Horacio Verbitsky: El club de la pelea – El Cohete a la Luna

Parado sobre un banquito para parecer más alto tras su atril, el Presidente Javier Milei disparó rayos y centellas contra los políticos que lo escuchaban en temeroso silencio. Repitió su inverosímil discurso sobre una Arcadia que nunca existió, destruida por un siglo de políticas populistas y déficit fiscal. Esta caricatura lastima por igual a radicales y peronistas, pero también a los gobiernos militares que a partir de 1930 interrumpieron no menos de seis veces la alternancia electoral. Sin embargo, sólo cargó las tintas sobre el kirchnerismo, señaló a Cristina como responsable del peor gobierno de la historia, a Roberto Baradel como un secuestrador que toma a los estudiantes como rehenes y a Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner como los “jinetes del fracaso”. Del resto sólo identificó entre los réprobos al ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales, y el único elogio en 70 minutos de lectura dificultosa lo dedicó a su ministra Patio Bullrich.

Pero detrás de estos fuegos de artificio abrió la instancia de negociación que le reclamaba la oposición más complaciente y a la que se había negado hasta ahora, con la consecuencia del rechazo de la primera ley que envió al Congreso, algo que nunca había ocurrido con un gobierno recién instalado. Además, la Vicepresidenta Victoria Villarruel ya le había comunicado que no tenía forma de impedir que el Senado rechazara el decreto 70/23, y avanzaban los contactos para que lo mismo ocurriera en la Cámara de Diputados. Ese decreto que deroga o modifica un centenar de leyes es la base de todas las podas de derechos y de recursos que hasta ahora ha realizado el gobierno de los Hermanos Milei.

Asesorado por su ministro del Interior, Guillermo Francos, un veterano de la rosca política que Milei dice despreciar, pisó el freno antes de estrellarse, pero lo disimuló con una retórica violenta. Ya le había dicho al Financial Times que podría prescindir del Congreso para “salvar la economía”, mediante decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones administrativas. Pero no ignoraba que su debilidad en ambas cámaras legislativas, aún atenuada por la alianza en ciernes con el macrismo procaz, lo pone a tiro de juicio político, algo que fue propuesto en un editorial de prensa de una de las empresas que dependen como pocas de las transfusiones estatales.

Luego de execrar la herencia recibida (tal como hicieron antes que él Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner, Maurizio Macrì y Alberto Fernández) y de definir al Estado como una organización criminal “diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno”, propuso a los gobernadores y dirigentes políticos un “nuevo contrato social”, que denominó “Pacto de Mayo” y que se firmaría en Córdoba dentro de poco más de dos meses. Luego de confesar que no tenia demasiadas esperanzas de que la denostada casta aceptara esa invitación a substituir la confrontación por el acuerdo, expuso su pliego de condiciones. Todos los gobernadores deberían firmar “un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”. Toma y daca.

Una vez cumplida esa “muestra de buena voluntad”, comenzarían a trabajar en un documento común basado en diez principios:

1. inviolabilidad de la propiedad privada;
2. equilibrio fiscal;
3. gasto público reducido al 25% del PIB;
4. reforma tributaria que reduzca la presión impositiva;
5. rediscutir la coparticipación Federal;
6. compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales;
7. reforma laboral;
8. reforma previsional que vuelva a implantar la jubilación privada;
9. reforma política estructural y
10. apertura de comercio internacional para que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

Varios observadores señalaron el parecido de este programa con el Consenso de Washington, que aquí aplicaron Menem y Domingo Cavallo. No es el único aire de familia. El 8 de marzo de 2001, De La Rúa anunció la convocatoria a “conformar un acuerdo de unidad nacional. Mi misión como Presidente es crear una alternativa política que lleve al país al horizonte que se merece y conjure el riesgo actual…. También he decidido solicitar al Congreso de la Nación las facultades especiales que el artículo 76 de la Constitución permite delegar en el Poder Ejecutivo en situación de emergencia, como la que hoy vivimos… Esta es la gran oportunidad de transformar a la Argentina en un país moderno, capaz de dar verdaderas respuestas a las necesidades del pueblo. Hemos avanzado en sincerar los verdaderos problemas argentinos y se acabaron las fantasías. El problema está sobre la mesa. La verdad es conocida por todos. Ahora es el momento de la dirigencia política de demostrar que sabe poner la responsabilidad y solidaridad que el país necesita para solucionar nuestros problemas y aprovechar nuestras oportunidades”.

De la Rúa pidió al Congreso una ley de intangibilidad de los depósitos. Milei penalizaría la emisión monetaria, y la consideraría “delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible”, un disparate sin tasa ni medida.

Así se iniciaría “una nueva época de gloria”, en la que durante un siglo la Argentina volvería a ser “un faro de luz para Occidente”. Son las cosas que proclamaba Emilio Massera en sus delirios dictatoriales. Luego de enumerar las medidas más efectistas que tiene en carpeta y que denominó anticasta (reducción del número de asesores legislativos, eliminación de jubilaciones de privilegio para Presidente y Vice, proscripción electoral de las personas condenadas en segunda instancia por corrupción, descuento del día a los trabajadores estatales que adhieran a un paro, eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos que deberán subsistir con donaciones), Milei mencionó dos medidas de fondo:

• los sindicatos de trabajadores deberán designar a sus autoridades en elecciones supervisadas por la Justicia electoral, sus mandatos serán de cuatro años con una sola reelección posible; y
• los convenios colectivos de trabajo perderán precedencia respecto de los que se negocien en una empresa o grupo de empresas.

La primera disposición fue intentada por Patio Bullrich, cuando fue ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa, pero no prosperó. La segunda fue parcialmente implementada por la dictadura del general Juan Onganía, con el reconocimiento a los sindicatos de empresa, como los famosos SITRAC y SITRAM, que alimentaron la hoguera del Cordobazo.

Milei anticipó su insistencia con la ley Ómnibus en las redes antisociales, pero en hebreo. “Palabra de Conan”, ironizó el biblista Eduardo de la Serna.

De la Serna explicó que el gobierno de los Hermanos Milei intenta comparar las tablas de la ley que Yahvé le entregó a Moisés y que el pueblo rechazó porque prefirió adorar al becerro de oro, con la ley Ómnibus que el Congreso rechazó, y que ahora intenta reintroducir, fragmentada en distintos proyectos. De la Serna se pregunta si Milei insinúa “que el proyecto que él presenta al pueblo proviene directamente de la mano de Dios”. En tal caso, le pide que se digne informar cómo y cuándo ocurrió el encargo. Y culmina con una frase del mismo libro bíblico del Éxodo: “No tomarás el nombre de Dios en vano”.

Del Cordobazo al cordobesismo

A propósito de la propuesta presidencial, esta semana se cumplió medio siglo del navarrazo o botonazo, el alzamiento policial contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vice Atilio López, que según el periodista Juan Cruz Taborda Varela marca la frontera entre el Cordobazo y el Cordobesismo. Al salir del Congreso, Milei dialogó con un grupo de periodistas, que le preguntaron por qué Córdoba. “Porque Conan es cordobés”, respondió con absoluta seriedad. En cambio, el gobernador Martín Llaryora declaró que muchas de las reformas que plantea el gobierno de los Hermanos Milei fueron realizadas hace mucho en su provincia. Pero una historiadora fulminó la idea de Milei: “Convocó a un Pacto de Mayo en la provincia desde la que el virrey organizó la contra-revolución”. ¿Lo sabría?

En cuanto terminó el mensaje, Maurizio Macrì inició la serie de adhesiones, a la que se sumó la decena de gobernadores de Juntos por el Cambio, complacidos por la invitación. Es ostensible que hubo un acuerdo previo, que además explica por qué rehusaron un encuentro de todos los gobernadores que había propuesto el bonaerense Axel Kicillof. Desde el documento de los gobernadores de “Las provincias unidas del Sur”, advirtiendo que está en riesgo la existencia misma de la República Argentina y endilgándole al gobierno  “una acción criminal que persigue hacer sufrir a sus habitantes” y es “disolutoria del sistema federal”, pasó apenas una semana, pero el clima político es otro. Contra lo imaginable, el más eufórico fue el gobernador de Entre Ríos.

Aquí podés leer todas las bravatas del mensaje presidencial.

Mi querida María

Dentro de las denuncias que enumeró para descalificar a sus oponentes, se destacó la dirigida al ex Presidente Alberto Fernández,  por la intermediación de Héctor Martínez Sosa en los seguros contratados por distintas dependencias estatales. Martínez Sosa es la pareja de María Cantero, la secretaria del doctor Fernández desde el siglo pasado.

Bronceada hasta en invierno, pintada como una ventana, con stilettos de  taco altísimo, Cantero maneja un auto deportivo, con el que fue regañada por dejarse fotografiar. La foto desapareció oportunamente de la web y hoy es imposible encontrar cualquier imagen de la secretaria. A dos años de asumir la presidencia, el Doctor Fernández firmó el decreto 823/21 por el cual el sector público nacional sólo podría contratar con Nación Seguros. A pesar de tener el cliente cautivo, Nación Seguros contrató como gestor al broker Martínez Sosa, con comisiones que la Justicia deberá especificar, que irían del 17 al 40% de cada póliza.

A raíz de una investigación del fugaz interventor de ANSES, Osvaldo Giordano, el Doctor Fernández deslindó su responsabilidad:

–Yo no pedí por nadie. Si mi secretaria lo hizo, se extralimitó.

Esta vez su querida Fabiola no tuvo nada que ver. En otro golpe bajo, añadió que Martínez Sosa no era un Lázaro Báez. El Doctor Fernández desde 2008 tiene una deuda de 20.000 dólares con Martínez Sosa, aunque en sus declaraciones juradas la ubica en 100.000 pesos, que desde hace quince años no se actualizan por la inflación. Como publicó El Cohete en 2020, el esposo de María Cantero es una de las cien personas que encabezan la lista de quienes compraron dólares al precio oficial durante el gobierno de su deudor y los sacaron del país. En el listado del Banco Central, figura con 4,5 millones de dólares. “No soy un corrupto y he hecho de mi vida un culto a la honestidad”, dijo el Doctor Fernández, quien se ilusionaba con que dada su colaboración a él no lo iban a tocar. Dime de qué alardeas.

Morderse la lengua

Tal como anticipó El Cohete Milei deberá morderse la lengua, luego de jactarse por la presunta aprobación del Papa Francisco a sus políticas. Como era previsible para cualquiera que conociera el récord de la Iglesia Católica, desde la Encíclica De Rerum Novarum, que León XIII emitió en 1891, la justicia social y el rol del Estado como equilibrador de las relaciones asimétricas entre el capital y el trabajo son principios que el Trono de Pedro no puede ignorar sin riesgo de su propia existencia. Sobre todo desde el colapso del bloque comunista europeo que dejó el terreno libre a las pulsiones más feroces del capitalismo liberal.

El Papa Francisco lo dejó en claro en el videomensaje que envío a dos íncubos del mandatario minarquista, los jueces Roberto Andrés Gallardo y Raúl Zaffaroni. Gallardo preside el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), y Zaffaroni el Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas. “El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”, les dijo en el mensaje que les envió justo antes de que Milei pontificara en la Asamblea Legislativa y en plena disputa con gobernadores de todo el arco político, entre ellos el procaz chubutense Ignacio Torres, y el bonaerense Kicillof. Torres consiguió ya dos fallos favorables del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, contra los recortes de fondos a Chubut. Y Kicillof instruyó al fiscal de Estado para que reclame ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Bergoglio señaló la “intensa injusticia” de que “millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que sí consumen”. Uno de los ejes del conflicto de Milei con los gobernadores es el corte de la asistencia alimentaria del Estado nacional a los comedores que funcionan en todo el país y que han servido como amortiguadores de las respuestas violentas a la crisis social. El gobierno de los Hermanos Milei también redujo a la insignificancia el Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), para inversión en barrios populares. El jefe de los católicos coincide con Milei en que “los derechos sociales no son gratuitos”, pero a diferencia del Presidente cree que se requieren “decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas”, para destinar a su satisfacción parte de “la riqueza que está disponible”.

El Papa entiende que los tribunales pueden poner límites a la ofensiva del capital. “Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen. El problema es su vigencia efectiva, su concreción. Allí empieza vuestro rol. El Dios Mercado y la Diosa Ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta”. En llamativa coincidencia con el último documento de Cristina, Bergoglio afirma que “no alcanza con la legitimidad de origen” del poder, que “su ejercicio debe también ser legítimo”.

El Papa pregunta: “¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas?”. Según CFK, “la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”. Como si no fuera suficiente, Francisco pidió a los jueces “firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. La paz es una construcción diaria”, ya que son “el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”.

Los prelados católicos no son los únicos que comprenden lo delicado de la situación social. Desesperado por obtener un nuevo endeudamiento con el FMI, el ministro Luis Caputo se reunió el jueves en San Pablo con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Antes de recibirlo, Janet Yellen declaró que “éste ha sido y seguirá siendo un difícil período de transición económica para los argentinos; proteger a los más vulnerables durante esta transición será un reto, pero es de vital importancia”. Como Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, Yellen no ocultó su preocupación por la sustentabilidad social y política del plan. Quiso decir que no habrá dólares frescos hasta que no culmine esa transición. La sonrisa de Caputo sugiere que no la vio.

Un informe de Mariana González distribuido por el  Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA) sostiene que, desde noviembre de 2023 hasta enero de este año, el salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra. En términos de alimentos y bebidas, la pérdida en  los dos primeros meses de Milei  fue mayor: del 23,8% . Tomando en cuenta el deterioro previo, el salario real de enero de 2024 es poco menos de la mitad del de noviembre de 2015, último mes de la presidencia de CFK. Las categorías de trabajo no registrado sufrieron pérdidas aún mayores, pero no hay registros disponibles para cuantificarlas.

El decreto de la discordia

El mensaje eclesiástico a los jueces es cualquier cosa menos casual. Al acercarse el tercer mes del gobierno de los Hermanos Milei, el Congreso aún no se ha reunido para tratar su primer decreto de necesidad y urgencia. En cambio, tribunales en distintos lugares del país han dictado medidas cautelares que impiden la aplicación de algunos artículos de ese decreto y también de otros posteriores, como el que anuló la creación de cinco nuevas universidades. Ya sea por apelación de esas decisiones o en ejercicio de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema, es previsible que el tema termine en la República Autónoma del Cuarto Piso. Ya lo han pedido el gobernador riojano Ricardo Quintela y hasta el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien reclama que se realice un per saltum, es decir que la Corte se saltee las instancias intermedias y revoque la cautelar del juez patagónico, que tiene su historia: Hugo Sastre fue quien en 2008 ordenó la detención de los oficiales de la Armada implicados en los fusilamientos en la base de Trelew durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Al año siguiente también procesó por espionaje ilegal a los jefes navales en democracia.

La derogación del DNU 70, de diciembre de 2023, inhabilitaría las medidas posteriores que el gobierno ha tomado invocándolo, como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). El FONID integra los salarios docentes, el FOFOFI los policiales y refuerza programas como el Sistema Alimentario Escolar o el Plan Mesa. La misma base tiene la eliminación del plan Potenciar Trabajo y la reducción a la mitad del tope salarial que habilita a cobrar asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia.

Las constantes agresiones del Presidente a las distintas fuerzas políticas y al Congreso fueron sumando voluntades de muy distinto origen para su posible derogación, una perspectiva que explica el giro en la actitud presidencial. El gobierno tuvo más éxito en reducir las publicitadas diferencias entre Kicillof y Máximo Kirchner. Un proyecto de ley elaborado en conjunto, reponiendo los fondos eliminados, una declaración del Partido Justicialista en defensa del gobernador, un encuentro reservado, otro público, la continuidad de Kirchner al frente del justicialismo provincial, mientras se apura el apartamiento del Doctor Fernández del partido nacional, son suficiente demostración del poder unificador de los Hermanos Milei.

De todos modos, el estilo extravagante del Presidente tendrá menos incidencia en el cuadro político e institucional que los efectos económicos y sociales de sus decisiones. Los 150.000 puestos de trabajo perdidos entre los albañiles por la paralización de la obra pública, los despidos causados por la recesión y los cierres de empresas tienen más peso que sus insultos, ya sea directos o mediante las redes antisociales.

Procaces y radicales

Bullrich ya anunció que en pocos días dejará la presidencia del PRO, y a partir del 19 de marzo se abrirá el proceso electoral que culminará con el regreso a la conducción de Maurizio Macrì. Mientras Bullrich se conforma con acomodarse a la nueva situación, suministrando músculo represivo a las políticas de los Hermanos Milei, en violación a las leyes y a las convenciones internacionales con rango constitucional, Macrì aún se ilusiona con desempeñar un rol menos insignificante. Se sirvió de ella para acabar con Horacio Rodríguez Larreta y de Milei para recortarle las alas a la ministra de las doscientas palabras. Pero ahora no tiene a quien recurrir para poner en caja a Milei, que se lo llevó por delante.  El radicalismo sigue fragmentado y sin una conducción que represente a todas sus líneas internas. Una exhibición patética de su quiebre la brindó su ex presidente y ex precandidato a la vicepresidencia, en una serie de entrevistas radiales y televisivas, sobre un episodio de la picaresca provincial, que el contador Gerardo Morales elevó a cuestión de Estado.

El 26 de diciembre apareció en las redes antisociales este post hermético para quien no sea un especialista en la materia.

Su autor, el profesor universitario Nahuel Morandini, sin militancia partidaria, y el serigrafista Humberto Roque Villegas, que lo reprodujo, fueron acusados por el fiscal Hugo Walter Rondón de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de una menor de 10 años”, delitos por los cuales podrían ser condenados a ocho años de prisión (los mismos que hace pocos días cumplió privada de su libertad Milagro Sala). Y el juez Pablo Pullén Llermanos, uno de los que procesó a Milagro, ordenó que los detuvieran. También les secuestraron los teléfonos, y sus comunicaciones privadas por WhatsApp fueron utilizadas para incriminarlos.

Cuando iban a cumplirse dos meses de la detención preventiva, en condiciones humillantes, en celdas de castigo, sin luz ni cubiertos para comer, el diario La Nación informó con amplitud sobre el caso. La periodista Paz Rodríguez Niell reprodujo partes del asombroso dictamen de Rondón, pese a que se había prohibido su difusión. Según este extraordinario personaje, la esposa de Morales sufrió un “serio estrés”, ya que “se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir. La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar”. Ni Morales, ni Snopek ni la niña fueron mencionados en el tuit que originó la causa.

Morales presentó un informe psicológico sobre su esposa. Snopek mostraba “falta de energía psíquica y disminución de su voluntad”, con un “estado emocional displacentero de tensión, tristeza y angustia” y denotaba “una disminución en cuanto a su capacidad para concentrarse”, sumado a “un mecanismo defensivo de aislamiento”.

Bastó la publicación en la prensa nacional, para que ambos detenidos fueran puestos en libertad. El contador Morales comenzó entonces una recorrida por los medios nacionales. Su presentación más hilarante fue con Luis Bovaresio.

El ex gobernador rechazó la posibilidad de un análisis de ADN, que confirmaría o disiparía las dudas sobre la paternidad de su hija, que con su actitud nacionalizó. Milei lo expuso ante la Asamblea Legislativa como paradigma de una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas y que “que llega a absurdos obscenos de impunidad como por ejemplo el que vivimos esta semana cuando nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas sin debido proceso a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos”.