Con gran ahínco: la paradoja de Mola

Por Gustavo Cirelli

El fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola desestimó “por inexistencia de delito” la denuncia de la diputada de Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, contra sus colegas del bloque libertario y el Servicio Penitenciario Federal por coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos. Ahora el juez federal Ernesto Kreplak deberá decidir.

Mola descalificó la denuncia de la joven legisladora Arrieta, quien a sus 31 años dijo que no tenía por qué saber quién fue (y es), por caso, el inmundo Alfredo Astiz, preso por genocida, por delitos de lesa humanidad, por haber secuestrado y desaparecido, por ejemplo, a tres madres de Madres de Plaza de Mayo, entre tantas otras víctimas del terrorismo de Estado del que fue una de sus caras más siniestras y visibles. Arrieta dijo no saber, como si eso la excusara del tour del terror al penal de Ezeiza para visitar personas que están privadas de su libertad ambulatoria por haber cometido actos inhumanos e imperdonables.

Planteó Mola sobre la denuncia de Arrieta que “como ella misma anuncia al comienzo, está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.

La cuestión de fondo sigue sin resolverse y es política: ¿hasta dónde soporta la democracia que diputados visiten y revindiquen a genocidas y que sigan en sus bancas en el Congreso más allá del aquelarre de discusiones y gritos que por estas horas protagonizan los libertarios?

Lo sorpresivo del dictamen de Mola no radica en calificar de inverosímil la inverosímil denuncia de Arrieta; su dictamen esconde y a la vez expresa una paradoja que no debería pasarse por alto. Cabe recordar que Mola fue el socio del fiscal Diego Luciani, y juntos tuvieron sus 15 minutos de rutilancia mediática cuando acusaron a Cristina Fernández de Kirchner, en lo que derivó en la condena a la expresidenta días antes del 1 de septiembre de 2022, cuando fue atacada en un fallido intento de magnicidio en la puerta de su casa. Difícil olvidar el histrionismo enfático de Luciani en aquellas audiencias televisadas, en una suerte de cadena nacional de facto. 

Mola escribió en su dictamen sobre cómo Arrieta podía aducir que no sabía quiénes son los presos que visitó junto a sus pares mileistas cuando “de los crímenes que cometieron esas personas, se viene hablando en la República Argentina desde hace muchísimo tiempo, pero con gran ahínco por lo menos en los últimos 20 años. También fueron tema de discusión en la campaña política en las últimas elecciones, justamente en la que Arrieta resultó electa Diputada Nacional”.

Con “gran ahínco por lo menos en los últimos 20 años…”, redactó Mola.

¿Qué habrá tenido que ver Cristina con ese ahínco? ¿Y el kirchnerismo, con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia? Quizá la respuesta la dio el propio genocida Jorge Rafael Videla desde la cárcel: “Nuestro peor momento llegó con los Kirchner”. Entonces, surgen más interrogantes: ¿Por qué se la persigue a la exmandataria y se la quiere fuera de la política efectiva? ¿Quién la mandó a matar?

Y más.

Esos “viejitos” presos en Ezeiza que posaron con los diputados apologistas fueron la mano ejecutora de un plan sistemático de exterminio, ¿pero a quiénes favoreció ese plan? ¿quiénes fueron sus mandantes? Más allá de la atrocidad criminal de la ultima dictadura cívico militar (con Astiz, Suárez Mason, Donda, Giuglielminetti y otros, sembrando torturas, violaciones, desapariciones y muertes) hubo un plan sistemático de reconfiguración de la matriz económica en el país que tuvo a José Martínez de Hoz como el rostro del poder real sentado a la mesa del gabinete genocida, y que instauró una reconfiguración de las relación entre los dueños del capital y el universo del trabajo, que endeudó a la Argentina, y la hundió en la financiarización y la concentración económica. Por citar un ejemplo que permite dar dimensión de lo ocurrido y que rediseñó el esquema de los medios de prensa en el país: la apropiación por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón de las acciones de Papel Prensa, productor del principal insumo de los diarios, que le quitaron a la familia Graiver. Cambió la historia de los medios. Otro: los hechos ocurridos en el Ingenio Ledesma en Jujuy, de la familia Blaquier, por los que nunca dieron respuesta en sede judicial sobre qué pasó en la llamada “Noche del apagón” cuando desaparecieron trabajadores de esa empresa.

Cuando aquello sucedía, vale recordar, Astiz -tras infiltrase en la organización- marcaba a las fundadoras de Madres, Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, en la Iglesia de la Santa Cruz, para que un grupo de tareas de la ESMA las arrojarán vivas desde un avión en los “vuelos de la muerte”. A quienes hicieron eso visitaron los diputados de Javier Milei en este contexto de ofensiva de la derecha rancia sobre cuestiones que ya fueron juzgadas en la Argentina, lo que convirtió al país en un ejemplo planetario en la defensa de los Derechos Humanos. Algo que comenzó a suceder en los primeros años de una democracia reciente y aún frágil, que se fue consolidando por el ”pacto democrático” de 1983 en el que los argentinos y las argentinas decidieron cómo querían vivir. Juicios que se retomaron con más vigor a partir de 2004 cuando durante el kirchnerismo en el gobierno se derogaron las leyes de Punto final y Obediencia debida en agosto del 2003. Aquel “pacto democrático” se vio violentado y se resquebrajó cuando un lumpen (con mucha banca) puso un arma en la cabeza de Cristina en la noche del 1 de septiembre de 2022, gatilló dos veces y por fortuna o milagro la bala no salió.

¿Por qué contra Cristina? Por la construcción de odio -una narrativa de en la que es central la persecución judicial- que se fue ciñendo sobre su figura durante años y que se profundizó en las semanas previas al ataque. El odio contra la dos veces presidenta radica en lo positivo de sus políticas con las que se enfrentó en gran medida a los mismos personajes y empresas que se vieron beneficiados por aquel entramado de terror y réditos económicos. Por el gran ahínco, también, con el que impulsó el avance en los juicios por delitos de lesa humanidad, delitos obviamente que no surgieron por azar en este país, y tuvieron un fin que fue más allá de liquidar a una generación que luchó por una sociedad más justa.

Ya lo dijo Videla meses antes de morir sentado en el inodoro, en el baño de un calabozo de una cárcel común: fue su peor momento, y todo gracias al “gran ahínco por lo menos en los últimos 20 años…” Que paradoja.