Tocado – Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna

Uno de los datos más impactantes de la presentación de CFK en Quilmes quedó para el final: sólo las exenciones impositivas que benefician a Marcos Galperín y sus mercados, de 103 millones de dólares en 2023, equivalen al dinero que el gobierno les retacea a las universidades nacionales y sus hospitales. Es probable que el dato sea recogido por el jefe radical Martín Lousteau, si se concreta su pedido de sesión especial del Senado para tratar pasado mañana el presupuesto educativo. Según su proyecto, debería recuperar todo lo perdido por la inflación y actualizarse en forma trimestral, como los alquileres. La ex Presidenta dijo que no desea el fracaso del gobierno de los Hermanos Milei pero está segura de que no puede tener éxito, y explicó por qué. Un modelo extractivista, basado en petróleo, gas, minería y el campo, sin valor agregado, tecnología ni industria, no genera empleo. No es anarco-capitalista sino anarco-colonialista, precapitalista, como el Virreinato del Río de la Plata. Podés leer su mensaje en esta misma edición. También precisó que los prestadores privados de atención médica son empresas de seguros, que deben ser reguladas dentro de ese régimen y recordó que su principal representante vive quejándose de que se funde, pero en vez de fundirse tiene ganancias que aplica a seguir comprando nuevas empresas. La ex presidenta recordó que los beneficios fiscales para promover la inversión tecnológica fueron implantados por Néstor Kirchner, pero que ahora que tanto Mercado Libre como Globant son grandes empresas, es hora de que comiencen a devolver parte de lo que han recibido.

En las redes antisociales, Cristina ya había vinculado la crisis educativa con el endeudamiento externo del país. Ayer lo completó. Al asumir Kirchner en 2003, la educación insumía el 3% del PIB y el pago de la deuda externa el 5%. En 2015, al concluir ella su segundo mandato, esa relación se había invertido: 6,3% del PIB para educación y apenas 1,5% para pagar deuda. “No fue magia”, concluyó. En cambio, no agregó ni una coma a lo que había expresado el jueves, luego de recibir al intendente del municipio sanjuanino de Rawson y a una de sus concejalas, que unificaron después de la interna líneas opuestas del peronismo. “Las únicas diferencias que puede haber, si las hay, es cuando uno piensa que hay que hacer una cosa con la economía, otro piensa que hay que hacer otra, ese tipo de cosas. Pero cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios”. Sí dijo que era necesario estudiar los temas en vez de decir pelotudeces en los medios sobre cómo mejorar la vida de los dirigentes. No se puede ir a la televisión a putear a otros compañeros.

También repitió su frase de hace exactamente un año sobre los usos del bastón de mariscal, que no es para dárselo por la cabeza a otros compañeros sino para ayudar a pensar una sociedad diferente.

Más temprano, durante la inauguración del Centro Cultural CCK en Avellaneda, el gobernador Axel Kicillof instó a enfrentar al neoliberalismo en las calles y a voltear en el Congreso sus leyes y decretos antipopulares. El intendente Jorge Ferraresi señaló que Avellaneda es el único partido donde hay un edificio denominado Cristina Fernández de Kirchner. Antes se proyectó un video donde Néstor Kirchner cuestiona el personalismo de los políticos e insta a escuchar la voz del pueblo. Ferraresi contó que venía de participar con Axel en un acto multisectorial en Ensenada por el dragado del canal Magdalena, cuando el gobierno nacional acaba de autorizar el dragado hasta 14 metros de calado del canal de acceso al puerto de Montevideo. La ex Presidenta se lo retribuyó en su mensaje, con una altura que marca con nitidez la jerarquía de su liderazgo irremplazable.

Luego de la descomunal movilización del martes 23, la Cámara de Diputados quedó a sólo cinco votos del quórum para tratar el mismo tema que ahora Lousteau promueve en el Senado. Los radicales se dividieron entonces, entre quienes se sumaron a la iniciativa y quienes se quedaron en sus despachos. El jefe nominal de ese sector escuchó en la puerta del Congreso la opinión que su actitud le mereció a un trabajador: “Sorete, da quórum para tratar el presupuesto”, le gritó un colectivero en el preciso momento en que decía que la gente lo trata muy bien en la calle.

Los peronistas no tendrán problema en apoyar la solicitud de Lousteau. Esa diferencia de actitud entre ambas bancadas y entre las dos cámaras también podría sentirse en el tratamiento de la circuncisa ley Bases y el paquete fiscal, que mañana comenzarán a debatirse en la Cámara de Diputados, donde además hay otro pedido de sesión especial para derogar el DNU70/23, que es la viga maestra que hasta ahora sostuvo la hiperactividad de motosierra y licuadora.

El porrazo

No vamos a hacer números sobre la movilización en defensa de las universidades nacionales, porque carecemos de un método incuestionable. Pero el ojímetro sí permite comparar magnitudes. En la Capital Federal, sólo el cierre de la campaña de Raúl Alfonsín en 1983 puede aproximarse a lo que ocurrió hace cinco días. Y remontándose a medio siglo atrás, la única vez que hubo más gente reunida fue en Ezeiza el 20 de junio de 1973, para recibir a Juan D. Perón. Pero ambos fueron actos partidarios y uno terminó en forma trágica.

En cambio, la pacífica convocatoria en defensa de la universidad pública, que dejó en ridículo la pretensión de forzarla a no pisar la calle, desbordó todas las clases sociales y las denominaciones políticas, logró el milagro de avenir agrupaciones antagónicas, como la izquierda marxista, el amarillismo procaz y todas las vertientes del sindicalismo peronista, además de bandos que no se ponen de acuerdo ni siquiera en qué día de la semana están, como

• el kirchnerismo,
• los seguidores de las heroínas radicales Elisa Carrió y Margarita Stolbizer,
• quienes permanecieron en el partido de Balbín y Frondizi,
• el socialismo light de Santa Fe, e incluso
• los nueve diputados libertarios bonaerenses que declararon su compromiso en defensa de la educación pública, que consideran “histórico orgullo de nuestro país”.

Otra característica que torna única la cita del martes 23 es que la Capital no recibió el aporte de contingentes del interior, porque actos similares se realizaron al mismo tiempo en todo el país. A la transversalidad política debe sumarse la amplitud etaria de la asistencia, que cubrió desde la niñez hasta la senectud.

Esto tiene que ver con el pasado. La educación pública obligatoria fue una pieza clave en el proyecto liberal del siglo XIX, impulsada por Domingo Sarmiento y Julio Roca. La reforma universitaria de la segunda década del siglo siguiente es la pieza más preciada de la identidad de la Unión Cívica Radical. La gratuidad universitaria llegó tres décadas después y enorgullece al peronismo, que también reivindica la creación de nuevas universidades en cada provincia y en buena parte de los municipios del conurbano bonaerense. Esa siembra comenzó en la década menemista y cobró envergadura en lo que el kirchnerismo llama la década ganada.

Pero también se relaciona con el futuro. La devaluación, la inflación consecuente, los aumentos de precios de alimentos y otros artículos de primera necesidad, el retraso de jubilaciones y salarios, la suelta de medicamentos, combustibles, transporte, alquileres, colegios privados y cuidado de la salud, han golpeado a todas las clases sociales.

Romper el canuto

El objetivo oficial es forzar a quienes acumularon dólares con compras hormiga a romper el canuto y volcarlos a la circulación. Pero los sectores medios que compraron dólares para proteger sus ahorros, sólo representan el 10% de quienes sustrajeron sus recursos del circuito económico del país y los remitieron al exterior o los guardaron en cajas de seguridad. Un trabajo ilustrativo al respecto fue publicado por el Área de Economía y Tecnología de FLACSO en conjunto con CIFRA, el centro de estudios de la CTA. Su autor, Eduardo M. Basualdo, sostiene que el 80% del monto fugado a partir del golpe de 1976 corresponde a grandes empresas (tanto grupos económicos locales como extranjeros) y equivale a más de un Producto Interno Bruto. El 10% restante se debe a los accionistas y funcionarios de esas mismas empresas. Estas son las proporciones exactas del principal problema que impide el desarrollo argentino.

Por eso, el recurso al canuto tiene un límite, que pronto se sentirá no solo en la microeconomía, sino también en la macro que enceguece a Milei. Las clases medias avizoran un porvenir más oscuro que los escenarios en los que perora el Presidente bufón. Esos sectores comienzan a sospechar que no se trata de un sacrificio transitorio, para corregir distorsiones y retomar el crecimiento y su distribución, sino que el cambio de pantalla será permanente y que afectará a sus hijos, que deberán conformarse con prestar servicios mal pagos para los pocos privilegiados, al estilo de las décadas de 1880 a 1910, con unos pocos potentados y un ejército de menesterosos que eran albañiles en las obras públicas, levantaban sus cosechas, faenaban sus reses, mantenían sus palacios, les cortaban el pasto, limpiaban su ropa, les cocinaban, conducían sus vehículos y los afeitaban. Sincero como pocos, Bertie Benegas Lynch llegó a decir que la educación no debería ser obligatoria, que los padres podrían decidir que sus hijos los ayudaran en el taller. Es el muchachón que propuso privatizar el mar y las ballenas.

Anacrónica y disparatada

Vinculada con el tema de la fuga, esta semana recibí una acusación tan anacrónica como disparatada: haber censurado una nota sobre el tema en 2002. Si fuera por el autor, no merecería respuesta. Pero en 22 años una nueva generación asoma a la vida política y no tiene cómo conocer los hechos.

Durante 2001 se produjo una vertiginosa salida de capitales,  que concluyó con la bancarrota de la convertibilidad y del gobierno de Fernando De la Rúa, quien había conseguido los fondos por medio del megacanje y el blindaje (“Qué lindo es dar buenas noticias”). La Cámara de Diputados formó entonces una comisión investigadora, que presidió el legislador cordobés Eduardo Di Cola. A su pedido, lo puse en contacto con el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, encabezada por Basualdo, que actuó como equipo técnico de la Comisión.

En noviembre de 2002, la dirección del diario Página/12 me informó que un colaborador había presentado una nota con los nombres de algunos de los responsables de la fuga. Opiné que se trataría de una divulgación prematura, que cubría un porcentaje minúsculo del universo en estudio y que sería utilizada por quienes se oponían al avance de la investigación, que eran muchos, dentro y fuera del Congreso. Matías Kulfas, que integraba el equipo técnico, y Basualdo, que lo conducía, se dirigieron a la dirección del diario precisando la inconveniencia de una publicación a destiempo.

Basualdo comunicó al director del medio que para obtener “un listado parcial de nombres y montos remitidos al interior”, ese periodista “abusó de su relación con uno de los investigadores”, quien le advirtió que era apenas una parte de una investigación en curso y que pertenecía a la comisión Di Cola.

En octubre de 2003 la Comisión concluyó su trabajo, la Cámara de Diputados lo aprobó y ordenó su publicación, con lo cual se constituyó en un documento oficial, que fue enviado a la justicia y a la AFIP. La Comisión logró establecer que el 87% de las transferencias fue realizado por empresas. El 70% de las transferencias de esas empresas correspondió a firmas que integran la cúpula de las primeras 200 del país. Esto confirma el estrecho grado de correlación entre la salida de divisas y el capital más concentrado. (De lo cual se desprende tanto la facilidad técnica como la dificultad política de cortar esa hemorragia y sugiere que el camino para obturarla no es acorralar al pequeño que no conoce otra forma de cubrirse, sino regular con las facultades del Estado a los más poderosos).

La banca privada extranjera concretó el 75% de los montos transferidos al exterior durante 2001. Los bancos privados, encabezados por el Citibank, el HSBC y el Río han desempeñado un rol fundamental en la dinámica de acumulación y concentración, comportándose como facilitadores de los residentes argentinos de altos patrimonios, de las empresas multinacionales y grupos económicos transnacionalizados. Un elemento indispensable para ello es la confidencialidad y el secreto bancario. La Comisión Di Cola logró romperlos, para lo cual debió vencer la reticencia de los bancos y de la AFIP, entonces a cargo de Alberto Abad.

Cité su informe como antecedente ineludible en 2020, cuando publiqué en El Cohete los listados de la investigación realizada por el Banco Central respecto de la fuga entre 2015 y 2019, tanto de empresas  como de personas físicas.

No conozco ni me interesan las motivaciones de este revival de una historia tan antigua, pero conviene precisar la realidad de los hechos, para que ningún griterío sobre detalles triviales los desvirtúe.

Siempre la valorización financiera

En otro trabajo de CIFRA y FLACSO, Pablo Manzanelli considera interesante el último documento de Cristina Fernández de Kirchner en el que afirma que “los problemas en la balanza de pagos se producen por apertura indiscriminada de la cuenta capital, el ingreso de capitales especulativos y la toma de deuda para cubrir la salida de estos”. Manzanelli, quien es el director de CIFRA, sostiene que la clave de la crisis de deuda está en la fuga, que no sólo se produce en las experiencias neoliberales, sino también bajo “gobiernos nacionales y populares en los que se logró restructurar la deuda externa en forma sostenible (2003-2015) pero no se pudo imponer un patrón de acumulación distinto al de la valorización financiera, abriendo campos de inversión en la industria que desalienten estructuralmente la fuga de capitales. Lo propio ocurrió durante el gobierno del Frente de Todos aunque, en este caso, no se avanzó en una reestructuración sostenible de la deuda externa contraída durante la gestión de Macri”. De todos modos, es sideral la distancia entre esos intentos fallidos de contener la fuga y la definición del actual Presidente, que consideró héroes a quienes la llevaron a cabo, porque entiende que así escaparon de “las garras del Estado”, al que considera como una organización criminal porque cobra impuestos.

Dimes y diretes

El primer sorprendido por la magnitud y la composición de las protestas en defensa de la educación pública fue el Presidente, quien corre el riesgo de creer en su propio discurso, cada día más alejado de la realidad. Su respuesta fue negar que pensara cerrar o arancelar la educación pública. Tanto él como su vocero Adormi y la Vicepresidenta Villarruel lo atribuyeron a mentiras de la casta. Pero la enumeración de declaraciones, propias y de sus colaboradores, anunciando lo que ahora niegan, es irrefutable. Ya en diciembre de 2015, Milei consideraba formidable una definición del rector de la UCEMA, Edgardo Zablotsky, para quien la educación pública es “un mito”.

En julio de 2016 se refería a la universidad pública como “un mamarracho”, y despreciaba a sus docentes con imágenes burdas:

El 17 de abril de 2022 dijo que las universidades públicas eran centros de adoctrinamiento, y sus militantes colgaron frente a la Universidad Nacional de La Matanza un pasacalle que llamaban parásitos a sus estudiantes y los intimaban a pagar por su educación.

El 14 de agosto del año pasado dijo que, de llegar a la presidencia, “la educación dejará de ser gratuita y obligatoria “, y negó que fuera “un derecho”. Para el entonces candidato, “la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”. En una entrevista con la amistosa señal de noticias por cable de La Nación, dijo que la educación pública era una máquina de formar cerebros marxistas que nos empobrecen.

El 26 de marzo de este año, en el foro empresarial Iefa Latam, repitió que la educación pública había hecho mucho daño, lavando el cerebro de la gente.

El 21 de abril, el ministro de Economía Luis Caputo calificó de berrinche la defensa de la universidad pública. Y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, afirma que se propone “hacer mierda el sistema público de educación superior”.

Según la misma fuente, en su primer mes y medio de gestión Álvarez “les pisó el presupuesto a las universidades y las dejó al borde de no poder abrir sus puertas. Las instituciones deben hacer equilibrio con los mismos fondos que en enero de 2023 licuados por 288% de inflación”.

Un análisis del presupuesto del sistema universitario nacional realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que

• Sin una ampliación presupuestaria, este sería el nivel más bajo de financiación universitaria desde el año 1997.
• Para 2024, el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72% más bajo en comparación con el año anterior.
• La ejecución presupuestaria del primer trimestre refleja una reducción del 34% frente al mismo período del año pasado.
• La caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional.

Aquí el informe completo.

El 80% del presupuesto se destina al pago de salarios, cuyo atraso puede apreciarse en un hilo del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El jueves, el diario La Nación le atribuyó a la actual ministra Diana Mondino una frase pronunciada ante miembros del establishment en el Círculo de Armas: “Miren lo que Javier va a hacer, no lo que dice”. Esa máxima pierde la mitad de su valor porque sobre cada tema Milei dice si, no, ni y todo lo contrario. Según el informe de Yacobitti, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 los salarios en la UBA aumentaron la mitad que los del sistema nacional de empleo público y una tercera parte de la inflación.

Esto es lo que Milei hace. Como aconseja Mondino, no hay que interesarse por lo que dice.

Qué será, será

Los sindicatos de trabajadores consiguieron que se excluyera de la lista de empresas a privatizar al Banco Nación (la Asociación Bancaria juntó un millón de firmas con esa demanda) y podaron 45 artículos de la reforma laboral. El texto ya no elimina la ultra-actividad de los convenios ni prohíbe las contribuciones solidarias de los no afiliados y los aportes patronales a los sindicatos. Tampoco amplía la nómina de servicios esenciales en los que se limita el derecho de huelga ni suprime la irrenunciabilidad de derechos ni la presunción en favor del trabajador en caso de duda. No permitirá ampliar la jornada a 12 horas, suprimir francos y horas extras, rebajar la indemnización por despido, pagar el sueldo fuera del sistema bancario, reducir la tasa de interés en juicios laborales y abonar las sentencias en doce cuotas.

Pero mantiene o incluye la derogación de sanciones por trabajo o pago de parte del salario en negro, el registro tardío o falso de la relación laboral, la falta de pago de indemnizaciones por despido, no entregar certificado de trabajo y aportes, quedarse el empleador con el dinero retenido a los trabajadores por aportes. También lleva hasta un año el periodo de prueba, permite suprimir el derecho constitucional de protección contra el despido arbitrario (y reemplazarlo por fondos de cese, que serán las nuevas AFJP), consiente los despidos discriminatorios, impide la declaración de nulidad y la orden de reinstalación y carga al trabajador la prueba de la discriminación (prueba diabólica). Reduce la indemnización por despido para los trabajadores rurales, habilita la interposición de empresas de servicios temporarios en la actividad rural y deja de sancionar el trabajo en negro de trabajadoras/es de casas particulares.

Como en las películas hegemónicas de tiros y autos, el gobierno de los Hermanos Milei avanza hacia la meta disparando en todas las direcciones, sacando chispas al dejar piezas en el camino. De ese modo, el jueves consiguió dictamen de mayoría para su proyecto de Bases Circuncisas, que sólo comprende 232 artículos de los más de 600 de la versión original que chocó en febrero, y para su paquete fiscal, que incluye el régimen de incentivo para grandes inversiones. Para el GAFI, ese RIGI y los artículos del blanqueo podrían convertir a la Argentina de los Hermanos Milei en una guarida fiscal.

Mañana comenzaría su tratamiento en el recinto de Diputados. El gobierno se ilusiona con obtener la sanción de esa Cámara el miércoles y remitirla al Senado, donde anhela que se convierta en ley a pocas horas de cruzar la raya del 25 de mayo. A la luz de la experiencia de febrero, el gobierno negoció hasta que doliera con bloques legislativos, gobernadores y grupos de interés, en un tardío reconocimiento del principio de la impenetrabilidad de los cuerpos, que desaconseja acelerar cuando un muro se alza en el camino. Para evitar que se repita la historia, decidió que el tratamiento en particular no se haga por artículo ni por inciso, sino por capítulo. Las consecuencias de este reemplazo de la tijera por el martillo puede tener consecuencias aún peores para el proyecto. El tropezón ya amenaza en el artículo 1°, que declararía “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética” y delegaría su aplicación en el Poder Ejecutivo por un año. Si no se aprueba, el resto es papel mojado.