La Persecución – Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna

Hace apenas dos semanas y un par de días, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la asignación mensual vitalicia para el Presidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema sólo puede ser anulada en caso de que hayan sido destituidos en juicio político. De otro modo constituye un derecho adquirido inembargable. Lo hizo en una causa iniciada por el ex vicepresidente de la Corte Eduardo Moliné O’Connor, que perdió su cargo por decisión de 45 senadores sobre un total de 62 presentes. Esto pone en evidencia la arbitrariedad y el abuso de poder del gobierno nacional, que decidió anular las asignaciones que corresponden a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex Vicepresidente Amado Boudou, quienes nunca fueron sometidos a juicio político. Milei es un dictadorzuelo que se arroga juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial, le respondió CFK.

Es parte de la persecución contra la ex mandataria, que se inició con su primera presidencia, en 2007, se incentivó a partir del conflicto del año siguiente con las patronales agropecuarias por las retenciones móviles a las exportaciones de cereales, adquirió un ritmo vertiginoso a partir de la asunción de Maurizio Macrì, en 2015, incluyó un intento de asesinato en 2022 y se reanudó este año, bajo el actual gobierno.

El propio Presidente reconoció, hace seis meses, que la asignación, que denominan de privilegio aunque la ley nunca usa ese término, es un derecho adquirido que no se podía revocar. Tanto él como sus voceros afirman que se trata de decisiones de la justicia a la que son ajenos, pero no pueden disimular su júbilo, como le ocurrió al vocero Manuel Adormi al formular el anuncio.

Con la ofensiva contra Cristina, los Hermanos Milei buscan golpear a sus aliados del PRO y la UCR, en especial a Maurizio Macrì. Con la mira en los próximos comicios, La Libertad Avanza procura consolidar el 56% que obtuvo en el balotaje porque sabe que no tiene forma de pescar entre el 44% que votó por Unión por la Patria. Su polarización con CFK tiene así una doble finalidad: impedir su derrota el año próximo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno no tiene buenos candidatos, y reemplazar con leales propios la discutida y agotadora negociación con las demás fuerzas de la derecha. Otra estocada a fondo que le asestó a Macrì fue el anuncio de que volverá a intentar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sin las cuales no tendría otra chance que subordinarse a LLA, como señala la conversa Patio Bullrich. El ataque a Cristina es así una carambola que apunta al Señor de los Abrojos.

La revocación de las asignaciones a Cristina y a Boudou la dispuso la ANSES. Sus resoluciones citan en forma incorrecta el artículo 1° de la ley 24.018. Su texto sólo dice que la asignación vitalicia corresponde al Presidente y Vice. La resolución añade que, según el artículo 29, “la finalidad de la asignación de privilegio oportunamente otorgada a favor del titular, deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado nacional”. El artículo 29 no afirma tal cosa, solo que deben ser “removidos a través del previo juicio político”. Para forzar su exégesis, la ANSES aduce que esa condición “se encuentra atada a la premisa del buen desempeño en el cargo”. El gobierno ya había reformado de hecho la Constitución Nacional por decreto, ahora también lo hace mediante una resolución de la ANSES. Atar premisas a la Carta Magna puede llevar a cualquier lado.

El fallo de la Corte

En diciembre de 2003 el Senado de la Nación destituyó al vicepresidente de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor por el voto de 45 senadores peronistas, radicales, del Frepaso y provinciales. En 2005, Moliné reclamó ante la justicia por su asignación. Continuaron la causa sus herederos a partir de su muerte, en 2014.

Transcurrida una década, la causa llegó a la Corte Suprema. Sus actuales miembros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusaron, por tratarse de un ex juez del mismo tribunal. En su reemplazo, integraron el tribunal los camaristas federales Roberto Hornos (Penal Económico), Victoria Pérez Tognola (Seguridad Social), Jorge Eduardo Morán (Contencioso Administrativo), Santiago Corcuera (Electoral) y Luis Rabbi Baldi Cabanillas (Cámara de Apelaciones de Salta).

El fallo, firmado el 30 de octubre de este año, sostiene que el artículo 29 de la ley 24.018 “no se opone a las prescripciones del artículo 60 de la Constitución Nacional ni afecta derechos adquiridos”. El artículo 60 se refiere a la condena en juicio político. La única disidencia fue la del juez Baldi Cabanillas, quien votó por devolverle la asignación a los herederos de Moliné O’Connor.

En primera instancia, el tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 4 rechazó el recurso, con lo cual quedó vigente la revocación del beneficio por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la Sala III de la Cámara de Apelaciones del mismo fuero revocó ese fallo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 29 de la ley, hizo lugar a la demanda de Moliné y sostuvo que la pérdida de la asignación era “una consecuencia adicional y distinta a la única prevista para el veredicto del Senado”, es decir la destitución.

Ahora la Corte Suprema reafirma la constitucionalidad de ese artículo. La diferencia central entre Moliné y Cristina, es que ella nunca fue sometida a juicio político. Tampoco Boudou. Lo que Milei intenta es un juicio político retroactivo, por los dos tercios de su propia voluntad.

La familia judicial

Uno de los jueces subrogantes de la Corte Suprema, Roberto Hornos, es hermano de Gustavo Hornos, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que esta semana condenó e inhabilitó para ocupar cargos públicos de por vida a Cristina Fernández de Kirchner. No siempre es tan precisa la referencia corriente a la familia judicial.

Gustavo Hornos quedó en minoría porque propuso duplicar la condena, de 6 a 12 años, considerando a Cristina jefa de una asociación ilícita. Esto también hubiera subido la pena a los demás condenados, tal como había pedido el showman fiscal Diego Luciani. En cambio, Mariano Borinsky, que redactó el fallo, y Diego Barroetaveña, que adhirió, se limitaron a ratificar lo dispuesto por el Tribunal Oral que intervino en el debate.

Las relaciones entre Hornos y sus colegas de la Cámara de Casación son tensas desde que todos salvo uno remitieron al Consejo de la Magistratura una grave denuncia por violencia de género, presentada por una ex pareja del juez. Comodoro Py es una caldera a presión.

La víctima habló por primera vez en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, el 30 de agosto, ante un equipo interdisciplinario. Sin intervención de la mujer, esa Oficina derivó su relato al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional de turno. Su titular, Alfredo Godoy, se declaró incompetente ya que las acciones atribuidas a Hornos “no son exclusivamente de la esfera de la vida privada del Magistrado, sino que comprometerían su desempeño como funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que se podría haber visto entorpecido el legítimo ejercicio de sus funciones, afectado el buen funcionamiento de un servicio federal”. De este modo aludió a las frases de Hornos sobre el poder que su cargo le confería, asimétrico con el de la denunciante, a quien exigía que retirara la denuncia.

Hornos amenazaba a la mujer con hacerle sentir su poder y confiaba en que lo salvarían en la Corte Suprema, pasara lo que pasara. Según se afirma en tribunales, habría mencionado a más de uno de los jueces supremos. Durante la gestión de Lorenzetti, Hornos presidió la junta de cámaras federales y fue un alfil disciplinado del entonces presidente de la Corte.

El episodio adquirió un tono escandaloso porque Hornos y la mujer mantenían constantes discusiones telefónicas, mientras él estaba en su despacho. A menudo uno de los dos cortaba la comunicación y el otro insistía con llamados acuciantes hasta retomar la conversación, abundante en relatos de situaciones íntimas. Hablaban en detalle de temas escabrosos e identificaban a terceras personas. Hornos interrumpió uno de esos diálogos, explicando que estaba con otras personas, que “me miran horrorizado”. Otra vez, cuando él no respondía, la mujer llamó al conmutador, donde habló con un integrante de la Policía Federal, al que le contó más de lo que Hornos estaba dispuesto a soportar.

Violencia y cocaína

El juez Godoy remitió la causa a Comodoro Py, de acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuan. Sin dilación, el juez federal Sebastián Ramos la mandó al archivo, porque la víctima dijo que no había hecho ni tenía intención de hacer una denuncia penal, que sólo seguiría el caso en la justicia civil, que ya instruía la jueza de familia Paula Diana Marinkovich.

Marinkovich dispuso una serie de medidas de protección, que comunicó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Si Hornos violara la restricción, la policía debía auxiliar a la mujer y dejar minuciosa constancia escrita de lo sucedido. La jueza decidió que Hornos

• No podría acercarse a menos de 200 metros del domicilio de ella.
• No debería volver a presentarse en el club donde practica deportes su hijita.
• Suspendería todo contacto físico, telefónico, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada.
• Cesaría en los actos de perturbación o intimidación, directa o indirecta.

Otro expediente afín se instruyó en el juzgado en lo Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas a cargo de Javier Buján. La denunciante entregó una serie de audios con grabaciones de sus diálogos con el juez. Por pudor, no se publican. Un alto funcionario nacional dijo haber escuchado en una de esas causas a Hornos afirmar que el juez Rosatti le había pedido que confirmara la condena a CFK, pero El Cohete no pudo verificar si eso es cierto. Entre los audios, que sí escuchó, eso no figura.

Según la denunciante, su relación con Hornos se inició en mayo de 2015. En diálogo con El Cohete, dijo que se conocieron a través de amigos comunes, pero que recién fueron pareja en octubre de 2023, si bien nunca convivieron. La relación concluyó en julio de 2024, pese a que siguieron hasta el 15 de agosto en contacto.

El día clave fue el 16 de junio de 2024. Esa noche, dijo, Hornos se presentó en el departamento de ella y la agredió sexualmente, por sorpresa. Al describir la historia de esa relación dijo que fue dificultosa desde el comienzo, con agresiones sexuales, verbales y psicológicas, incluyendo amenazas que la asustaban.

También dijo que Hornos habría ejercido violencia con una pareja anterior y que podría “presentar consumo problemático de sustancias psicoactivas (cocaína)”, y no habría efectuado “tratamiento psicoterapéutico alguno”.

La pareja anterior es la primera esposa del funcionario judicial, con quien se casó en enero de 1986, a sus 29 años y de la que está separado. Antes, tuvieron nueve hijos. El 18 de octubre de 1987, ella denunció que Hornos la arrojó al suelo, le apoyó una rodilla en el pecho y le apretó el cuello. El peritaje comprobó lesiones coincidentes con ese relato. En menos de un mes, el 17 de noviembre de 1987, el juez Remigio González Moreno sobreseyó la causa y la envió al archivo. El Senado trató el tema pero no objetó la designación de Hornos como juez.

González Moreno no tuvo tan buenos amigos. En 2015, fue condenado por el mismo delito que Hornos a cuatro años y medio de prisión en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8. El juez Javier Anzoátegui lo juzgó responsable de lesiones graves a su pareja.

Pasión y emoción

El 12 de septiembre, la Cámara de Casación trató la denuncia por violencia de género. Los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Angela Ledesma, Juan Carlos Gemignani, Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, le pidieron a Hornos que se retirara. Y decidieron notificar al Consejo de la Magistratura. Sólo se opuso el juez Carlos Mahiques. Declararon la “preocupación institucional” por las “particularidades del caso”, y citaron el artículo 3 del Reglamento de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, según el cual ante un hecho u omisión de un magistrado que “pudiere configurar falta disciplinaria o causal de remoción” los tribunales de superintendencia deben notificar “al Consejo de la Magistratura todos los antecedentes en un plazo máximo de tres días”. La mayoría radical-procaz del Consejo, presidido por Rosatti, rehusó citar a Hornos para que formule su descargo. Pero ahora que ya recibió toda la documentación de las distintas causas abiertas, citará para esta semana o la próxima a la denunciante.

Es cuestionable que un acusado por violencia de género, cuyos colegas consideran que sea posible causal de remoción, pueda juzgar a una mujer. Sin embargo, los jueces de la propia Cámara Federal de Casación Penal rechazaron la recusación de Hornos presentada por Cristina.

El último día de septiembre, Hornos fue uno de los asistentes a la conferencia que Rosatti pronunció en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde dijo que la práctica jurídica debe incorporar las emociones, porque “la norma no es sólo texto. También es pasión, emoción y sentimientos”. Los suyos hacia Cristina son transparentes. Rosatti se alejó en malos términos del Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner, y CFK cuestionó su nombramiento en comisión por decreto del Poder Ejecutivo, en el tercer día del mandato presidencial de Maurizio Macrì. Los legisladores que le responden promovieron el juicio político de Rosatti, que duró varios meses pero no alcanzó los votos necesarios.

Una jurisprudencia peligrosa

Si se generalizara la jurisprudencia sentada por el Tribunal Oral que condenó a CFK y la Cámara Federal de Casación que lo confirmó, el ejercicio del Poder Ejecutivo pasaría a ser el empleo más insalubre del país. La ex Presidenta estaba a 13 jerarquías de distancia de los funcionarios de Santa Cruz responsables de las obras viales que los tribunales consideraron como un fraude a una administración. Las obras fueron aprobadas por el Congreso en los presupuestos nacionales y ni un testimonio mencionó alguna intervención de Cristina.

Con ese criterio, Juan Schiaretti iría preso por las muertes en el Neonatal de Córdoba, como acaba de recordar la ex Secretaria General de la Gobernación provincial, Olga Riutort. El propio Presidente Javier Milei estaría en dificultades si un comisario de su detestada Aerolíneas Argentinas molestara a una pasajera.

Igual de arbitrario que este disparate es el dictamen del fiscal Diego Luciani, respaldado por Hornos, quienes entendieron que estaban ante una asociación ilícita, de la que Cristina era la jefa. El problema es que no hay modo de fundamentar que Cristina se haya concertado con funcionarios nacionales y provinciales, ministros, legisladores y técnicos para realizar indeterminados delitos. Todos los testimonios adquiridos en la causa, por parte de funcionarios de distintos niveles, lo niegan. Tampoco hay en el millar y medio de fojas de la Casación una sola prueba que vincule a Cristina con algún delito, pero en la hojarasca redactada en críptico judicialés se disimula mejor.

Antes y después

Antes y después de la lectura de la condena, la ex Presidenta se refirió a la causa. El día anterior, en una declaración titulada “Los Copitos de Comodoro Py” dijo que Hornos, Borinsky y Barroetaveña cumplirían “la orden impartida por el Grupo Clarín publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa” que decía La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. 

Agrega que como Presidenta nunca pudo haber cometido el delito de administración fraudulenta, “ya que las obras viales fueron aprobadas por el Congreso en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación”. También incluye un dictamen firmado por el actual Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, según quien desde la reforma constitucional de 1994 “es el Jefe de Gabinete de Ministros quien ejerce la administración general del país y por lo tanto ejecuta el presupuesto”. Le corresponde la responsabilidad administrativa, civil y penal. La del Presidente es sólo política.

Las fechas de las principales resoluciones se fijaron con el calendario electoral. Ahora, con un mes de anticipación fijaron la lectura de la condena para el 13 de noviembre, “cuatro días antes de la fecha que estaba prevista para la elección de autoridades del Partido Justicialista”. El verdadero objetivo, añade, es “mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”. En esta misma edición podés leer completa esa declaración de la ex Presidenta. Al día siguiente de la condena, Cristina difundió un análisis del fallo realizado por la Inteligencia Artificial de Chat GPT. Es impactante su señalamiento del uso de pruebas indirectas e inferencias, la incorporación contradictoria de pruebas y hechos de otras causas, el uso de conceptos políticos como base jurídica, la cronología incoherente, la falta de análisis del riesgo jurídico, la confusión territorial y temporal de reuniones, la inexistencia de pruebas sobre un beneficio personal, la vulneración del principio de congruencia, todo lo cual vulnera principios fundamentales del derecho penal, como la congruencia, la presunción de inocencia y el debido proceso.

PASO a paso

Milei regresó exultante de Estados Unidos, donde participó en el encuentro de partidos de ultraderecha en Mar-A-Lago, la fortaleza del Presidente electo Donald Trump, quien le dio un espaldarazo superior a lo que Milei mismo esperaba.

Desde el escenario Trump elogió el “trabajo fantástico” que Milei realizó “en un lapso muy corto” para “hacer grande de nuevo a la Argentina”. También encomió el discurso que había pronunciado el Presidente argentino, aunque sólo escuchó sus últimas palabras porque llegó poco antes de que una asistente le cortara el micrófono y lo sacara del brazo como la enfermera que le cortó las piernas a Maradona. No pudo terminar su afirmación sobre “unirnos para formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental”. Esta vez tampoco pudo hablar con Trump más de un par de minutos, de dorapa en medio de la multitud. Pero la repercusión en los mercados financieros fue inmediata: cayeron el riesgo país y la cotización del dólar blue y el Banco Central pudo cerrar una semana de compras.

En la Argentina, también celebró la forma en que se impuso a los trabajadores aeronáuticos, que cedieron conquistas añejas de sus convenios, ante el temor al cierre anunciado desde el gobierno. Milei sabe aprovechar muy bien su fama de loco.

Cuando agonizaba el gobierno de Alfonsín, Julio Ramos anunció en el diario Ámbito Financiero (que era el equivalente del actual Infoemba), que en las elecciones presidenciales de 1989 apoyaría al populista frenético Carlos Menem, quien proponía un salariazo y la ruptura con Estados Unidos por el bombardeo a Libia, contra el radical conservador Eduardo Angeloz, que empuñaba el simbólico lápiz rojo de achicar gastos. Fundamentó esa posición inesperada, con perspicacia: el ajuste que el diario de negocios postulaba, sólo podía realizarlo el peronismo, ya que a cualquier otro que lo intentara, el peronismo le incendiaría el país. Pero la ecuación se ha invertido y sólo el antiperonismo puede embestir contra derechos, conquistas y/o privilegios, según los casos, de los trabajadores y de su representación sindical. Basta recordar los paros que realizaron la CGT de Moyano (pero también la CTA) cuando Cristina intentó una medida tan moderada como la modificación del impuesto a los ingresos. Así llegó el PRO al gobierno. La reconstrucción del peronismo para ofrecer una alternativa creíble es tan urgente como complicada, y el alzamiento de Axel Kicillof contra la conducción de Cristina, un obstáculo que nadie sabe cómo salvar. La nueva voz de orden en La Plata es “acordar la transición con ella”, pero mientras tanto desde la gobernación se están organizado juntas distritales en cada partido de la provincia para librar una batalla de kamikazes.