«El fallo que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei es insostenible en un Estado de derecho»

El abogado Gustavo Arballo dialogó con Felicitas Bonavitta y equipo de Bonavitta en 530 (AM 530-Somos Radio, lunes a viernes de 12 a 14hs), y explicó los pormenores del intento de censura por parte del gobierno nacional.

El abogado y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa, Gustavo Arballo, cuestionó duramente la decisión del juez Alejandro Patricio Maranielo, quien dictó una cautelar que prohíbe difundir audios que involucran a Karina Milei. “Esto no tiene precedentes y es un fallo peligroso por sus consecuencias, procesalmente defectuoso en su construcción e insostenible en un Estado de derecho”, advirtió.
Consultado sobre los argumentos del oficialismo, que denuncia haber sido víctima de espionaje interno ilegal, Ábalo señaló que el camino judicial debe ser otro. “Si el gobierno cree que sufrió una filtración, lo que puede hacer es investigar y averiguar quiénes fueron los responsables. Pero no se puede afectar la difusión que un periodista tiene todo el derecho de hacer, amparándose en la libertad de expresión y en el secreto de fuentes”, subrayó.
El especialista remarcó que la Constitución es clara en este punto: “La Constitución del 94 garantiza el secreto de las fuentes periodísticas y lo dice textual. Ese secreto funciona como un as de espada irrebatible frente a cualquier intento de coartar la labor periodística”.
Arballo también puso la lupa sobre la actuación del magistrado. “La medida fue pedida por Karina Milei, no tiene contraparte, y el propio juez no escuchó los audios: dio por buena la versión de la parte actora. Si aplicáramos este criterio, cualquier funcionario podría anticiparse a futuras investigaciones diciendo que afectan su intimidad. El derecho a la libertad de expresión no es solo opinar, sino difundir”, advirtió.

Finalmente, el abogado sostuvo que el fallo “es revertible en instancias superiores y totalmente incompatible con la doctrina y jurisprudencia sobre libertad de expresión”. Y agregó: “Lo que está en juego no es un caso particular, sino el precedente: que un gobierno pueda frenar la difusión de información de interés público a través de la justicia”.