Persecución y distribución

Persecución y distribución

Por Artemio López

El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde cero representa la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y uno representa la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano). En otras palabras, el índice de Gini cuantifica cuánto de igualitario o desigual es el reparto de ingresos en una población.

Para calcular el índice de Gini, se utilizan las proporciones acumuladas de población y de ingresos. En resumen, cuanto mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población.

En la Argentina, la política neoliberal ha dejado niveles extremos de desigualdad. El Gini que había dejado la crisis del año 200, tras casi un cuarto de siglo de políticas sociales y económicas neoliberales arrojaba en un extravagante 0,538 para el año 2002, según el Banco Mundial.

Tras doce años de proyecto popular democrático los tres gobiernos peronistas desplegados entre los años 2003 y 2015 fueron muy exitosos no solo en crecimiento económico y atraer inversiones sino en incluir socialmente a millones de argentinos que habían sido sumergidos en la pobreza y el desempleo.

La inclusión durante la década ganada fue tan contundente que cuando culmina su gestión CFK deja un GINI de 0,427 un descenso notable en los niveles de concentración del ingreso como se ve en el gráfico. Reiniciado el ciclo neoliberal con el macriato la desigualdad vuelve a crecer hasta ubicarse en 0,450 nivel que no desciende al final de la gestión del FDT.

Pues bien, en solo 6 meses logra Milei marca el peor registro de desigualdad medida por GINI en 16 años, 0,4627. Peor aún, la proyección muestra que se obtendrá igual nivel a los de la crisis del año 2001en el 1er. trimestre de 2025.

Llevar la desigualdad en solo el primer trimestre del año 2024 a niveles del año 2008 tendrá inexorablemente consecuencias sobre la popularidad del presidente y su gestión y finalmente será duramente sancionado en las urnas por propios y extraños.

Sin embargo esa consecuencia parece tan democrática como muy menor respecto al precio a pagar por reducir los niveles de inequidad de manera sostenida y contundente. Le pasó a Juan Perón y le pasa aún hoy a Cristina Fernández.

Los líderes populares fueron siempre perseguidos por el aparato judicial.

Para no revisar la historia demasiado, después del golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el líder popular del radicalismo fue preso y su casa fue saqueada. Fue acusado de todo tipo de corrupción y de negociados.

Matías González Sorondo, político conservador y asesor de la Standard Oil (hoy Axion, de Rockefeller) y ministro del Interior del dictador Uriburu, dijo: “El yrigoyenismo está compuesto por una horda, un hampa que había acampado en las esferas oficiales, comprándolo y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la Patria”.

Más contemporáneamente Juan Perón tuvo 120 causas judiciales y Cristina Kirchner 534 causas.

El motivo que consideramos determinante en la persecución del aparato judicial a Juan Perón y Cristina Kirchner fue la afectación de intereses para lograr una mejora notable en la distribución del ingreso.

Intentar construir una sociedad más equitativa resulta intolerable para los sectores dominantes y el aparato de estado judicial.

Por ese motivo persiguieron, intentaron matar y proscribieron ayer a Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón y hoy persiguen proscriben e intentaron asesinar a Cristina Kirchner el 1 de setiembre del año 2022.

Ese día aciago Cristina Kirchner sufrió un intento fallido de femimagnicidio, y recién esta semana se inició el juicio sobre la autoría del hecho.

La esperanza de esclarecimiento es poca. Como señala Juan Martin Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires:

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