Modificaciones legales estructurales de la dictadura

Modificaciones legales estructurales de la dictadura

Columna de Natalia Salvo

Este lunes en Caballero de Día, Natalia Salvo realizó su segmento semanal donde explicó cómo la última dictadura cívico-militar introdujo reformas legales que aún hoy impactan en el país. Señaló que conceptos como el «estado de excepción» y la «teoría del enemigo interno» fueron puertas de entrada a discursos dictatoriales. Recordó que el 24 de marzo de 1976 se disolvió el Congreso mediante el Acta del Proceso N° 21.256, que creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y técnicos jurídicos, encargados de redactar leyes que facilitaron el avance del plan económico del régimen.

Además, Salvo remarcó que los cambios legales promovidos por la dictadura respondieron a demandas del sector empresarial que, en febrero de 1976, reclamó un gobierno que garantizara «el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresariado». Entre las medidas destacadas mencionó el decreto 9/76, que intervino la CGT y prohibió la actividad gremial; la Ley de Prescindibilidad N° 21.274, que permitió el despido de trabajadores sin sumario previo; y la eliminación del fuero sindical, una protección clave para los representantes gremiales.

En el plano económico, la dictadura implementó la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, que aún permanece vigente y fue un pilar del modelo neoliberal. Además, se promovió la caída de beneficios en los convenios colectivos de trabajo, lo que implicó fuertes reducciones salariales. En febrero de 1977, el decreto de caducidad sindical dejó sin afiliados a los gremios, afectando gravemente la organización de los trabajadores, quienes debieron reorganizarse bajo condiciones adversas.

Salvo también denunció la complicidad empresarial en la desaparición de trabajadores, señalando que muchos fueron intimados a presentarse en sus empleos para luego ser despedidos por «abandono de trabajo». Explicó que el poder judicial, que no fue democratizado tras la dictadura, fue cómplice de estas maniobras y que, al no haberse juzgado a todos los responsables debido a la «impunidad biológica», las ideas del régimen siguen vigentes en la actualidad.

Finalmente, recordó que la dictadura incrementó la deuda externa de 7.000 a 45.000 millones de dólares y estatizó la deuda privada de grandes empresas como Alpargatas, el Grupo SOCMA y Bunge & Born, con el decreto 1603 de 1982. La inflación nunca bajó de tres dígitos, el salario perdió un 17,3% de poder adquisitivo, desaparecieron 23.000 pymes y la pobreza alcanzó el 18%. «No fue el peronismo», remarcó Salvo, «fue la dictadura cívico-militar la que empobreció al país».

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