Horacio Verbitsky: El muñeco de plastilina – El Cohete a la Luna

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley Ómnibus de los Hermanos Milei, con 144 votos afirmativos contra 109 negativos. Pero falta el tratamiento en particular de cada artículo, es decir los detalles en los que se esconde el Diablo, que quedarán para la semana próxima, a partir del martes. Entre los principales temas pendientes está la pretendida derogación de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que desde marzo de 2021 exige una ley especial del Congreso que autorice

• la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras,
• toda operación de crédito público con el FMI, o
• la ampliación de los montos de esos programas,
• que no podrán destinarse a financiar gastos corrientes.

Además, se intenta eliminar la triple restricción de la ley de administración financiera, que sólo admite la reestructuración de una deuda si se reduce su monto, aumentan los plazos y disminuyen los intereses. Tampoco es lo mismo decir que se abrirán a privatización 41 empresas estatales que 37 ó 26, según los cambios sucesivos; que la privatización será parcial o total; que cada una requerirá una ley del Congreso o que el Poder Ejecutivo hará lo que se le antoje.

La cámara está fragmentada en bloques de distinto origen y filiación, y la única mayoría por ahora segura es la que se congrega para derrotar a la primera minoría peronista, un remedo del Grupo Ahhh!, que Patio Bullrich ideó y condujo en 2010 y que desembocó en la reelección de CFK en 2011. Como dijo el presidente del bloque de la UCR: Pegame y llamame Marta.

Para colmo, la falta de coordinación con el Senado augura que cuando un texto autenticado cruce al otro recinto del edificio, la danza se reanudará. No es imposible que el Senado sepulte la creación de Diputados y es más probable que haya una segunda ronda en Diputados para sostener o declinar los cambios que introduzcan los padres y madres de la Patria. Esto extendería el tratamiento del proyecto hasta marzo.  La ausencia de liderazgo es tan estridente, que Micky Vainilla, despeinado como nunca, debió asumir la conducción del oficialismo, para impedir que se levantara la sesión como reclamaba el kirchnerismo ante los fragores callejeros.

Miguel Pichetto, que con dos cuatros y un as de copas armó un bloque relevante de 23 miembros, reprochó la ausencia de representantes que defendieran las posturas del gobierno en el recinto. Su fastidio alcanzó a algunos libertarios que coincidieron en sus críticas con la oposición, como Carolina Píparo, quien anticipó que no convalidaría la reestructuración de deuda sin intervención del Congreso, la privatización del Banco Nación, el remate de acciones del Frente de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, o la anulación de la fórmula de ajuste previsional. Pero la mayoría de los libertarios prefieren el silencio en el Congreso y la diatriba en las redes antisociales. El reflejo oficialista de Pichetto no se deterioró en tres décadas.

Bastiones

Las transas con el Poder Ejecutivo no clarifican las posiciones, dada la multiplicidad de autoridades, formales y de facto, cuya injerencia ha hecho de una ley que pretende sentar las Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos un muñeco de plastilina, que cambia de forma y proporciones de acuerdo con los tironeos a los que es sometido. Así sucede desde que salió del quirófano de Federico Sturzenegger, quien contó con la generosa colaboración de los estudios jurídicos y contables que prestan servicios a las principales empresas con negocios en el país. Como dijo el pensador de Tandil Maurizio Macrì, todos aprueban el ajuste, “siempre que la mía esté”, de modo que existe una alta disposición a conceder en puntos específicos, pero no en los mismos. Cada cual tiene su bastión inexpugnable y por momentos se tirotean todos contra todos.

Antes de comenzar el debate en el Congreso, se supo que el dictamen a tratar había sido firmado en blanco, y que su contenido se negoció en el bar La Biela, que hizo famoso Adolfo Bioy Casares, y en el departamento aledaño del secretario parlamentario, Tomás Figueroa. Son lugares complicados para quienes hicieron campaña política denunciando a los pituquitos de Recoleta.

Pero esta ostensible causal de nulidad pasó a ser un pecado menor, una vez que el oficialismo y los bloques empeñados en mantenerlo a flote lograron en forma holgada el quórum para sesionar. El liquid paper y la borratina fueron empleados a repetición. Los discursos en el recinto fueron una acumulación de disparates, carentes de la menor coherencia.

Por lo menos Luis Caputo tenía la investidura de Ministro de Economía cuando anunció que se amputaría del proyecto todo el paquete fiscal, al advertir que no pasaría. Esto priva al Tesoro de diversas fuentes de ingresos y recuesta el compromiso de supresión del déficit sobre la eliminación de gastos. También posee una designación formal como Ministro del Interior Guillermo Francos, quien negoció otras adendas y supresiones, como la coparticipación del Impuesto PAÍS que reclamaban los gobernadores y que vetaron los propios Hermanos Milei. Otro que ostenta una representación formal es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aprende su ejercicio con lentitud.

Work in Progress

Pero la substitución del dictamen impreso que debía constar en el Orden del Día, por la imprecisa lectura a viva voz de Figueroa de los cambios acordados no se sabe por quién ni con quiénes, arrasó con los usos y costumbres parlamentarios. El dictamen siguió en construcción durante los tres días siguientes, a medida que distintos funcionarios del gobierno de los Hermanos Milei, incluyendo a los propios titulares de la marca, al vicejefe de Gabinete José Rolandi; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; a los secretarios de Finanzas y de Energía, Pablo Quirno y Eduardo Rodríguez Chirillo; al viceministro del Interior, Lisandro Catalán; al asesor Maximiliano Fariña, fueron negociando con gobernadores, diputados y empresarios enmiendas que aseguraran los votos esquivos para llegar a la media sanción. No lo consiguieron ni el miércoles ni el jueves. El reemplazo de la fórmula de actualización jubilatoria por bonos discrecionales, según la terminología que celebró el FMI, la delegación de facultades del Congreso al Presidente, la coparticipación de impuestos a las provincias y el descontrol de las privatizaciones, formaron parte de los últimos tironeos entre el gobierno y los colaboracionistas.

Mientras adentro se reiteraba este work in progress, una minoría intensa armada hasta los dientes agredió sin razón ni medida a jubilados, transeúntes y periodistas, cosidos a cartuchazos de caucho en las piernas, en la panza e incluso en la cabeza, a la altura de los ojos. Esta no era una necesidad que surgiera de las relaciones de fuerza en las cercanías del Congreso, sino de la lógica del programa que intenta someter al pueblo argentino a un régimen de ignominia. La idea es meter miedo y nadie la graficó mejor que el Presidente, en sus redes antisociales. Para celebrar la media sanción del Congreso escribió: “Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad”, pero la imagen es la de una multitud con banderas argentinas ingresando a una jaula cuya puerta sostiene abierta un león.

Algunos de los agredidos tienen claro el enemigo. Mientras las fuerzas federales saturaban el ambiente de gases, reclamaban la presencia de la CGT y acusaban a Máximo Kirchner por la designación de Daniel Scioli en el gabinete.

En cambio, la CGT denunció la “absurda, injustificada y desproporcionada represión” sobre los manifestantes, entre ellos el dirigente mecánico y diputado nacional Mario Manrique, “salvajemente golpeado cuando intentaba interceder para apaciguar la grave situación”. Para la conducción nacional de la CGT, el gobierno “está sembrando vientos sobre un pueblo necesitado de soluciones, no de delirios, ni de mentiras, ni de palos. Y si sigue insistiendo con estas políticas, más temprano que tarde necesariamente cosechará tempestades”. Tempestades como las que un millón y medio de personas anunciaron el 24 de enero.

Un informe aterrador

En simultáneo, el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo descarrilado con el anterior gobierno y firmó el asiento contable por el que el deudor canceló la cuota vencida con el propio acreedor. El informe del equipo técnico del organismo internacional aterra: corrigió las previsiones de desempeño de la economía para el año 2024 de +2,8% a -2,8%. No es pura pérdida de los trabajadores; también las empresas de la construcción se declararon en crisis terminal.

Al mismo tiempo, el FMI advirtió sobre el riesgo de un nuevo salto cambiario con significativo traslado a precios, por razones ostensibles para quien quiera verlas: la tasa de devaluación del 2% mensual fijada por el gobierno devora en pocos meses la devaluación inicial del 114%. Con humor involuntario, el FMI llama ancla cambiaria a ese mezquino deslizamiento, como si una inflación mensual del 25% fuera aceptable. Batir récords de velocidad con el freno de mano a fondo no es para celebrar. En una llamativa convivencia de datos con deseos, el staff report del Fondo presume que el país podrá renegociar con los bancos deudas por 57 billones de pesos que vencen este año. Escaldado con la Argentina, el FMI celebra el anuncio de un superávit fiscal de 2 puntos del producto, pero levanta la guardia ante el impacto social de las medidas para lograrlo, como los aumentos de tarifas, en lo que define como “un contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, caída del salario y alta pobreza”. Al mismo tiempo, alerta contra el atraso cambiario. Según el FMI la inflación de este año puede llegar al 250%. La estanflación no es un subproducto impremeditado, sino parte esencial del plan.

El anexo escondido

Tal vez lo más importante del proyecto de ley esté escondido en el anexo III bautizado como RIGI, por Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. O no tan grandes, ya que basta con 250 millones de dólares para activar sus privilegios. Dos informes de fuentes antagónicas explican en qué consiste. Uno fue elaborado por el estudio Marval, O’Farrell, Mairal, que atiende a muchas de las principales empresas extranjeras con intereses en la Argentina. Los sectores incluidos en el RIGI son aquellos en los que han mostrado interés esas empresas, como especificaron el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley y la Cámara Argentino Estadounidense (AMCHAM):

1. agroindustria
2. infraestructura
3. forestal
4. minería
5. gas y petróleo
6. energía
7. tecnología.

Podrán participar

1. sociedades anónimas, incluidas las SAU y las sociedades de responsabilidad limitada
2. sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero
3. las uniones transitorias y otros contratos asociativos
4. las sucursales dedicadas, es decir, aquellas sociedades que desarrollen una o más actividades que no forman parte del proyecto de inversión o posean uno o más activos no afectados al proyecto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el RIGI.

Para el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OCIPEX, se trata de un “nuevo estatuto legal del coloniaje”, que concede:

1. Privilegios impositivos: reducción de impuestos a las ganancias, créditos y débitos; reducción de la alícuota de dividendos y utilidades; amortización acelerada de impuestos.
2. Posibilidad de comprar acciones o instalaciones de empresas existentes privadas y públicas (como ARSAT, YPF o ENARSA).
3. Eliminación de derechos de importación y exportación.
4. Libre exportación de lo producido en nuestro territorio y eliminación de cupos de abastecimiento del mercado interno (otro tanto plantea el capítulo petrolero de la ley).
5. Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, por 30 años.
6. Libre disponibilidad de divisas generadas, sin restricciones del mercado de cambios.
7. Las controversias que surjan entre el Estado argentino y estas empresas serán solucionadas en tribunales extranjeros, como el CIADI.

En cambio, el RIGI no contiene incentivos a la industrialización: ni requisitos de inversión en Investigación y Desarrollo, con transferencia de tecnología; ni construcción de encadenamientos productivos y proveedores locales; ni referencia a la creación de empleo calificado y bien remunerado. De este modo, los beneficiarios serán grandes empresas extranjeras como los grandes contratistas del Estado en sectores como la energía, profundizando una estructura productiva primarizada, concentrada y extranjerizada.

Estos privilegios son contradictorios con el objetivo de déficit cero que plantea el gobierno de los Hermanos Milei. Al permitir la adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias de hasta un 15%, alentará una nueva etapa de concentración y extranjerización del capital, tal como ha ocurrido en anteriores ciclos neoliberales. En los ’90, una porción importante del flujo de inversiones que ingresaron se destinaron a la compra de la capacidad productiva instalada de empresas públicas o privadas sin un necesario aporte de capital o de nuevas inversiones. El proceso tuvo un fuerte sesgo desindustrializador, especulativo, extranjerizante, reprimarizante y llevó a un profundo deterioro del tejido productivo. Como no está vedada la aplicación del RIGI al caso de privatizaciones parciales o totales, el Estado podría terminar subsidiando los procesos de venta de sus activos.

Según OCIPEX, los beneficios en términos de Comercio Exterior afectarán directamente al mercado interno, ya que las empresas favorecerán una inserción meramente extractivista, ya que la producción no podrá ser sujeta a cupos de exportación que garanticen el abastecimiento interno (esto complementa la derogación de la Ley de Abastecimiento comprendida en el DNU 70/2023). Los alimentos, el combustible e insumos críticos para la industria podrían faltarle a los argentinos y argentinas.

Esto quita dos instrumentos esenciales para la política fiscal, de precios y de desarrollo: se perderían ingresos fiscales de sectores altamente competitivos, no se podrían desacoplar los precios locales del internacional y no hay cláusulas que garanticen el desarrollo de proveedores locales, transferencia tecnológica o compre nacional.

Una de las concesiones más gravosas radica en que los proyectos gozarán de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, durante 30 años. En este sentido, también prohíbe la creación de nuevos tributos o incremento de alícuotas a fin de incrementar la carga tributaria mediante aumento de tributos provinciales y/o municipales. Esto ata de pies y manos a todos los niveles estatales para establecer tributos, más allá de que cambien la situación y las necesidades nacionales.

Si el objetivo es aumentar las reservas para dar estabilidad en el mercado de cambios el régimen empeora la situación, al no disponer, al menos en parte, de las divisas que generan estas inversiones. Las concesiones en este aspecto son graves en términos de la renuncia del Estado argentino a la potestad de recaudar y controlar el mercado de cambios de una economía bimonetaria.

Por último, los derechos e incentivos del RIGI  se consideran inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones y cualquier controversia podrá ser sometida a arbitraje, por tribunales situados en el extranjero, como el CIADI.

La historia reciente demuestra que es posible atraer la inversión extranjera sin ceder soberanía fiscal, de recursos y jurisdicción, como se observa en este gráfico: el período con más alto nivel de Inversión Extranjera Directa fue durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un promedio de 14.255 millones de dólares anuales, superior al que obtuvo Macrì.

También en el Brasil de Bolsonaro, la Inversión Extranjera Directa cayó desde 2019, a pesar de su discurso pro mercado.

De la planilla a la realidad

El tránsito de las planillas de Excel a la realidad no se da sin sobresaltos. Cuando ya no le queda vestuario castrense por estrenar, el Ministro de Defensa, Luis Petri, no termina de poner fecha a la firma del decreto reglamentario de las leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia nacional, que permitiría asignar a las Fuerzas Armadas algunas tareas de apoyo a las policías ante agresiones que no provengan de Estados extranjeros. La distinción nítida entre defensa nacional y seguridad interior no está contenida en los decretos de 2006 y 2020 que los Hermanos Milei quisieran derogar, sino en las propias leyes, producto de acuerdos profundos elaborados a lo largo de las décadas post-dictatoriales. Todas ellas establecen “la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior” y explicitan las consecuencias de esa definición.

La ley de seguridad interior sólo contempla tres situaciones en las que las Fuerzas Armadas podrían intervenir fuera de su competencia primaria:

• dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada.
• prestando apoyo logístico a las operaciones de seguridad interior, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
• con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial.

Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”. Es decir, los militares no son el médico que debe operar (según la amorosa metáfora de Horacio Jaunarena), sino los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si un pirómano incendia el hospital.

Desde las filas castrenses no se ha manifestado el menor entusiasmo por la posibilidad de involucrarse en la seguridad interior y, en cualquier caso, se reclama la enmienda de las leyes que lo proscriben, algo políticamente imposible. Pero, además, los militares fueron sorprendidos por el anuncio oficial de que no cobrarán las cuotas pendientes de la actualización salarial dispuesta por el anterior gobierno y que tendía a equiparar sus ingresos con los de las fuerzas de seguridad. La explicación oficial es que se trató de anuncios políticos del ministro candidato Sergio Tomás Massa, para los cuales no había fondos presupuestados. Pero los recursos estaban contemplados en el presupuesto nacional, que los Hermanos Milei decidieron retirar del Congreso, para manejarse este año con las cifras congeladas de 2023.

Si quienes integran las filas actuales de las fuerzas no comprenden la lógica de un gobierno que pretende emplearlos para la represión interior, pero mantiene sus salarios por debajo de los policiales, quienes formaron parte de ellas en el pasado están que trinan por la invariada situación de quienes han sido condenados por Crímenes de Lesa Humanidad. Sus páginas de Internet rezuman amargura por la situación de “esos viejos que a nadie le importan”.