”Es mentira que Milei quiera desaparecer al Estado»

En una profunda entrevista con La García por AM 530, la economista y escritora Mercedes D’Alessandro analizó el desembarco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los alcances del «super-RIGI», advirtiendo sobre las severas implicancias que tiene la instalación de mega centros de datos en el país. La exdirectora de Economía, Igualdad y Género desmitificó la idea de que la inteligencia artificial sea una entelequia neutral y puramente virtual de Silicon Valley, señalando que su base material e indetenible exige un consumo descomunal de recursos soberanos como la energía y el agua. D’Alessandro ejemplificó esta voracidad citando las alarmantes proyecciones de Mark Zuckerberg en el Foro de Davos sobre instalaciones del tamaño de medio Manhattan, alertando que Argentina corre el riesgo de insertarse en la cadena global de valor no como un polo de empleo calificado, sino como un mero proveedor de materias primas y espacio físico en galpones que, tras su construcción, generan contaminación sonora y lumínica sin demandar mano de obra local.

La especialista denunció que el entramado normativo diseñado por la actual gestión está orientado a favorecer de manera directa a los tecnomagnates y magnates financieros de la talla de Peter Thiel o Elon Musk, este último recientemente consolidado como el hombre más rico del planeta. Al respecto, subrayó la alarmante coincidencia de la visita de Thiel al país para «jugar al ajedrez» justo cuando se tramitaban las leyes de sociedades autónomas y los beneficios del RIGI, los cuales implican la resignación de ingresos fiscales clave como el Impuesto a las Ganancias y las divisas por un plazo de 30 años, sin asegurar ningún tipo de encadenamiento con proveedores locales ni transferencia de conocimiento científico. Esta desregulación extrema, que se complementa con despidos masivos en áreas estratégicas como la energía nuclear, degrada las condiciones laborales de la población y transforma al territorio en un escenario similar a las precarias «granjas de trolls» de los países periféricos, consolidando un modelo donde los milmillonarios concentran el poder de fijar algoritmos, moldear consumos culturales, hacer lobby institucional y financiar campañas a nivel global.

Asimismo, D’Alessandro compartió sus recientes experiencias en el Parlamento Europeo, donde mantuvo reuniones de agenda con eurodiputados ante el fuerte impacto internacional que genera el caso argentino como un laboratorio de políticas de austeridad extrema. La economista explicó que la frustración democrática regional, profundizada tras la pandemia por las desigualdades y los endeudamientos soberanos, propició el avance de derechas institucionales y radicales en todo el continente, amenazando las mayorías progresistas de cara a los próximos turnos electorales en Europa y Latinoamérica. En esa línea, desarmó el relato oficial de la administración de Javier Milei aclarando que la «motosierra» no es una metáfora inofensiva sino un desguace planificado y validado por los organismos de crédito internacionales, cuyo verdadero fin no es hacer desaparecer al Estado como organización jurídica, sino reconfigurarlo y achicarlo en materia de derechos humanos, sociales, género y cambio climático, mientras se lo fortalece exclusivamente como una herramienta de control aduanero y de seguridad al servicio de los grandes conglomerados económicos.

Finalmente, la analista invitada llamó a reflexionar sobre los mecanismos de despolitización y segmentación del pensamiento que promueven las plataformas digitales, donde la participación ciudadana y el debate se reducen falsamente a la inmediatez de un clic o a la publicación de un tweet. Al evocar las advertencias de Álvaro García Linera sobre el sombrío retroceso de derechos en la región, D’Alessandro instó a desplazar el eje de la discusión pública para dejar de auditar minuciosamente la pobreza y empezar a interpelar de forma directa la procedencia y concentración de la riqueza. Concluyó señalando la enorme injusticia fiscal que padece el país, donde el conjunto de la sociedad soporta un costo social gigantesco que pone en jaque la subsistencia de la educación, la ciencia y la salud pública, mientras corporaciones y empresarios de plataformas de comercio electrónico continúan recibiendo millonarios beneficios y exenciones impositivas que atentan contra cualquier posibilidad de redistribución equitativa.