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Horacio Verbitsky: Las Fuerzas Armadas alzan la voz – El Cohete a la Luna

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Juan Martín Paleo reclamó al Presidente Javier Milei el traspaso de la inteligencia, que está a cargo del Ministerio de Defensa, a su Comando, al Operacional y a los de cada fuerza,

También sostuvo que el presupuesto militar debe ser del 2% del Producto Interno Bruto, cuando todas las actividades estatales están sufriendo un drástico ajuste, y anunció que las tropas rendirán homenaje a sus muertos, aunque hayan participado en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. El general Paleo egresó del Colegio Militar en noviembre de 1983, entre la elección de Raúl Alfonsín como presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y su asunción del mando. Esto indica la transmisión intergeneracional de la cultura castrense imperante en el medio siglo en que la Argentina tuvo más gobiernos elegidos por las botas que por los votos.

Las tajantes definiciones de Paleo, que se internan en materias reservadas a la conducción política de la defensa, fueron contenidas en un documento que dice haber preparado para las nuevas autoridades pero que publicó en el portal Infoemba antes de que asumiera el nuevo ministro de Defensa, Luis Petri. Allí hace un balance positivo de su gestión de casi cuatro años en el Estado Mayor Conjunto y le suma propuestas y exigencias para el futuro. No se conoce hasta ahora la reacción del ministro Petri ni del Presidente Milei.

General Juan Mac Paleo: la invasión a Venezuela.

Camine cucha

Lo más probable es que Paleo sea enviado a su casa, cosa que no hicieron los ex ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana cuando El Cohete descubrió su secreto mejor guardado: entre enero y abril de 2019, Paleo dirigió el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. Por entonces comandaba la fuerza de despliegue rápido del Ejército. El gobierno ordenó una investigación, de la que apartó a Paleo. Pero se la encomendó a otro participante en el ejercicio, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Pereda, quien en 2019 conducía la brigada de paracaidistas de Córdoba. A pesar de los reclamos de Venezuela, no hubo sanciones para Paleo, quien se escudó en las órdenes recibidas de la conducción política, que entonces ejercían Maurizio Macrì y el ministro Oscar Aguad, y del predecesor de Paleo en el Estado Mayor Conjunto, general Bari Sosa, cuya madre Eusebia Jerez fue candidata a la vicegobernación de Tucumán por el partido del ex dictador Domingo Antonio Bussi.

En el ejercicio Puma conducido por el general Paleo, Sudamérica es denominada Patagonia del Sur. Venezuela es Vulcano y sus autoridades enfrentadas son NM y JG, las iniciales de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Pero cuando se describe el operativo, el mapa es el de la República Bolivariana de Venezuela y se mantienen los nombres de sus principales ciudades. En este TEG paleolítico Colombia es Ceres; las dos Guayanas y Surinam son Tellus; Brasil es Febo; Perú y Ecuador son Fauno; Chile es Juno; la Argentina es Ares, el Uruguay es Baco, Paraguay y Bolivia desaparecen.

A las autoridades del ministerio de Defensa que desde diciembre de 2019 conducía Agustín Rossi, Paleo les dijo que se trató de planificar la seguridad de la reunión del G-20 en Buenos Aires. Esa versión no se sostiene: el G-20 sesionó el 30 de noviembre y el 1° de diciembre de 2018, y el Puma se realizó entre abril y julio de 2019.

Luego de la publicación del Cohete, Paleo dijo que el ejercicio era de ayuda humanitaria. La asistencia humanitaria y la defensa de los derechos humanos son las excusas habituales de Estados Unidos para sus intervenciones y las de sus aliados en cualquier lugar del mundo. En la planificación del Puma, la fuerza de despliegue rápido forma parte de una fuerza multinacional, creada por una resolución figurada de las Naciones Unidas (que nunca ocurrió en la realidad).

Varios medios de Chile destacaron que el ex Presidente Sebastián Piñera, junto con Macrì, el brasileño Jair Bolsonaro y el colombiano Iván Duque desconocieron la legitimidad del Presidente Maduro y tuvieron como máxima autoridad de Venezuela a Guaidó, quien se autoproclamó como Presidente encargado. El 23 de febrero de 2019, Piñera y Duque acompañaron a Guaidó en el intento de producir un alzamiento popular, mediante el envío de una caravana de camiones con ayuda médica y alimenticia, que ingresó por Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, la misma elegida en el ejercicio Puma para la invasión a Venezuela. Una semana después, Guaidó fue recibido en Buenos Aires por Macrì. La primera sesión conducida por Paleo se realizó el 15 de abril de 2019. El 30, Guaidó encabezó un alzamiento militar denominado Operación Libertad.

Paleo describió así la situación:

  • “Actores extra-regionales han buscado incrementar su influencia en los países emergentes de Patagonia del Sur, cuyas reservas naturales estratégicas los colocan en el centro de sus intereses”.
  • “Se ha acelerado la crisis y la desestabilización desde el punto de vista político en algunos países del subcontinente. Esto degeneró en pujas internas partidarias, surgimiento de movimientos armados, incremento de la presencia del crimen organizado y narco-terrorismo con influencia comprobada de terceros países”.
  • “La situación interna de Vulcano se enmarca en una falta de entidad representativa de su doble gobierno (NM y JG) y en una crisis humanitaria sin precedentes”.
  • “El gobierno ha recurrido al empleo de grupos paramilitares para mantener el control sobre la población”.
  • “Los grupos paramilitares llevan a cabo tácticas de desinformación, propaganda y manipulación de los suministros energéticos, alimenticios y de medicamentos”.
  • “Febo y Ares este año son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
  • “Además, el continente tiene una organización regional de los estados de Patagonia del Sur (OREPAS) para lucha contra problemas compartidos: pobreza, desarrollo económico y protección civil”.
  • “Existen países con problemas limítrofes con Vulcano, como es el caso de Tellus y Ceres. Estos estados son apoyados por potencias extra-regionales opuestas. Lo que limita al MERCOPAS (sic) y la ONU generar posibilidades de apoyo humanitario a Vulcano”.
  • “Los fallidos intentos de soluciones diplomáticas de los organismos regionales e internacionales y la falta de garantía de los derechos humanos en Vulcano, llevó a que la ONU emita la resolución N° 1918/19 (MINUSVU) de intervención con una fuerza multinacional provisional de estabilización”.
  • “El Presidente de Ares, con la autorización del Congreso Nacional, decidió responder al pedido de la ONU (decreto N° 2005/19- Tropas para participar de MINUSVU) para la integración de una fuerza multinacional provisional juntamente con otros países de Patagonia Sur (Febo y Juno), con la firme determinación de afianzar la soberanía e integridad de Vulcano, detener todas las violaciones a los derechos humanos y colaborar con un amplio consenso político para lograr una transición del gobierno segura y duradera”.
El dispositivo de Paleo.

Además del ejercicio de invasión a Vulcano, el 23 de abril de 2019 el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas circuló un Informe de Inteligencia 16, sobre Venezuela y el “Factor Militar Extraregional”.

Decía que desde el primer gobierno de Hugo Chávez, Venezuela estableció fuertes relaciones con Cuba, inclusive militares. A partir de 2001 ha desarrollado alianzas económicas y militares con Rusia y China, que contrarrestan el predominio de Estados Unidos. Desde 2005 se fortalecieron los lazos con Irán.

El 17 de mayo de 2019, el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, encomendó a su director legal y técnico que protestara ante el Ministerio de Defensa. Según Arribas, ese informe fue realizado por “un órgano que no pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional SIN y por lo tanto incompetente, contrariando normas federales vigentes”. Las Fuerzas Armadas no tienen permitido realizar

  • inteligencia estratégica nacional (que corresponde a organismos del Poder Ejecutivo),
  • inteligencia estratégica militar, asignada al Ministerio de Defensa, ni
  • inteligencia criminal, propia del Ministerio de Seguridad.
  • “El Estado Mayor Conjunto pretendería establecer un sistema de Inteligencia al margen de la ley, sin conducción legalmente instituida ni régimen de control legítimo”. El acto es inconstitucional.

El reclamo de la AFI de Arribas.

Esto significa que ya hace cuatro años, las Fuerzas Armadas avanzaban de hecho sobre competencias de la conducción política de la Defensa, que ahora Paleo reclama en forma abierta para los militares.

Defensa y Seguridad

La proclama de Paleo en Infoemba nada dice sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a asumir funciones represivas. Incluso, señala que la intervención castrense durante la pandemia se produjo en una situación de emergencia, pero que esa respuesta inmediata no puede prolongarse más allá de un periodo acotado en el tiempo. Las fuerzas militares “no pueden asumir en forma permanente funciones y responsabilidades propias de los gobiernos”. El empleo de militares en seguridad interior fue planteado durante la presidencia de Macrì, pero a pesar del dictado de un decreto en ese sentido, no se cumplió.

Esto ocurre al mismo tiempo que la ministra de Seguridad, Patio Bullrich, emite un denominado Protocolo Antipiquetes, en el que confunde la prevención policial contra el delito con la prohibición y represión de la protesta social, que se prevé contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Milei y por su ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El mayor acto de magia de Caputo fue ocultar que casi la mitad del abominado déficit que Milei denuncia como causa de todos los males, se debe a la deuda pública contraída en la primera aparición del ministro. Con los Bonos para la Recuperación de una Argentina Libre (BOPREAL, sic), Caputo y su socio desde el Banco Central intentan superarse a sí mismos.  Como si Duhalde hubiera enloquecido, el mensaje es: “El que puso pesos, recibirá dólares”.

Bullrich se propone movilizar a las cuatro fuerzas federales de Seguridad (Policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional), más el Servicio Penitenciario Federal, de modo de impedir el corte total o parcial de calles o rutas, aun cuando se aseguren vías alternativas. También intenta impedir que los piqueteros ingresen a la Capital, para lo cual no tiene atribuciones, y sancionar a quienes participen en una movilización con sus hijos o transporten a los manifestantes en sus vehículos. Las redes sociales se inundaron con imágenes de las movilizaciones en que Bullrich interrumpió el tránsito en calles y rutas, durante el gobierno que acaba de terminar, a caballo, a pie, en tractor. ¿Viva la Libertad? ¿De qué, y para quién?

Tal como ocurrió durante su gestión bajo la presidencia de Macrì, Bullrich parece desconocer que lo que intenta es atribución de las policías locales, ya sea en la Ciudad o en la Provincia de Buenos Aires. En aquella ocasión chocó con el jefe de gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta, y nunca pudo aplicar el protocolo que anunció a poco de asumir, lo mismo que ahora. Esta vez deberá entenderse con Jorge Macrì y su ministro de Seguridad Waldo Wolff, con quien lo une una estrecha relación. Juntos han viajado a Israel y participado en la adquisición de tecnología de seguridad e inteligencia.

Pero la ignorancia de Bullrich sobre la normativa vigente podría prevalecer incluso sobre esos vínculos. Un ejemplo patente fue su anuncio de que el Servicio Penitenciario escucharía y grabaría las conversaciones de las personas privadas de su libertad, algo prohibido por la Constitución y las leyes. Lo mismo ocurre con la identificación de manifestantes y organizaciones, cuyos datos compilará el ministerio. Sin idealizar a los tribunales, es imaginable que buena parte de esas medidas sean controvertidas en sus estrados. La Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas condenaron la resolución de Bullrich por los poderes desmedidos que otorga a las fuerzas y los derechos fundamentales de las personas y de las organizaciones sindicales que socava. “Bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar el impedimento al tránsito, el gobierno argentino busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas”, en lo que constituye “un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales”. También expresan su solidaridad y apoyo a las centrales afiliadas, tanto la CGT como la CTA.

El viernes, el CELS cuestionó el protocolo ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque convierte un derecho en un delito. Bullrich también derogó la Resolución 21o dictada en 2011 por Nilda Garré, que proscribía el uso de armas letales, que ahora se propicia. Aquí y aquí podés leer las presentaciones, que solicitan que los organismos internacionales hagan conocer su preocupación y exijan información detallada al gobierno. Ayer, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule, sostuvo en las redes antisociales que estaba recibiendo “informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”.

Desde la presidencia de Emilio Mignone hace largas cuatro décadas, el CELS recurrió a las organizaciones internacionales para denunciar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Luego de su finalización, esa práctica se extendió a otro tipo de atropellos, con el objeto de construir una democracia sólida, basada en el respeto de los derechos de personas y organizaciones. La protesta social ha sido uno de sus campos principales de actuación. Las presentaciones a la ONU y la CIDH citan una serie de resoluciones de esos organismos, varias de ellas obtenidas en respuesta a presentaciones previas del CELS, que tiene un sólido liderazgo internacional en la materia y una extensa red de alianzas en todo el mundo.

Una consciencia generalizada en las filas castrenses es que las tareas policiales requerirían la modificación de las tres leyes que lo prohíben, dictadas durante tres gobiernos distintos: la de Defensa Nacional, promulgada sobre la finalización de su mandato por Alfonsín; la de Seguridad Interior, que Carlos Menem firmó en 1992, y la de Inteligencia Nacional, dictada en 2001 cuando el Poder Ejecutivo era Fernando De la Rúa. En los tres casos, esos textos que separan en forma nítida la Defensa Nacional de la Seguridad Interior, fueron la expresión de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, que también se puso a prueba durante el breve interinato del Senador Eduardo Duhalde en la jefatura de Estado. Su ministro Horacio Jaunarena, el ex ministro menemista Roberto Dromi y el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, proponían como modelo una pirámide verde-azul, que incluyera desde la Aduana hasta las Fuerzas Armadas para prevenir delitos y ejercer el control social. Pero el ministro de Seguridad Juan José Álvarez puso su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo si aprobaba esa reforma, y el 6 de junio de 2002 Duhalde retrocedió. Tres semanas después fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y el ex alcalde de Lomas acortó el mandato que le había encomendado la Asamblea Legislativa.

Villarruel, Inteligencia y presupuesto

La flamante Vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un militar nacionalista que fue el segundo de Aldo Rico en una Compañía de Comandos durante la guerra de las Malvinas, ha señalado que los militares no desean intervenir en esas cuestiones, porque luego se les piden cuentas y lo pagan con la cárcel. Si alguna situación extrema lo hiciera necesario (cosa que no ocurre en la actualidad), antes sería preciso modificar esas tres leyes. Además Milei le ha hecho saber que rescatar de la cárcel (o del arresto domiciliario) al millar de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que ya han sido condenados, no forma parte de las urgencias del momento y que intentarlo ahora sólo expondría la debilidad de los bloques legislativos libertarios. Los senadores electos por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Elena Gadano, dijeron en la comisión de labor parlamentaria que los salientes, Eduardo Costa y María Belén Tapia, se negaban a entregarles sus despachos si no les garantizaban empleo para sus asesores. Si Villarruel no se hacía cargo del reclamo, ellos no bajarían al recinto.

Villarruel se hizo cargo, y así se reconstruyó el Grupo Ahhh, que durante el anterior gobierno de Cristina presidió Bullrich, que durante todo el año 2010 le negó el agua y la sal al gobierno kirchnerista. Pero una cosa es el amuchamiento de radicales, procaces, partidos provinciales y peronistas federales que consiguió Villarruel para soslayar al peronismo en la distribución de cargos en el Senado, y otra liberar a criminales de lesa humanidad, liquidar YPF o condenar a la inanición a millones de jubilados. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, fue ministro de Alberto Rodríguez Sáa en San Luis. Luego pasó al PRO, donde aspiraba a la candidatura a gobernador, que obtuvo Claudio Poggi. Decepcionado, Abdala saltó a La Libertad Avanza. Es claramente un hombre de la política y no un outsider, como el desplazado Francisco Paoltroni, un ganadero formoseño cuya candidatura erizó al gobernador Gildo Insfrán y a su senador José Mayans, quien acordó el cambio de candidato con Villarruel. Cristina dijo desde el primer momento que los cargos principales le correspondían al partido que obtuvo la presidencia. Reinstalada en el Instituto Patria, comentó con sus colaboradores que acomodaban vírgenes, cuadros y libros, su diálogo del domingo pasado con Milei en el Congreso.

Usted póngase a mi izquierda— le indicó.

—A su izquierda va a ser difícil— respondió el Presidente entre risas.

No crea. Usted tiene prejuicios. Ya verá cómo se le pasan en cuanto se siente en el sillón de Rivadavia.

El Presidente también se confesó con su predecesor. Le preguntó al doctor Fernández si en Olivos podría disponer de una habitación para cada uno de sus perros, ya que durante la pandemia perdieron el espíritu de manada y se atacan con tanta ferocidad como los legisladores libertarios y liberales. En una ocasión, el ahora Presidente intentó separarlos y lo mordieron.

Paleo reconoce que el sistema de inteligencia estratégico militar y operacional cumple con la ley vigente, pero pretende su modificación, ya que “prohíbe expresamente al Estado Mayor Conjunto producir la inteligencia necesaria para conducir las operaciones a estos niveles dificultando el acceso al principal insumo que orienta un planeamiento y la conducción de las operaciones: la información”. Como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) es un organismo perteneciente al nivel Político de la Defensa, dependiente del Ministro de Defensa, cree que “no debería tener la responsabilidad de producir Inteligencia en apoyo al nivel Estratégico Militar”. Con una vaga alusión a lo que ocurre “prácticamente en la totalidad de las Fuerzas Armadas del Mundo”, estima que la Inteligencia Estratégica Militar debería asignarse al Estado Mayor Conjunto y la Inteligencia Operacional, al Comando Operacional. Dentro de su esquema, el Nivel Político correspondería al Ministerio de Defensa y el Táctico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A su juicio “la legalidad vigente” sería disfuncional.

Mayúsculas castrenses

En el apartado político “Reconocimiento a los caídos en cumplimiento del deber”, Paleo anuncia con mayúsculas castrenses que las Fuerzas Armadas “reconocerán a TODOS los caídos en el cumplimiento del deber y a sus deudos, desde las invasiones inglesas hasta la actualidad”. Afirma que al recordarlos, para “ejemplo de las generaciones futuras”, no reivindican ni juzgan “decisiones políticas”, ya que “no es posible consentir que sean reconocidos o recordados según las conveniencias partidarias de un momento político”. Es ostensible que no juzga las decisiones políticas de las Juntas Militares que hicieron gemir al país entre 1976 y 1983, pero sí desdeña el consenso democrático resumido en la consigna “Nunca Más” y en los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad iniciados en 1984 y que luego de largas interrupciones continúan hasta hoy.

La cronología iniciada en las invasiones inglesas insiste en la jactancia de considerar al Ejército como partero de la Patria. Pero además establece una inadmisible continuidad entre los libertadores San Martín y Belgrano y las bandas de delincuentes en que Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Graffigna y Galtieri convirtieron a las Fuerzas Armadas. Francia indultó al viejo y enfermo mariscal Philippe Pétain, quien durante la ocupación alemana condujo un gobierno colaboracionista, pero nunca lo reivindicó, pese a que era considerado como un héroe de la Primera Guerra Mundial. Y a nadie se le ocurriría reconocer en Alemania a Hermann Goering, el militar de más alta graduación que acompañó al cabo Adolf Hitler en su parábola criminal.

Los miles de Milei

En su primer mensaje presidencial, Milei hizo un cálculo estrambótico para concluir que recibía una hiperinflación implantada del 15.000%. Esta semana dijo que el IPC corría a razón de 1% diario o 3.600%. Contra todas las promesas electorales, casi la mitad de la reducción del déficit fiscal no provendrá de la eliminación de impuestos, sino de su incremento, como

  • el 15% de las retenciones para todas las exportaciones agropecuarias e industriales, salvo la soja que seguirá pagando el doble;
  • el incremento al 17,5% del impuesto país para la importación de bienes o servicios,  o
  • la reimposición del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, y
  • el cobro del IVA sobre las compras de los sectores pobres y medios.

La quita de subsidios al transporte no llevará el viaje en bondi a los 700 pesos que anunció la campaña del miedo, sino tal vez a 800. El aumento de los combustibles (100% en el último mes) se propagará por toda la economía.

Con independencia de la imprecisión de las cifras que lanza un gobierno sin pudor para contradecirse, lo que está fuera de discusión es que todas las medidas anunciadas hasta hoy tienen a alimentar la hoguera inflacionaria. Esto tiene dos explicaciones posibles, que no son excluyentes:

  1. disciplinar mediante la hiperinflación a todas las categorías de trabajadores para que se resignen a lo que venga, e
  2. Insistir lo antes posible con la prometida dolarización.

Ante la corrida cambiaria luego de las PASO, el propio Milei dijo que cuánto más alto esté el dólar, más fácil será el canje de todos los pesos por dólares. Paolo Rocca es el único hombre que no puede disimular su felicidad. Esta semana, entre sus balbuceos ante la mesa examinadora del Grupo Clarín, Caputo dijo que la dolarización sigue estando en la hoja de ruta del gobierno.

La devaluación anunciada por Caputo es la tercera más grande en un solo día, sólo por detrás de las dos de Alfonsín en 1989, pero por delante incluso de la más célebre, el Rodrigazo de 1975. Hasta las dictaduras de los generales Alejandro Lanusse, Benito Bignone y Jorge Videla quedan relegadas en esta lista de horrores económicos compilada por la CELAG.

El democristiano Carlos Leyba, viceministro de Gelbard en 1973, vaticinó que esta vez lo principal no será el “déme dos” financiado por Martínez de Hoz y Cavallo con deuda externa, sino un nuevo “deme dos”:

—¿Una docena de huevos?

—No, sólo deme dos.

Ese día, cree Leyba, “habremos parado la escalada de precios, pero también, profundizado la decadencia: un pantano en el que nos hundimos al grito de industricidio”.

Es como jugar a la ruleta rusa, pero con todas las balas en el tambor.