Los números del financiamiento universitario

En su columna de economía, Valentina Castro analizó el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las universidades públicas, advirtió sobre el deterioro salarial docente y denunció un nuevo recorte presupuestario anunciado horas antes de una nueva movilización en defensa de la educación superior.

Castro aseguró que las universidades públicas atraviesan una situación crítica como consecuencia del ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional, y sostuvo que la movilización universitaria convocada para este martes encuentra fundamento en “más que argumentos” frente a un recorte acumulado del 45% en el financiamiento del sistema.

Durante su habitual columna económica, Castro explicó que el conflicto universitario se inscribe en una disputa que ya atravesó reiteradas instancias legislativas. “Estamos hablando de una ley que se votó cuatro veces para recomponer el nivel de ajuste de 2023”, recordó.

Según detalló, desde la asunción del presidente Javier Milei, el presupuesto destinado a las universidades sufrió un recorte del 45%, mientras que los salarios docentes registraron una caída nominal del 34%. Sin embargo, al medir el impacto sobre el poder adquisitivo, la pérdida salarial asciende al 41%.

“Hoy el salario de un docente titular o de un jefe de trabajos prácticos ronda los 500 mil pesos, muy por debajo de la canasta de pobreza, que está cerca de 1.400.000 pesos”, señaló.

Castro también cuestionó que, a pocas horas de la nueva marcha universitaria hacia Plaza de Mayo, el Gobierno haya oficializado por Boletín Oficial un nuevo ajuste de 3 billones de pesos, que incluye una reducción de 5.000 millones destinados a obras de infraestructura universitaria.

“Cuando ajustan a la universidad no solo ajustan salarios: ajustan servicios básicos, infraestructura y condiciones de acceso”, remarcó.

La analista vinculó el recorte al objetivo oficial de sostener el superávit fiscal, aunque consideró que ese equilibrio es “bastante ficticio” y se explica principalmente por el ajuste sobre jubilaciones, universidades y transferencias a las provincias.

“Casi el 70% del ajuste lo explican los jubilados; otra gran parte, las universidades, y otra, las provincias, que además empiezan a endeudarse para cubrir sus necesidades”, indicó.

En ese sentido, mencionó que distritos como Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires evalúan volver al mercado de capitales para tomar deuda, lo que consideró otro síntoma de las tensiones del modelo económico actual.

Castro advirtió además que el ajuste promedio del gasto público se mantiene en torno al 30% mensual desde el inicio de la gestión libertaria, aunque cambien los sectores afectados.

“Las universidades vienen perdiendo tiempo desde 2024 y ya no se aguanta más. Están permanentemente en peligro de extinción”, afirmó.

La economista también alertó sobre el desmantelamiento de políticas de permanencia estudiantil, como becas y programas de acompañamiento, al señalar que “no alcanza con que exista la universidad pública: también hay que poder llegar y sostenerse dentro de ella”.

“Hay que discutir qué pasó con programas como Progresar, con el boleto universitario y con todas las herramientas que permitían que estudiantes de sectores populares no abandonaran”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno comienza a perder el respaldo de sectores que hasta ahora acompañaban el ajuste bajo la expectativa de una mejora futura.

“Se rompió esa lógica de soportar porque algo mejor iba a venir. Hoy ya no hay promesa de esperanza ni de futuro. Ni siquiera dicen que después van a recomponer los salarios docentes”, concluyó.

Y agregó: “La universidad pública es una consigna que nos amontona y nos obliga a salir a defenderla”.