Loop del pasado

En su habitual columna en Caballero de Día, la abogada laboralista Natalia Salvo se refirió a una lectura sistémica de las reformas impulsadas por el Gobierno, vinculó los cambios laborales con la política tributaria, ambiental y penal juvenil, y advirtió sobre un retroceso histórico en materia de derechos sociales y laborales.

Al inicio de su columna, Salvo sostuvo que las iniciativas oficiales deben analizarse como parte de un mismo proceso y no de manera aislada. “No se puede hablar de reforma laboral sin hablar de la persecución a monotributistas, la recategorización compulsiva y el cómputo de todos los pagos en billeteras virtuales”, afirmó.

Según planteó, las medidas impactan de forma directa en el “pueblo trabajador argentino” y se inscriben en un esquema que también incluye la discusión sobre la ley de glaciares, el régimen penal juvenil y eventuales cambios previsionales.

Salvo cuestionó las modificaciones a la protección ambiental y trazó un paralelismo histórico con el acuerdo Roca-Runciman de 1933. En ese sentido, defendió la vigencia de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, sancionada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que resguarda recursos hídricos estratégicos frente a un modelo de “primarización” de la economía.

También se manifestó en contra de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y aseguró que la evidencia internacional demuestra que esa medida no reduce el delito juvenil. A su entender, el endurecimiento penal forma parte de un esquema que combina reforma laboral y “represión”, en línea con exigencias de organismos internacionales de crédito.

En relación con la reforma laboral, afirmó que “no tiene nada de laboral” porque —según explicó— desde su primer artículo delimita a quiénes no alcanza la protección del derecho del trabajo consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “Se desprotege el trabajo: salario, jornada, estabilidad”, señaló.

La abogada puso el foco en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que definió como “el aspecto nodal del fraude” de la reforma. Comparó el esquema con el sistema de capitalización de las antiguas AFJP y sostuvo que podría derivar en que “los propios trabajadores financien los despidos”, bajo administración de fideicomisos financieros.

Asimismo, advirtió sobre cambios en la estructura judicial laboral. Según indicó, la reforma implicaría la reducción del fuero del trabajo, con juzgados vacantes cuyas causas serían redistribuidas, y establecería que la Corte Suprema actúe como tribunal de casación específico en materia laboral, lo que limitaría la autonomía de los jueces de primera y segunda instancia.

Salvo evocó debates de la década de 1990 encabezados por el exdiputado Héctor Recalde y alertó que las reformas actuales suponen un retorno a esquemas previos a la consolidación de derechos laborales del siglo XX. “Estamos ante un gran loop del pasado”, resumió.

Finalmente, vinculó el avance de estas iniciativas con la situación judicial de la exmandataria y sostuvo que, sin su liderazgo activo, el oficialismo “no se animaría” a impulsar este paquete de reformas.