Los derechos humanos que desvelan a China

Beijing lanzó un plan quinquenal de DD.HH. que reaviva el debate con Occidente y defiende que el desarrollo colectivo es el verdadero eje de la dignidad humana. El programa reserva un capítulo para la IA, los algoritmos y la protección de datos personales.

Por Fernando Capotondo

La modernización de 175.000 kilómetros de cañerías, la renovación de 500.000 viviendas rurales, el aumento de la esperanza de vida a 80 años y la reducción de la mortalidad infantil al 3,5 por mil son algunas de las metas del Plan Estatal de Acción sobre Derechos Humanos (2026-2030), que fue presentado hace semanas en Beijing. Para cualquier lector acostumbrado a asociar los DD.HH. a los pilares de Memoria, Verdad y Justicia, el inventario chino puede resultar por lo menos desconcertante.

La explicación aparece en la propia lógica del pensamiento chino: el desarrollo colectivo es la base sobre la que se estructuran todos los derechos. No hay nada más relevante. Por eso, el empleo, la vivienda, la salud y la educación ocupan un lugar central en la agenda estatal, a diferencia de las democracias occidentales, donde el debate público de los DD.HH. suele enfocarse en las libertades civiles y políticas.

Este contraste conceptual se vuelve todavía más evidente al observar algunas experiencias de América Latina. En países como la Argentina, la defensa de los derechos humanos nació como una trinchera de resistencia civil frente a la violencia sistemática del Terrorismo de Estado. Para la memoria histórica de la región, los DD.HH. han tenido como misión preservar las garantías individuales y el debido proceso, como límites infranqueables frente a los abusos del aparato estatal. Es una concepción eminentemente defensiva.

Beijing ensaya el camino inverso. En su tradición política, el Estado es conceptualizado como el motor indispensable y el garante del bienestar colectivo. Mientras que en Occidente los derechos humanos se conquistan frente al Estado, en el modelo chino se realizan a través de él; una diferencia que a menudo transforma las relaciones internacionales en un diálogo de sordos, donde ambas partes utilizan la misma expresión para referirse a dos ideas del mundo completamente distintas.

De la pobreza a la IA

Esa búsqueda del desarrollo colectivo atraviesa toda la arquitectura del nuevo plan. Dividido en ocho capítulos, es el quinto que China publica desde 2009 con una estructura casi inalterada. Comienza por los derechos económicos, sociales y culturales; continúa con los civiles y políticos; luego incorpora los ambientales y concluye con capítulos dedicados a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El orden no responde al azar. Refleja la jerarquía de prioridades que Beijing sostiene desde hace décadas.

Desde esta perspectiva, las autoridades suelen presentar como uno de sus principales logros haber sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas y haber conformado una clase media de alrededor de 400 millones de habitantes, con perspectivas de ampliarla hasta unos 800 millones hacia 2035. Para el gobierno, estos avances no constituyen únicamente indicadores económicos. También forman parte de su balance en materia de derechos humanos.

Uno de los principales toques de distinción es que el documento evita las formulaciones genéricas y fija no pocos objetivos cuantificables para 2030. Los gobiernos locales deberán renovar 500.000 viviendas rurales, rehabilitar 115.000 complejos residenciales antiguos y construir o modernizar 175.000 kilómetros de redes urbanas de agua. La esperanza de vida deberá alcanzar los 80 años, la cobertura de agua corriente en las zonas rurales llegará al 98 por ciento, la mortalidad infantil descenderá hasta 3,5 por mil y la tasa bruta de matriculación en la educación superior aumentará del 60 al 65 por ciento. En China, los planes quinquenales suelen medirse mejor con una calculadora que con un discurso.

Hay un capítulo dedicado a los llamados derechos emergentes. La inteligencia artificial, la economía digital y la protección de los datos personales dejan de aparecer como asuntos exclusivamente tecnológicos para ingresar en la agenda de los derechos humanos. El plan prevé fortalecer la legislación sobre privacidad, ampliar los mecanismos de supervisión de algoritmos y promover el uso de tecnologías digitales con el objetivo declarado de mejorar el bienestar de la población. Durante décadas, el futuro chino se construyó en las fábricas. Ahora también se programa en un algoritmo.

Otro capítulo apunta a la educación en DDHH. Propone incorporar estos contenidos en distintos niveles de enseñanza, fortalecer los centros de investigación especializados y desarrollar nuevas herramientas digitales para su difusión. El programa también busca involucrar más a las empresas mediante mecanismos de evaluación sobre responsabilidad social y derechos humanos, especialmente en las contrataciones públicas. En ese esquema, los derechos humanos dejan de ser una discusión reservada para abogados y diplomáticos. También pasan por las aulas, las empresas y las oficinas públicas.

Un debate abierto

Entre los asistentes al Foro 2026 sobre Gobernanza Global de Derechos Humanos, donde se presentó el plan, hubo especialistas que valoraron esta concepción amplia que se plantea en China. Marco Cabero, presidente de Países de la Ruta Andina para la Ciencia y la Tecnología, sostuvo que «no puede haber desarrollo cuando se vulneran los derechos humanos» y advirtió que ningún crecimiento económico puede considerarse exitoso si perjudica a las personas, al ambiente o a la cultura de una sociedad. A su juicio, “el desarrollo sólo adquiere sentido cuando mejora efectivamente la vida de la población”.

En la misma línea, Dayron Valido Escalona, especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en asuntos socio-humanitarios, consideró que China registró avances en materia de derechos humanos durante los últimos años y vinculó esos progresos con la capacidad del Estado para destinar recursos al fortalecimiento de políticas sociales. Según su análisis, las posibilidades económicas de cada país condicionan, en buena medida, el alcance efectivo de esos derechos.

De más está decir que no todos los académicos observan el fenómeno desde el mismo lugar. Randall Peerenboom, profesor de Derecho y uno de los especialistas occidentales que más investigó el sistema jurídico chino, lleva años cuestionando los dos extremos del debate. Reconoce avances sociales difíciles de ignorar, pero advierte que eso no vuelve irrelevante el debate sobre las libertades civiles y políticas. Mirar sólo una mitad del tablero, sostiene, conduce a diagnósticos incompletos.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalan que los avances en salud, educación o la reducción de la pobreza no reemplazan la necesidad de garantizar plenamente algunas libertades civiles y políticas que son objeto de denuncias públicas. Desde esa perspectiva, los indicadores sociales constituyen un avance importante, pero no bastan para evaluar de manera integral la situación de los DDHH. Ahí sigue latente la mayor brecha entre ambos modelos.

La discusión probablemente seguirá abierta mucho después de 2030. Las definiciones continuarán enfrentándose en informes, conferencias y foros internacionales. Mientras tanto, China ya dejó planteado otro interrogante. Si una familia consigue vivienda, trabajo, educación, atención médica y una vida más larga, ¿eso forma parte de los derechos humanos o es apenas una consecuencia de ellos? Beijing cree tener la respuesta. El resto del mundo sigue discutiendo la pregunta.