Horacio Verbitsky: Ultras – El Cohete a la Luna

Al entrar en la última semana de la campaña para las elecciones Primarias, la precandidata cambiante ha ido definiendo posiciones acerca de aquello que se propone hacer, si llegara a la presidencia. Uno de los principales asesores bullrichonistas, el ex ministro durante la gestión de Maurizio Macrì, Dante Sica, anunció la reforma laboral que proponen: es un calco de la que impulsó el primer año de este siglo Fernando De la Rúa y que terminó con la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, no por el contenido de la ley, que no objetaba, sino por el método con que el gobierno negoció la aquiescencia de algunos senadores justicialistas. Lo que el ex ministro Alberto Flamarique llamó La Banelco, según el testimonio de Hugo Moyano. La clave de esa ley, derogada en 2004, fue suspender la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, es decir su permanencia  más allá de su fecha de vencimiento, en caso de que no hubiera acuerdo paritario para actualizarlos. Esta disposición ha sido una valla protectora de derechos, ya que a los representantes obreros les permite vetar cualquier medida regresiva. Basta con no aprobarla en un nuevo convenio.

Esta campaña se diferencia en forma nítida de la de 2015. En los términos de Axel Kicillof, Juntos por el Cambio no propone, amenaza. Si hace ocho años, Maurizio Macrì prometía mantener derechos e incrementar beneficios para los trabajadores, ahora pregona lo contrario, como si esa perspectiva fuera un imán que atrajera votos. Las encuestas electorales parecen confirmarlo, porque quienes mejor miden son los enamorados de la dinamita y la motosierra. El problema es que en las encuestas no confían ni quienes las encargan ni quienes las realizan, porque hay que esperar las elecciones para descubrir si alguno de las decenas de profesionales se acercó a los resultados, y el principal entretenimiento es determinar quién estuvo más lejos. Este es por otro lado, un fenómeno mundial, que tiene que ver con la segmentación de audiencias propio de las redes antisociales y con la proliferación de noticias falsas, difundidas por robots informáticos para dañar al rival.

En el caso de Patio Bullrich, asombra su desconocimiento de datos elementales sobre el funcionamiento de la economía, que la lleva desde proponer un blindaje financiado por el FMI (que luego retractó, alegando que mencionó el verbo blindar pero no usó el sustantivo maldito, vaya diferencia), hasta anunciar que ingresará al Banco Central con una cámara para mostrar que no hay reservas, como si se tratara de los míticos lingotes que hace 80 años estorbaban el paso en la sede de la autoridad monetaria, según la vulgata antiperonista, cuya ausencia pudiera filmarse. Durante una presentación en el Wilson Center de Washington, su principal asesor económico, Luciano Laspina, confirmó la idea de una mayor deuda con el FMI para blindar las medidas del eventual gobierno, como la eliminación de todo control de cambios, una fuerte devaluación y la privación de derechos de los trabajadores.

Otro animal que no existe

Pero la inconsistencia de Bullrich también se aprecia en sus declaraciones sobre temas en los que se supone que posee conocimientos y experiencia. Durante una presentación en Punta Alta, zona de influencia de la Armada, llegó a prometer una solución para los militares que “lucharon en Malvinas por el bien de las Fuerzas Armadas [y] les achacaron después una historia. Muchos terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria”. La historia que les achacaron es haber torturado a soldados conscriptos, durante la guerra. La causa judicial lo consideró probado, pero la Cámara de Casación Penal Federal declaró su prescripción, porque no entendió que fueran crímenes de lesa humanidad. Es decir que ese animal tampoco existe: ni siquiera se trata de asientos contables, como en el caso de las reservas, no hay un solo militar privado de su libertad por los abusos contra la propia tropa en Malvinas.

Hay más cosas para decir sobre el tema. Los militares no lucharon en las Malvinas por el bien de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, las sumieron en la peor crisis de su historia, cuyos efectos se sienten hasta hoy, tal como estableció aun durante la dictadura la comisión investigadora interfuerzas integrada por dos generales, dos almirantes y dos brigadieres y presidida por el entonces nonagenario teniente general Benjamín Rattenbach, que requirió la pena de muerte para los comandantes que condujeron a las tres fuerzas durante el conflicto en el Atlántico Sur. En este punto, el bullrichonismo quedó a la derecha de Javier Milei y de su candidata a vice, Victoria Villarruel, quienes declararon que si llegaran al gobierno no harían nada para impedir que se cumplieran las condenas por Crímenes de Lesa Humanidad.

Bullrich también insistió con la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. No sólo las leyes de Seguridad, Defensa e Inteligencia lo prohíben. Tampoco los militares quieren involucrarse en tareas policiales, porque ya lo hicieron, con resultados nefastos, y porque si miran alrededor no encuentran un solo ejemplo alentador. En México, donde la presidencia está en manos de quien se presentó como el candidato progresista, el país parece ocupado por los militares, y hay manifestaciones de protesta en la calles.

En su edición del 2 de agosto el Financial Times narra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a oficiales del Ejército y de la Marina el control de una docena de aeropuertos civiles, la Aduana, los puertos marítimos y dos nuevas líneas ferroviarias. En diciembre resucitaría la quebrada Mexicana de Aviación, ahora dirigida por los militares. Le seguirán hoteles y reservas naturales. Lo primero que se militarizó fue la labor policial, por un decreto de AMLO de septiembre de 2022 que reemplazó a la Policía Federal por una Guardia Nacional de más de 110.000 miembros, que fue colocada en la órbita del ministerio de Defensa. Según el Presidente, esa fuerza debería ser de mando y formación civil, pero entre sus dirigentes López Obrador designó a 27 militares y sólo cinco civiles y en las filas, el 76% son militares. Ahora que el Ejército se ha vuelto empresario, ¿cómo se hace para que la pasta vuelva a entrar al tubo?, pregunta la publicación. López Obrador usa al Ejército para eludir cualquier control de costos y contratos, que se realizan sin licitación, con el argumento de la seguridad nacional, dice.

Solo la Aduana maneja el 15% de los ingresos fiscales del país, lo cual abre un campo inagotable para la corrupción. Y en cuanto al tema principal, que es el narcotráfico, el mandato de AMLO ya es el más mortífero de la historia, con 155.000 asesinatos y 43.000 desapariciones. La comisión investigadora del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa concluyó su labor el 25 de julio, con un informe según el cual las Fuerzas Armadas mintieron sobre su participación, lo cual impidió terminar la indagación.

Por si faltara algo, durante la pandemia de Covid-19, Patio Bullrich propuso entregar las islas Malvinas al laboratorio Pfizer a cambio de sus vacunas. Una cosa es que el bastardeo de la causa nacional provenga como en 2012 del hijo de José Luis Romero, Beatriz Sarlo, Santiago Kovadloff o Jorge Lanata, y otra que su impulsora sea la precandidata a la presidencia por el principal partido de la oposición, a quien se le supone mayor seriedad que a aquellos claveles del aire intelectual. Pero el gobierno no está exento de responsabilidades. Fue la jefatura de gabinete, durante la gestión de Juan Manzur, la que aprobó la instalación por una empresa británica y estadounidense en Tolhuin, territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, de una estación de radar capaz de monitorear todas las comunicaciones en el Atlántico Sur. La autorización fue respaldada por los embajadores Marc Stanley y Jorge Argüello y firmada por el subsecretario Mariano Lombardi, dependiente de la secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcolm, sin abrir un expediente que hubiera dejado huellas fáciles de rastrear. La autorización fue suspendida ahora a solicitud del ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Los moderados

Si bien cada una de las posiciones de Bullrich fue refutada desde Unión por la Patria y los organismos defensores de los derechos humanos, las respuestas más duras provinieron de la interna cambiante. “Yo amo construir, no dinamitar”, es la leyenda más suave en un cartel oficial de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. El plan de Bullrich ya fracasó con Macrì, dijo el jefe de gobierno porteño. También se burló de la idea del blindaje, que ya probó De la Rúa, con el resultado que nadie olvida.

Su jefe de gabinete, Felipe Miguel, a quien Bullrich amenazó con “cagar a trompadas”, recuerda cada vez que ve una cámara y/o un micrófono, que Bullrich ya había prometido acabar con los piquetes en 2015, pero que como ministra de Seguridad no lo hizo. El discurso de ese sector es que los cambios deben tener consenso para asegurar su permanencia en el tiempo, lo cual explicaría la búsqueda de sumar nuevos sectores a JxC que postula Rodríguez Larreta. Esto es tan cierto como los acuerdos que Laspina reveló en Washington  con la principal economista libertaria, la banquera Diana Mondino, para apoyar en el Congreso las medidas que quieren imponer. Hay sumas y sumas.

Pero Rodríguez Larreta también consiguió la adhesión del mediático Facundo Manes y de la errática ex vicejefa porteña y ex gobernadora bonaerense María E. Vidal, cuyo tránsito inmobiliario de Morón a Recoleta debería estudiarse en las escuelas de negocios. Nada se explicó sobre el vínculo entre Manes y Vidal. Brenda Celina Biondi le prestó 200.000 dólares a Vidal para que le comprara su piso en Recoleta. Su esposo, José Alfonso Gutiérrez Carrillo, es socio de Manes en el Instituto de Neurociencias Temperley. Gutiérrez Carrillo también fue síndico, gerente general ejecutivo y director de operaciones del Grupo Concesionario del Oeste, que administró 60 kilómetros del Acceso Oeste, con un tránsito diario de 350.000 vehículos. Uno de los socios de la concesión, con casi un cuarto del paquete accionario, era Sideco Americana, la empresa de SOCMA de la que Maurizio Macrì fue vicepresidente ejecutivo. Esto sugiere que los nuevos alfiles de Larreta arrastran algo más que dos votos, como cree Bullrich.

Estos cruces avalan la ironía de que JxC no tiene programa de gobierno sino plan de negocios. Mañana, Macrì reaparecerá en una televisora amiga y los cambiantes discuten si sería conveniente o no que se pronunciara en forma más explícita en favor de Bullrich.

Si de sumar se trata, el pase más rimbombante de esta ventana de transferencias fue la presentación del contador Gerardo Morales como compañero de fórmula de Rodríguez Larreta. No hace tanto, Morales acusaba a Rodríguez Larreta de querer la colonización de la UCR. Era su manera de ofrecerse para la tarea.

Al lado de Morales, Bullrich es una torcaza: como decían los peronistas, mejor que decir es hacer, y Morales aplica en su provincia el recetario completo. Mientras siguen los cortes de ruta, la represión contra docentes y pueblos originarios y la militarización de los niños, la semana pasada Morales había programado una audiencia judicial en la que el fiscal Gustavo Araya procuraría revocar la prisión domiciliaria de Milagro Sala y enviarla de nuevo a la cárcel, a pesar de su estado de salud y de las disposiciones en contrario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que admitió la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si estos son los moderados, ¿quién necesita ultras?

Los patriotas

Sergio Massa se enojó en Córdoba con un periodista que le preguntó por los efectos de una inflación anual del 140%. El ministro candidato lo corrigió: 116%. En vez de la devaluación que exige el FMI, Massa elaboró una serie de medidas que buscan un efecto parecido, pero sin sus consecuencias inflacionarias. Le llama devaluación fiscal. Por ejemplo, el impuesto País a las importaciones, exceptúa medicamentos, combustibles, lubricantes, insumos y bienes intermedios de la canasta alimentaria. De las importaciones de servicios quedarán a salvo las que tengan que ver con la salud y la educación. Los fondos así recaudados irán a financiar programas de la ANSES, el PAMI, el Fondo de Integración Socio Urbana; obras de infraestructura económica y el turismo interno. Quienes paguen las importaciones con moneda propia, no tributarán por ellas. Todo esto acota el impacto sobre la canasta básica alimentaria, mientras la Aduana controla que no haya deslizamientos en combustibles y automotores, aunque no hay que olvidar que estamos en la Argentina. Ante una cifra global de 116%, estas son sutilezas.

Los analistas de su campaña se ilusionan con la posibilidad de que sea el candidato más votado en las PASO, ya que los libertarios parecen estancados y JxC muy dividido entre las dos alternativas. En cambio, Massa tiene una débil competencia interna, cuyo mayor efecto hasta ahora ha sido preocupar al Frente de Izquierda, en cuya pecera del 3% tira la red de malla ancha. El apoyo explícito a Juan Grabois y Paula Abal Medina del Partido Comunista y de variopintxs ex comunistas es otra medida objetiva de los alcances de una fórmula integrada por dos intelectuales de clase media interesados en las relaciones del trabajo, que identifican entre sus adversarios a los abogados laboralistas. También anunciaron propuestas imaginativas, como reemplazar el peso por una nueva moneda atada a la del Brasil, como si tal cosa fuera posible sin un acuerdo previo, que no forma parte de los intereses ni las conveniencias del vecino. Su solución a los problemas judiciales es igual de simple: mudar la Capital para vaciar a Comodoro Py. ¿Cómo a nadie se le ocurrió? Para no incurrir en los gastos que tornaron inviable la propuesta parecida de Alfonsín, la sede del Poder Ejecutivo podría trasladarse bien cerca, a la República de los Niños, lugar peronista si los hay. El embajador Stanley la visitaría sin dudar, para una nueva ronda del juego de la soberanía, los termos que deje de regalo podrían donarse luego a los más necesitados, y todos contentos.

El consultor de los patriotas es un catalán, Antoni Gutiérrez-Rubí, cuyo mayor título es que asesoró a Gustavo Petro en Colombia, cuyo hijo aún no le había jugado sucio a su vengativa esposa. El objetivo de Gutiérrez-Rubí para las PASO, además del cetro del candidato más votado para Massa, es que la competencia entre Bullrich y Rodríguez Larreta sea lo más reñida posible, de modo que en la elección general cerca de la mitad del caudal cambiante enfrente el dilema de apoyar a quien lo venció o fugarse hacia otro espacio. La idea instalada es que a Massa le conviene que la elección de octubre sea contra Bullrich. Entre los patriotas hay conciencia de lo milagrosa que sería una victoria del ministro de Economía mientras los precios vuelan y el FMI presiona por políticas estanflacionarias. Pero se consuelan recordando que hace un año, cuando Massa avanzó, tenedor en ristre, hacia una papa caliente, la duda era si el gobierno terminaría su mandato o, como dijo Jorge Ferraresi, “nos iríamos en helicóptero”. Todo lo que vino desde entonces es de yapa, consideran.

Sus señorías

Otro factor que no puede descartarse es la injerencia en la campaña del Poder Judicial. La última semana, el Superior Tribunal Porteño habilitó la candidatura de Jorge Macrì al gobierno de la Ciudad, pese a que hace muchos años vive en la provincia de Buenos Aires, donde llegó a presidir su partido Procaz y gobernar una intendencia. El tribunal dijo lo contrario a lo que decidió en 2010, cuando vetó la candidatura del lilito Adrián Pérez. Antes, la Corte Suprema había resuelto no intervenir y ceder el paso a los tribunales porteños, al revés de lo que hizo en San Juan y Tucumán. La pulverización de los precedentes ya es rutinaria en esta república bananera.

Esta semana, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi recibió dos peritajes, uno caligráfico, de la Policía Federal, y otro lingüístico, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que aseveran que al menos dos de los Cuadernos Fénix del suboficial del Ejército Oscar Centeno tienen más de un autor. Ya identificaron a uno de los colaboradores: el suboficial de la Policía Federal Jorge Bacigalupo (devoto explícito del creador de la AAA, comisario, Alberto Villar). Compañero de Centeno en un curso del arma de ingenieros del Ejército fue el suboficial Jorge Omar Pacífico, casualmente el denunciante de Amado Boudou en la causa Ciccone, luego de escuchar una conversación casual en un bar. La obvia operación de inteligencia ya se hubiera caído de haberse peritado todos los cuadernos, pero los tribunales de Comodoro Py se negaron en forma sistemática, porque no ignoraban qué se encontraría. Apenas dos, en un expediente separado, por iniciativa del empresario Armando Losón, procesado pese a que su centenaria empresa Albanesi nunca construyó una obra pública.

Las adulteraciones detectadas están en los cuadernos en los que se habla de bolsos y dinero y, según los especialistas policiales, fueron escritos al dictado, a diferencia de los primeros, donde sólo se consignaban los viajes realizados por el subsecretario Roberto Baratta, de quien Centeno era chofer. Martínez de Giorgi ordenó peritar ahora los dispositivos electrónicos secuestrados en el allanamiento a Bacigalupo. En las señales de noticias propensas al oficialismo, esto se presentó como el desmoronamiento de una operación de lo que llaman “la Justicia macrista”. Puede ser oportuno, pero no se ajusta a los hechos omitir que quien se reunía semanalmente con el juez Claudio Glock mientras instruía esa y otras causas contra CFK, no era precisamente Macrì. Graciela Camaño podría dar fe de ello.

También es llamativo que, justo ahora, el multimedio La Nación haya publicado la noticia de la detención ordenada por el juez Alejandro Catania del piloto Gustavo Juliá, hijo del brigadier que condujo la Fuerza Aérea. Gustavo Juliá cumplió casi una década en prisión en España, por contrabando de cocaína, y ahora está procesado por contrabando de oro. El protector de Juliá era el fiscal general de San Isidro Julio Novo, destituido y procesado por ese caso y por el encubrimiento del triple asesinato de Unicenter, una disputa de mercado entre narcos colombianos. Sólo faltaría que se actualizaran las publicaciones sobre los fideicomisos en Nordelta, con sus referencias a un alcalde y un fiscal. Habrá que seguir las informaciones de esta semana.

La oposición continuó su política de bloqueo en el Congreso, e impidió que se trataran más de 70 pliegos judiciales pendientes. Entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa, que cumplirá 75 años el miércoles 9. La oposición mediática y legislativa instaló la idea de que ese día debería irse a su casa, si antes de esa fecha el Senado no aprobara la extensión de su mandato por otros cinco años. Esa es una falsedad insostenible. El Consejo de la Magistratura dispuso que cuando el Poder Ejecutivo solicita la prórroga, el mandato continuará provisoriamente hasta que el Senado apruebe o rechace el nuevo acuerdo, siempre que ello suceda antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias del año siguiente al envío del pedido de acuerdo. En el caso de Figueroa, ese plazo recién se cumplirá en diciembre de 2024. Entre muchos casos similares, es lo que ocurrió con la jueza Silvia Estela Mora (esposa del camarista Ricardo Recondo), quien ya tenía 76 cuando el Senado votó el nuevo acuerdo.

Esta semana, también, declaró como testigo en el juicio político contra el juez supremo Horacio Rosatti el director de su vocalía, Silvio Robles. Su estrategia fue victimizarse, alegando que se lo acosaba con falsedades para perjudicar a una persona tan íntegra como Rosatti. En tono monocorde respondió a cada pregunta que se abstendría de contestar, invocando el artículo 18 de la Constitución, y el artículo 8 inciso B del Reglamento para la Justicia Nacional.

La Constitución dice en ese artículo que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, lo cual difícilmente se aplique a una pregunta acerca de si llegó a una fiesta de cumpleaños en compañía del entonces ministro de Seguridad Porteño Marcelo D’Alessandro. El inciso del reglamento que mencionó dice que los magistrados, funcionarios y empleados están obligados a guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales. Esto no puede ser invocado ante una pregunta de la Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados, que es la única instancia constitucional de control sobre la Corte, sobre las funciones que Robles desempeña en la vocalía que dirige. El paciente interrogatorio del diputado Leopoldo Moreau, asistido por su colega Mara Brawer, se estrelló contra ese muro, donde también estaba escrito para eludir el bulto: “No soy abogado, no manejo asuntos judiciales”. Los exabruptos de los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Manuel Pedrini, a los gritos, con amagos de peleas en la calle y otras destemplanzas, complementaron la estrategia del morocho Robles, quien pidió que quedara constancia en actas de que había sido discriminado por Pedrini, quien lo llamó “oscura presencia”.

Simultáneas

Por último, en la Capital Federal se libran dos batallas simultáneas, que pueden tener influencia recíproca. Por un lado, Rodríguez Larreta intenta ahuyentar de una vez para siempre el fantasma de quien no se resigna a no ser más su jefe, que postula para la gobernación a su primo. El candidato ha dejado de ser Más Jorge que Macrì y responde como un calabrés más a las órdenes familiares. También se dirime en listas distintas una interna entre radicales: Martín Lousteau, con la marca de JxC, contra Leandro Santoro, en la papeleta de Unión por la Patria. Radical por radical, se insinúa que una porción significativa del oficialismo nacional podría inclinarse por Lousteau, para sepultar al macrismo, que sería el interés principal del peronismo en esta interna. Esto implicaría una compleja combinación de boletas, ya que en  la contienda nacional esos votos irían a la lista que encabezan la camporista Paula Penacca y el equilibrista Eduardo Valdez, el Gordo Bueno que quiere a todos. En la Ciudad, ese voto por Lousteau iría acompañado por la boleta de legisladores porteños que encabeza Matías Lammens.

Las trayectorias de ambos radicales son opuestas. Lousteau fue ministro de Felipe Solá y de CFK e involucionó hacia el radicalismo tradicional, aunque no llegó al traje gris que obsesiona a Durán Barba.

Santoro venía de la UCR hasta que se hizo amigo de Alberto Fernández, por su compartido antikirchnerismo, que con los años se le fue atenuando. Uno de sus últimos argumentos de campaña es que todos saben que es un buen tipo. En el mejor de los casos, Santoro podría hacer un papel decoroso. En cambio, Lousteau puede ganar y cambiar para siempre a los cambiantes. Dentro de una semana se verá cuánto prendió esta idea.