«El gobierno nacional abandonó las rutas pero cobra y se queda el impuesto al combustible y los peajes»

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, dialogó con Caballero de Día acerca del estado de las rutas nacionales, la utilización de fondos específicos y el proceso de concesiones impulsado por el Ejecutivo nacional.

El alto funcioanrio bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró que el Gobierno nacional mantiene “abandonadas” las rutas en todo el país, pese a continuar recaudando fondos específicos destinados a su mantenimiento a través del impuesto a los combustibles y los peajes.

“Hace dos años y medio que no se corta el pasto, no se arregla un bache ni se realiza una obra de ampliación”, afirmó el funcionario en diálogo con Caballero de Día, y advirtió que la situación “pone en riesgo la vida de quienes transitan”.

Según detalló, el Ejecutivo nacional recaudó en ese período alrededor de “seis billones de pesos” a partir del impuesto a los combustibles, que representa “casi un tercio del precio del litro de nafta” y que, por ley, debe destinarse al mantenimiento vial. “Las rutas no se arreglan, pero el Gobierno se queda con esa plata y también con la de los peajes, sin reinvertirla”, sostuvo.

En ese marco, Katopodis calificó el escenario como “un escándalo” y cuestionó la falta de rendición sobre esos recursos. Además, señaló que parte de esos fondos también tienen asignación para obras hídricas, en un contexto donde se registraron inundaciones en distintas provincias.

Por otra parte, el ministro confirmó que la provincia de Buenos Aires solicitó participar en el proceso de concesión de corredores viales nacionales a través de la empresa estatal AUBASA. El objetivo, explicó, es asumir la gestión de rutas como la 3, la 205, la autopista Riccheri y el corredor Ezeiza-Cañuelas, entre otras.

“Estamos convencidos de que podemos ofrecer la tarifa más adecuada, porque el 100% de lo que se recaude se va a reinvertir en obras”, afirmó, al contrastar con modelos anteriores que, según indicó, priorizaron la rentabilidad empresaria por sobre el mantenimiento.

Sin embargo, denunció irregularidades en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional. “A una semana del cierre modificaron 33 artículos del pliego. Nunca visto”, señaló, y advirtió que esos cambios alteraron las condiciones de contratación.

Ante esa situación, la provincia solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de la Nación como veedores para garantizar la transparencia del proceso.

Katopodis también subrayó el impacto del deterioro de la infraestructura vial en la producción y la logística. “Un país como la Argentina necesita rutas seguras para transportar su producción y exportar. No hacer estas obras no es un ahorro: cuando haya que hacerlas, van a costar tres o cuatro veces más”, indicó.

En ese sentido, remarcó que la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% de la producción nacional y que gran parte de esa actividad depende de la red vial para llegar a los puertos.

Finalmente, el funcionario cuestionó el manejo general de los recursos públicos por parte del Gobierno nacional y vinculó esa situación con otros episodios recientes. “Hay indignación en la sociedad por los privilegios y la falta de transparencia, mientras los trabajadores no pueden acceder a condiciones similares”, concluyó.