se restringe el derecho a huelga, se limitan las asambleas, se desprotege a los delegados y se desfinancia a los sindicatos, dejando al trabajador más solo y más expuesto al despido arbitrario y a los incumplimientos del empleador.
• Promueve la evasión y el fraude y dificulta el acceso a la justicia a los trabajadores precarizados y a quienes no les respetaron sus derechos.
• Altera las presunciones: se prioriza lo que figura en los papeles, aunque esos registros no reflejen la relación de trabajo real. Favorece el fraude y la evasión laboral.​​
• Elimina el principio que establece que ante duda en la ley o la prueba, los jueces deben optar por la interpretación más favorable al trabajador
• Fija obstáculos procesales y probatorios que dificultan el acceso a la justicia y el reconocimiento judicial de la relación de trabajo, dando mayor lugar a estrategias dilatorias del empleador.
• Promueve la subcontratación y tercerización, desligando de responsabilidades a la empresa principal y considerando empleadora solo a la empresa que registra el contrato, aun cuando actúe como simple intermediaria. Vuelve a dejar a los trabajadores sin posibilidad de reclamar cuando les adeuden salarios o indemnizaciones.

Las propuestas

Recalde también avanza algunas propuestas del peronismo para una reforma laboral moderna. La prioridad es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Esto implica un incremento del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que deberá ejecutar el gobierno nacional. Las paritarias serían libres, sin cepo ni techos y los salarios abonados íntegramente en dinero.

También se reduciría la jornada laboral, la misma propuesta de Lula que está tratando ahora el Congreso de Brasil. Recalde acuña el termino de Soberanía del Tiempo, para conciliar la vida laboral, familiar y personal con más tiempo libre para el trabajador. La reducción sería paulatina hasta llegar a 6 horas por día y los detalles de implementación se resolverían en la negociación colectiva. Un capítulo importante es el de los servicios de plataformas digitales. Un ámbito de negociación colectiva establecería como piso el salario mínimo, seguridad social, licencias y protección contra el despido. El trabajador tendría derecho a conectarse y desconectarse libremente, respetando descansos legales obligatorios. La plataforma estaría obligada a informar cómo se asignan los pedidos, se evalúan las tareas, se pagan las comisiones y se aplican las sanciones, y debería atender al trabajador a través de una persona humana, para evitar bloqueos arbitrarios y resolver conflictos. La plataforma estaría obligada a capacitar al trabajador, proveerle elementos de seguridad, darle cobertura ante accidentes y enfermedades laborales, poseer estaciones sanitarias y de carga de energía. Debería reconocer al trabajador derecho al descanso, a vacaciones y a sindicalizarse, con posibilidad de afiliación desde la propia plataforma.

Recalde retoma el proyecto de participación en las ganancias de las empresas por el que batalló su padre durante años, introducido en el artículo 14 de la Constitución en 1957 por la dictadura que derrocó a Perón. Un verdadero salario dinámico es aquel que crece cuando crecen la producción y las ganancias de las empresas, afirma ahora el hijo. El pago sería anual, conforme a la ganancia obtenida por la empresa. Quedarían eximidas las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Con ostensible prudencia, omitió recordar que ese artículo, luego de asegurar la participación del trabajador en las ganancias de las empresas, añade «con control de la producción y colaboración en la dirección». Ese artículo, incorporado a la Constitución como 14 bis, fue el único que pudo incluir la Convención Reformadora, antes de quedar sin quórum. Típico del blablablismo politiquero, consagró en el papel todos los derechos que los gobernantes militares habían derogado por la fuerza. Y como se ve, siete décadas después siguen siendo una expresión de deseos por los que es necesario luchar.

La propuesta de Recalde también contempla la desconexión digital, que garantizaría el derecho a no contestar comunicaciones fuera de la jornada laboral y obligaría al patrón a compensar sus llamadas en tiempo y dinero. Además se aproximarían las licencias parentales y de cuidado. La licencia por paternidad sería de 90 días y por maternidad y adopción, de 120. Monotributistas y autónomos tendrían las mismas licencias con carácter de seguridad social.

Mientras el gobierno quiere liquidar los convenios colectivos de trabajo por actividad, la propuesta peronista permitiría la delegación en los convenios por empresa de materias incluidas o no tratadas por el convenio de ámbito mayor, otras propias de la organización de la empresa y condiciones más favorables al trabajador. Por último, propone la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, de trabajadores y patrones, para mejorar la salud física y mental de los trabajadores, como los que ya funcionan con buenos resultados en Santa Fe y Buenos Aires.

Siempre más

La tensión interna a la que hicimos referencia la semana pasada por los datos de inflación se tornó más transparente la última semana, cuando la Capital Federal comunicó un índice de 3,1% para enero, y el INDEC de 2,9% para todo el país. Con excepción de marzo de 2025, cuando fue del 3,7%, ésta es la más alta de los últimos doce meses, y además viene en sostenido ascenso desde mayo, en contra de las afirmaciones del Presidente y del ministro. El dato de inflación y la cotización del dólar son fundamentales para la aprobación o el rechazo a la política oficial. La columnista del Cohete Julia Strada, junto con otros diputados como ella de Unión por la Patria, presentaron una denuncia penal contra Luis Caputo, que podés leer aquí.

La reversión del proceso de desinflación del que se jactaba Milei, viene acompañado por un crecimiento de la importancia que en todos los sondeos se asigna a la corrupción, cuando comienza el temido tercer año. El juez Sebastián Casanello procesó al ex abogado y amigo presidencial Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Dijo que la Agencia Nacional de Discapacidad que presidía Spagnuolo fue el eje de un esquema de corrupción institucional, como instrumento para negocios privados ilícitos y sobreprecios en medicamentos de alto costo. Y lo más importante, con «posibles niveles de complicidad» aún por investigar. Con la velocidad del rayo, la Cámara Federal ordenó al juez que investigue el origen y la legitimidad de los audios en los que Spagnuolo dice que el 3% de ese esquema corrupto iba para la Zarina, que se toma muy en serio la jefatura sobre el hermano. Oh casualidad, al mismísimo tiempo, Casanello pidió ser relevado de esa causa, porque llevaba un año subrogando ese juzgado federal n° 11, cuyo titular fue el Doctor Glock. Por sorteo quedó a cargo de Ariel Lijo, el candidato de Milei a la Corte Suprema de Justicia que rechazó el Senado.

Este episodio apuró la eyección de otro amigo presidencial de un cargo relevante: Demián Reidel, quien presidía Nucleoeléctrica Argentina S.A. (la empresa estatal que administra y opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse). Fuentes oficiales dicen que su alejamiento fue por iniciativa de la Zarina, ante la sucesión de denuncias por sobrecostos en los servicios tercerizados de limpieza. Antes había sido jefe de asesores de Milei, quien lo presentó como un genio. En junio de 2024, tras recibir un premio de un grupo liberal en Praga, Milei dijo que junto con Reidel «estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demián» (sic). En marzo de 2025, durante una exposición ante empresarios e inversores internacionales, Reidel encomió las ventajas del país para instalar proyectos tecnológicos, pero agregó que esas áreas estaban «pobladas por argentinos».

Para terminar una entrevista con Leonardo Favio, quien cuenta cómo eran tratadas las infancias (según se dice ahora) durante la presidencia de Perón y Roberto Petinatto tenía a su cargo el Servicio Penitenciario. Y su primera película, Crónica de un niño solo, con algunas de las cosas que pasaban antes y después.