Ahora sí vienen por el agua

En su habitual editorial, Roberto Caballero analizó la disputa por el control del servicio de agua potable y advirtió sobre el riesgo de que un derecho esencial vuelva a quedar subordinado a intereses económicos, en un contexto donde el Gobierno avanza con un proceso de privatización que podría afectar a millones de personas y convertir nuevamente al agua en un negocio.

Caballero recordó la importancia histórica del acceso al agua potable para la salud pública y cuestionó la privatización de Obras Sanitarias durante la década de 1990, al tiempo que destacó la reestatización de Aguas Argentinas durante el gobierno de Néstor Kirchner. En ese marco, sostuvo que el servicio debe ser entendido como un derecho humano y alertó sobre las consecuencias de dejar en manos privadas decisiones vinculadas con la extensión de redes de agua y cloacas. También planteó, el proceso que actualmente se discute podría afectar a alrededor de 14 millones de personas en el AMBA.

El editorialista además cuestionó la posible participación de empresarios vinculados históricamente al negocio del agua y del cloro y advirtió que una eventual transferencia del servicio podría traducirse en mayores tarifas para los usuarios. En ese sentido, vinculó la discusión con el deterioro de los ingresos y el acceso a otros derechos básicos, como la salud y los medicamentos, y sostuvo que el problema excede la discusión económica porque involucra la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales y planificar obras de infraestructura.

Finalmente, Caballero cuestionó a los sectores políticos que, según afirmó, se limitan a diagnosticar la situación sin construir respuestas y reclamó recuperar una agenda centrada en las necesidades de la población. “Hay que desmercantilizar la democracia, hay que empezar a pensar en términos de derechos”, sostuvo, y llamó a volver a representar las demandas sociales frente a un escenario que, según su análisis, combina endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo, deterioro de los servicios y una creciente subordinación de derechos básicos a la lógica del mercado.