La Justicia ordenó al gobierno el cumplimiento “inmediato” de la ley de financiamiento universitario

El integrante de FEDUBA, Federico Montero, dialogó con Caballero de día y calificó como “muy valiente” el fallo judicial que obliga al Ejecutivo a aplicar sin dilaciones la norma aprobada por el Congreso, al tiempo que advirtió que el ajuste sobre universidades y ciencia responde a una decisión política del presidente Javier Milei.

Montero explicó que la medida cautelar dictada por el juez Cormick establece el cumplimiento inmediato de una ley “con un recorrido político, jurídico y de movilización social muy importante”, sancionada tras dos años de protestas de docentes, no docentes y estudiantes frente al desfinanciamiento del sistema universitario y científico-tecnológico.

Recordó que durante el primer año de gestión libertaria el Ejecutivo vetó una ley similar y el Congreso no logró reunir los votos para revertirlo, pero que en 2025 sí se alcanzó una mayoría de dos tercios, “multipartidaria”, en defensa del sostenimiento de la universidad pública. Sin embargo, denunció que el Presidente dictó luego un decreto para dejar en suspenso la aplicación de la norma, “colocando una ley de inferior jerarquía por encima de la Constitución”.

“El fallo no es una solución de fondo, porque el problema se llama Javier Milei, pero es un espaldarazo a una pelea que sigue viva y abre una discusión de fondo sobre la vigencia de la institucionalidad en la Argentina”, sostuvo.

El dirigente sindical señaló que el ajuste no es un efecto colateral sino un objetivo explícito del gobierno: “Cuando uno mira el presupuesto, ve a la educación en general y a las universidades en particular como un blanco a romper, subordinando todo al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI”.

Sobre la situación concreta al cierre de 2025, Montero detalló que los salarios docentes perdieron más del 45% frente a la inflación, que el funcionamiento de las universidades “está al borde de no poder sostenerse”, con cierre de carreras, paralización de proyectos de investigación y postergación del ingreso a la carrera científica. También alertó por miles de estudiantes que quedan fuera del sistema por el recorte de becas, especialmente en universidades del conurbano.

Finalmente, remarcó que el conflicto excede una demanda sectorial: “No se trata de defender una universidad de elite en un país en crisis, sino de discutir el modelo de país. No hay desarrollo con justicia social sin producción de conocimiento. En un mundo donde el saber es clave geopolíticamente, lo que está en juego es también la soberanía”.