La trampa en la reforma laboral: una reforma tributaria encubierta

La periodista especializada en economía, Majo Castells, analizó en su columna habitual en Caballero de Día los efectos del presupuesto 2026 y la llamada “ley de modernización laboral” sobre las finanzas públicas y el poder adquisitivo de los argentinos.

Castells advirtió que la aprobación del presupuesto consolidará un ajuste que, según la especialista, ya se había aplicado en 2024 pero aún no había sido legalmente formalizado. “Aunque hay un aumento del 6% en algunas partidas, la caída real en áreas como educación será del 45% respecto de 2023, considerando una inflación proyectada del 10%”, señaló.

La economista cuestionó además la presentación del superávit fiscal del 1,2% y el equilibrio financiero del presupuesto, calificándolos de “tramposos” por maniobras contables que disminuyen el costo real de la deuda. “Esto deteriora la capacidad del Estado: los gastos sobre el PIB pasarán del 20% en 2015 al 12,9% en 2026, afectando infraestructura, salud, educación y discapacidad”, indicó.

Castells vinculó estos recortes con la ley de modernización laboral en debate en el Senado, que definió como “una trampa” que funcionaría como una reforma tributaria encubierta. Según la especialista, la normativa implicaría una caída en la recaudación anual de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, incluyendo reducciones del IVA y cambios en fondos de asistencia laboral que trasladarían costos de despidos a los jubilados.

“Este presupuesto y la ley de flexibilización laboral legalizan un ajuste que golpea de manera severa a la Argentina y debilitan la capacidad del país de acumular dólares genuinos, comprometiendo el pago de la deuda y el equilibrio comercial”, concluyó Castells, alertando sobre las consecuencias económicas y sociales de estas medidas.