Horacio Verbitsky: Adiós al feudalismo – El Cohete a la Luna

Horacio Verbitsky: Adiós al feudalismo – El Cohete a la Luna

Ante los representantes del poder económico trasnacional que tomó examen a la dirigencia política del oficialismo y de la oposición, el Ministro de Economía Sergio Tomás Massa cuestionó en forma abierta al Presidente Alberto Fernández. Al exponer en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, Massa dijo que “dirimir en una primaria si el gobierno tiene diferencias me parece un gravísimo error, porque genera incertidumbre. Si la pelea es por posicionamiento individual, yo prefiero mirar desde el costado”. Luego de la reunión en la que Máximo Kirchner le advirtió a Victoria Tolosa Paz qué le ocurriría al Presidente en la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista si antes no desistía de su candidatura, Alberto retrocedió un paso, pero sin enrollar sus banderas. Su candidato preferido volvió a ser Daniel Scioli, quien ni por un instante contempla ser el alfil de Fernández contra los deseos de la Vicepresidenta, entre otras cosas porque el presunto mandatario tiene mayor envergadura política que el pretendido mandante. El anuncio de que la ministra de Desarrollo Social anhela disputar con Axel Kicillof la candidatura a la gobernación de Buenos Aires fue una ingenua tentativa de negociar que lo acompañara como vice. Nadie sabe mejor que ella que esa alternativa le queda grande. No porque sea mujer, que es antes un activo que un demérito, sino porque su historia electoral es un invariable camino a la derrota.

La JP de Morgan

La cumbre de AmCham comenzó con una filípica de su presidente y al mismo tiempo líder de la JP del Banco Morgan, Facundo Gómez Minujín. En su happening de apertura, el hijo de Marta Minujín describió un país que avanza entre brumas hacia una grave crisis. Dijo que la decadencia argentina es constante desde hace 70 años, es decir el segundo gobierno de Perón, derrocado poco después mediante un golpe sangriento de inspiración eclesiástica y ejecución por parte de unos pocos militares retirados del Ejército, a los que se sumó la flota de mar.

Luego expuso la agenda del sector que representa, que ya habían puesto sobre la mesa el embajador Marc Stanley y varios funcionarios de su gobierno que visitaron el país: energía, minería, petroquímica, agronegocios, electromovilidad, economía del conocimiento y turismo, integración comercial, apertura de nuevos mercados, búsqueda de inversiones y lo que llamó empleo de calidad.

Se quejó de la regulación del mercado cambiario, el cepo, el comercio administrado y “el ingreso a cuentagotas de insumos para la normal producción de nuestras industrias”, es decir las medidas que intentan defender el trabajo y la producción locales e impedir el shock inflacionario de una devaluación, que licúe lo que queda del salario y multiplique las ganancias de exportadores.

Pocas horas después, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, le respondió con todas las letras: “Minujín miente”, porque las importaciones autorizadas superaron en 12% a las del año anterior o el 83% de lo solicitado, el intercambio comercial fue de los más altos de la historia. También apuntó al rol de los bancos que ayudaron a la fuga de divisas, una alusión directa a su contradictor. Aquí podés leer el hilo completo, que no reprodujo ninguno de los medios que se regodearon con el catastrofismo del representante de la banca estadounidense.

Por supuesto, Minujín habló compungido por “nuestra querida Argentina”, a la que le propuso la agenda heterodoxa que defiende la oposición: eliminar el déficit fiscal, independencia del Banco Central y su directorio, recorte del gasto del Estado, reglas claras y estables, un entorno ético y transparente.

El mismo mensaje reiteró ante la misma audiencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Ya en noviembre de 2016, en una entrevista con Jorge Fontevecchia, había sostenido que la Constitución fija el régimen capitalista, que caracterizó por la propiedad privada de los medios de producción, la iniciativa de los particulares y la competencia. Pero ante los capitalistas realmente existentes (entre quienes la competencia es mala palabra, dada la enorme concentración entre quienes producen y venden artículos de primera necesidad) fue más állá y objetó “la expansión incontrolada de la emisión monetaria”, porque implica incumplir el mandato constitucional de defender el valor de la moneda.

El jefe de gabinete, Agustín Rossi, ironizó durante su informe ante el Senado: “¡Hay que tener tupé! No pueden administrar la obra social del Poder Judicial y quieren administrar la economía argentina”. También dijo que la Corte ordenó suspender los comicios en San Juan y Tucumán, en el mismo momento en que su despedido ex administrador, Héctor Daniel Marchi, denunciaba ante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados que Rosatti benefició con contratos a los jueces que lo sobreseyeron en una causa donde se investigaba su presunto enriquecimiento ilícito. También lo explicitó la Vicepresidenta CFK:

En diciembre de 2022, la sala de Casación de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa confirmó el dictamen del fiscal Raúl Plee y sobreseyó a Rosatti en una causa iniciada en Santa Fe, según la cual entre 2003 y 2007 funcionarios de la intendencia de esa ciudad cedieron parte de su sueldo para entregárselo a Rosatti, quien había sido titular de ese municipio entre 1995 y 1999. En marzo de 2022, los mismos jueces habían aceptado la recusación de Rosatti contra el juez federal que lo investigaba en su provincia, Reinaldo Rodríguez. El contador Marchi sugirió que la Comisión pida los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, recomendación que la mayoría adoptó de inmediato.

Y la ex ministra de Economía Silvina Batakis le respondió a Rosatti que la emisión está controlada por el Fondo Monetario Internacional, que “co-gobierna en la Argentina”, cercenó la autodeterminación política y limita las políticas públicas.

No hay peor sordo

Massa repitió el desafío en los dos días siguientes:

  • al inaugurar un gasoducto en América, junto con Kicillof, dijo que quienes gobiernan tienen que resolver los problemas del presente y diseñar el futuro “y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas”.
  • En Navarro, donde anunció un paquete de asistencia a afectados por la gripe aviar y la sequía, agregó que “ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente con los problemas de la política. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político”.

Todos en el gobierno estaban celebrando que la Corte Suprema de Justicia les hubiera dado un fuerte motivo de unidad, con las medidas cautelares que suspendieron las elecciones de gobernador y vice en San Juan y Tucumán, dos provincias gobernadas por el peronismo, que era amplio favorito para ganarlas. Desde el Presidente hasta su ministro del Interior, Wado de Pedro, denunciaron un golpe a la democracia, al impedir que el pueblo elija a sus representantes, y el avasallamiento del federalismo, por expropiar la decisión a las respectivas justicias provinciales.

Patricia Bullrich, que no tiene reparos en decir en voz bien alta lo que sus asociados cambiantes apenas murmuran, se jactó en primera persona del plural:

Si se extrema la metáfora de la presidenta del PRO podría concluirse que también en la Argentina al feudalismo sucede la monarquía, en este caso personificada por la Corte Suprema de Justicia. Claro que eso no guarda relación ni remota con la Constitución. Romper las urnas tucumanas y sanjuaninas a martillazos no es republicano, ni representativo ni federal. Cada provincia reaccionó a su manera: Juan Manzur desistió de su candidatura a vicegobernador y las elecciones de Tucumán se realizarán el mes próximo. San Juan desdoblará los comicios legislativos y municipales, que se celebrarán hoy, y los del Poder Ejecutivo, aún sin fecha. De modo que hoy sólo se designarán los gobernadores de Salta, Tierra del Fuego y La Pampa. La suspensión en Tucumán alivia a Javier Milei, cuyo candidato local, el hijo del ex dictador Bussi, declinaba cada día.

Con un delay de 72 horas, el Presidente Alberto Fernández le respondió a su ministro: no cree que las internas desestabilicen la economía y las considera el mejor método para elegir los candidatos. Ya internado en ese jardín, agregó que Cristina tenía derecho a competir en esas primarias y él no podía impedir que alguien la enfrentara, una fantasía que lo obsesiona. Todos los demás dirigentes de alguna relevancia dijeron que ella era la única candidata de síntesis, con quien nadie confrontaría. El amago de Kicillof de desdoblar la elección provincial de la nacional es una alternativa que quedará abierta hasta último momento.

Es tan irrisorio que el 8,4% del IPC de abril se deba a las vanidades políticas que mentó Massa, como que Alberto Fernández no pueda pensar en candidaturas porque debe ocuparse de bajar la inflación. Su gobierno ya igualó el récord de Macrì, que bajó la inflación al doble. Más allá del 100% anual, la recuperación de los salarios es una utopía y plantea dilemas, que Jorge Remes Lenicov expuso en su libro auto reivindicatorio. Ninguna opción sería buena, ni el Lorenzo Miguel de 1975 ni el Rodolfo Daer de 2002.

Un rasgo estructural

La avanzada de la Corte Suprema sobre los otros poderes creados por la Constitución comenzó antes de que Maurizio Macrì designara en comisión como ministros de la Corte Suprema a Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz. Es un rasgo estructural de la democracia argenta posterior a la dictadura cívico militar con bendición eclesiástica y su concentración de poder en torno de la Capital Federal. En abril de 2015, el tribunal presidido entonces por Ricardo Lorenzetti declaró nula la lista de conjueces de la propia Corte, enviada por el Poder Ejecutivo, para impedir los desmanes de los simples mortales elegidos por el pueblo.

Mientras, la oposición política juraba no tratar ningún pliego judicial que enviara la entonces Presidenta CFK. Ya entonces era evidente que sólo una inteligente negociación política podría controlar el desborde de un poder contramayoritario salido de quicio. Los dos diarios asociados en Papel Prensa y Expoagro coincidieron en encomiar un blindaje “frente a posibles ataques políticos” (Clarín) o ante un “embate del gobierno” (La Nación). Sin dudas, preferían el gobierno de los jueces, elitista y antidemocrático, desde su origen en la Constitución de 1853, copiada de la estadounidense de 1787. El pronunciamiento de la Corte sobre los conjueces se produjo en dos causas en las que sus miembros se habían excusado, y se desexcusaron alegando una transgresión a innominados “principios fundamentales inherentes a la justicia”. El interés de las partes se redujo así a una mera excusa para afirmar el poder de los funcionarios judiciales en contra de la voluntad de los poderes de elección popular. Igual que ahora, en un caso distinto.

Alexander Bickel en Estados Unidos y Roberto Gargarella en la Argentina escribieron sobre el carácter contra-mayoritario del Poder Judicial. En uno de sus primeros libros, Gargarella explica que los derechos de las minorías protegidos eran los del “núcleo de los más favorecidos de la sociedad” que integraban los acreedores y grandes propietarios.

La exacerbación de este cuadro ante las reformas del New Deal llevó al Presidente Franklin D. Roosevelt a decir que la Corte Suprema había asumido el rol de una tercera cámara del Congreso, al punto de que era preciso “salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de sí misma”. El juez Felix Frankfurter, designado por Roosevelt en esa Corte, agregó que “si los jueces quieren ser predicadores, deberían dedicarse al púlpito; si pretenden ser primariamente configuradores de una política, el Parlamento es su lugar. Los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio de la ley”. Pero Roosevelt fracasó en el intento y los fallos de la Corte estadounidense siguen en sintonía con los intereses de las grandes empresas, hoy más que nunca.

El avance contra-mayoritario sobre los poderes emanados de la voluntad popular termina de comprenderse con el fallo “Colegio de Abogados de Tucumán”, firmado por la Corte el 14 de abril de 2015. Allí la Corte se coloca a un paso del control de oficio, incluso de las decisiones de una asamblea constituyente, lo cual desnaturaliza una correcta aplicación de la doctrina de la división de poderes. Los jueces son la última palabra en las causas, cuando una parte alega ser damnificada por el desconocimiento de un derecho. Este sistema de control difuso de constitucionalidad diferencia a los jueces, que resuelven casos particulares y no generales, de los Ayatolás de la revolución iraní que tienen la última palabra en todo, también en la política.

¿Quién controlaría a los jueces si, como de 1930 a 1976, fueran ellos quienes pusieran en riesgo los principios fundamentales que hacen a la esencia de la República? La voluntad de tres jueces supremos prevalece hoy sobre cualquier otra, incluyendo los poderes provinciales y federales elegidos por el pueblo, y sólo puede ser corregida por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, juicio político mediante.

Un poder supra-constitucional

Este poder supra-constitucional siguió afirmando su majestad sobre la soberanía popular:

  • En diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. Pero dispuso que ese texto de quince años de antigüedad, siguiera vigente por otros 120 días corridos y convocó a sesiones extraordinarias al Congreso y lo intimó a sancionar una nueva ley y designar a los consejeros en 120 días. El 18 de abril de 2022, como JxC bloqueó esa sanción, la Corte legisló la resurrección de la ley 24.937 (de 1997, derogada por el Congreso en 2006). En aplicación de esa ley, Rosatti asumió la presidencia del Consejo. Antes, en un alarde de republicanismo all’uso nostro, había votado por sí mismo para presidir la Corte.
  • En mayo de 2021, la Corte dio un paso más allá, al atribuir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un status provincial que la Constitución en forma explícita le negó. Rosatti acuñó la imaginativa expresión “ciudad constitucional federada”, pero a todos los efectos la equiparó a las provincias, que preexisten a la Nación Argentina y por eso retienen las competencias que no delegaron.
  • En diciembre de 2022, una medida cautelar de la Corte dispuso duplicar el 1,4% de coparticipación que la Capital Federal recibió en las dos décadas previas, al 2,95%. El Presidente Fernández dijo que la Corte quería favorecer la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Muy probable, pero también se explica por el rol que la Ciudad de Buenos Aires ha jugado en la historia argentina, a partir de su aduana, y el que sigue jugando en el presente, como asiento del poder económico y de sus grandes empresas, tanto locales como multinacionales, del Episcopado Católico, del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso y de la propia Corte Suprema, que tienen aquí su sede. Toda la retórica del fallo acerca del federalismo y la concertación juega como una cortina de humo para ocultar el centralismo porteño que propugna, lo cual retrotrae la cuestión hasta antes de la capitalización de 1880 y de la Constitución de 1860, que sentaron las bases para la existencia y el progreso de la Nación. La Corte está jugando con fuego al atizar los rescoldos de un fuego que fue voraz hasta hace catorce décadas.

No siempre esa injerencia de la Corte en el proceso institucional es tan explícita. En noviembre de 2020, el tribunal falló en contra de la pretensión de los jueces Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi de permanecer en sus asientos de la Cámara Federal, a los cuales Maurizio Macrì los había trasladado sin mediar ni concurso ni acuerdo del Senado. Pero también dispuso que permanecieran en esos lugares hasta que fueran elegidos sus titulares por el procedimiento constitucional. Han pasado casi tres años, sin que ello ocurriera. Es un antiguo debate quién dijo por primera vez que la hipocresía es un tributo que el vicio rinde a la virtud. Lo único seguro es que fue en francés.

El alzamiento

Esta es parte de la cadena a la que el tribunal agregó dos nuevos eslabones en Tucumán y San Juan. Desde el siglo XIX la Constitución dice que la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción “originaria y exclusivamente”, en los asuntos “concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte”. En todos los demás, sólo intervendrá por apelación, una vez agotadas las instancias provinciales. También dice que las provincias conservan todos los poderes que no hayan delegado expresamente al gobierno nacional, entre ellos la elección de sus autoridades, sin intervención del gobierno federal. Exclusivamente es una afirmación inequívoca que la Corte no puede modificar ni desconocer. Para hacerlo, los triunviros invocan el principio republicano, que las reelecciones violarían. Y en un amparo, adelantan opinión sobre el fondo.

La resolución es tan descuidada, que cita un precedente de hace diez años, cuando impidió que Gerardo Zamora se postulara para una segunda reelección como gobernador, sin reparar en que eso está excluido en forma taxativa por la Constitución santiagueña, mientras en Tucumán se trataba de un gobernador postulándose para el cargo de vice, cosa que su Constitución no prohíbe. Para formar mayoría también fue necesario que Carlos Fernando Rosenkrantz modificara su voto de 2019 en el caso de Río Negro, donde dijo que la Corte no tenía competencia para intervenir en la denuncia de Martín Soria contra la reelección de Alberto Weretilneck, porque se trataba de interpretar la Constitución provincial, cosa que sólo podían hacer los tribunales de Río Negro.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva a pedido del gobierno de Colombia, sobre la reelección presidencial indefinida. Por cinco votos contra dos, la máxima corte regional opinó que “la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, es decir en el mismo sentido de la Corte Suprema argentina. Uno de los votos en disidencia fue del juez argentino Raúl Zaffaroni, para quien la Corte Interamericana “no es competente para juzgar las particularidades de las formas de gobierno que adoptan nuestros Estados, más allá de los estrictos límites esenciales a cualquier democracia representativa que le señalan los instrumentos internacionales que el tribunal tiene el deber de hacer cumplir, en ninguno de los cuales se hace referencia a la reelección indefinida”. Además, el poder presidencial es incomparable con el de un gobernador provincial.

En sus Fundamentos de Derecho Constitucional, de 1992, Carlos Nino citó a propósito de la revisión judicial a Billings Learned Hand, un filósofo del derecho que hace un siglo precedió a Thomas Griesa en el famoso juzgado federal de Wall Street. En notas de El Cohete, Hand fue mencionado por Enrique Hidalgo, el ex Secretario parlamentario de la Cámara de Diputados durante la gestión de Alberto Balestrini. Hand escribió que si la revisión judicial no existiera, no sabía qué quedaría de los valores fundamentales de equidad y sentido de justicia que establecen las constituciones. Pero “creo que a una sociedad tan desgarrada en la que el espíritu de moderación ha desaparecido, ningún tribunal puede salvarla; que, a una sociedad en la que el espíritu florece, ningún tribunal necesita salvarla; que, en una sociedad que evade su responsabilidad al confiar a los tribunales la educación del espíritu, el espíritu perecerá al final”. Táchese lo que no corresponda.

Sin duda, la solución es política.

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