Cambalache – Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna

El ex Presidente Alberto Fernández le dijo al Cohete a la Luna que el juez federal Julián Ercolini actuó en forma correcta al judicializar la situación de Fabiola Yáñez y que quien ensució la causa fue el diario Clarín. Las fotos fueron encontradas en el telefonito de María Cantero y  Ercolini invitó a Yáñez a denunciarlo, ya que se trataba de una acción de instancia privada y ella no quería ejercerla. Cuando la mujer se negó,  por arte de magia, la historia apareció en Clarín y días después se publicaron las fotos, con lo cual comenzó otra historia. Es ostensible que el juez y el medio de comunicación vuelan en escuadrilla.

No solo eso. Los tres videos de Tamara Pettinato en el despacho del Doctor Fernández tampoco guardan relación con las agresiones contra Yáñez. Su publicación constituye una demorada venganza contra el diputado nacional José Glinski, quien es el novio de Pettinato.

En 2022, Glinski dirigía la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y descubrió el viaje de Ercolini con otros jueces y ejecutivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, para esquiar en un sitio de ensueño del magnate británico Joe Lewis.

En Estados Unidos, tres jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron descubiertos en la misma situación:

• el juez Samuel Alito se fue de pesca con el buitre Paul Singer, que pagó la cuenta.
• el juez Antonin Scalia murió de un infarto en el suntuoso rancho Cibolo Creek al que llegó en el avión privado de su propietario, y
• el juez Clarence Thomas realizó varios viajes no declarados en embarcaciones y aviones del multimillonario Harlan Crow.

Organizaciones, personalidades y medios de comunicación exigen la renuncia de Alito y Thomas o al menos su excusación en casos que interesen a sus benefactores. En cambio aquí, Ercolini sigue muy campante en su tribunal y sus superiores rechazaron todas las recusaciones en su contra. Nada de lo anterior puede interpretarse como una disculpa o un atenuante para la violencia ejercida por el Doctor Fernández contra su pareja. Un canalla no releva a otros.

El fiscal Ramiro González (que actuó tanto en la causa de Lago Escondido como en la actual denuncia de Yáñez contra el ex Presidente) consintió la nulidad de la causa contra Ercolini y los demás excursionistas, porque el viaje y su beneficio fue descubierto por Glinski sin una orden judicial. El juez Sebastián Ramos decidió dos días después de finalizar la presidencia del Doctor Fernández anular la causa, porque “las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales”. Es también muy difícil justificar el escarnio público al que los señores de Comodoro Py someten a Sofía Pacchi, quien no fue acusada de ningún delito.

Una joya judicial

Julián Ercolini es el juez federal que detuvo a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuando se negaron a poner sus medios al servicio de la demolición mediática de CFK que les solicitó Maurizio Macrì. La esposa de Ercolini fue secretaria del ex ministro de Justicia Germán Garavano. También procesó a CFK en tres causas, sólo superado por el extinto doctor Glock. Sostuvo que desde 2003 hasta 2015, Cristina formó parte de una Asociación Ilícita. Ni la Junta Militar de 1976 a 1983 fue considerada una asociación ilícita por la Justicia, que condenó en forma individual a cada uno de sus miembros. En cambio, Ercolini sobreseyó al Número 2 de Techint, Luis Betnaza, aduciendo que no había pagado un soborno sino el rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y la libertad de los ejecutivos de la planta de  Siderurgia del Orinoco, Sidor. En 2016 sobreseyó a Héctor Magnetto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera en la causa por Papel Prensa, porque no encontró que la venta de las acciones en 1976 haya sido parte de delitos de lesa humanidad.

Otro de los jueces del viaje a Lago Escondido fue Pablo Yadarola, cuyo defensor era el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El juez Sebastián Ramos dictaminó que la actividad fue realizada por la policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organismos del Estado, a partir de la filtración del plan de vuelo. En una de las grabaciones, probablemente Marcelo D’Alesandro dice sobre Glinski: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.

También formaron parte del viaje el juez federal Carlos Mahiques y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey, sobrino de Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, y Jorge Rendo, director de asuntos exteriores del grupo. Todos acordaron mentir que habían pagado por su viaje en un avión privado a Bariloche, y por su alojamiento en Lago Escondido, y ocultar que fueron transportados en un helicóptero de Joe Lewis al centro de esquí. Para ello decidieron conseguir facturas falsas que mostraran que cada uno había costeado su pasaje y declarar que desde Bariloche viajaron en camionetas a la estancia del magnate inglés, donde también decidieron simular que habían pagado dos días de alojamiento. El Cachila Casey, hijo de la hermana del CEO del grupo, Alicia Chita Magnetto, propuso obtener recibos antedatados. También se ofreció a cubrir todos los gastos que implicara la simulación.

Ercolini fue quien más insistió en la necesidad de coordinar una versión única para no contradecirse. Además fueron presionados distintos medios de comunicación para que no cubrieran el tema o incluso para que diseminaran una versión donde aparecieran como víctimas de un espionaje ilegal. También trataron de precisar cómo se produjo la filtración y analizaron la posibilidad de presentar una denuncia penal por espionaje, alegando que se trataba de actos de la vida privada. Yadarola creía que el responsable de haber descubierto los pasajes, las fotos y las grabaciones sobre el viaje fue el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinksi, y anunció en tono amenazante que ya se cruzaría con él. D’Alessandro agregó que si le tocara ser ministro del gobierno nacional, disolvería la PSA. Pero también sospechaban del órgano de control de los aeropuertos (ORSNA), ya que además de la planilla de vuelo con la nómina de pasajeros aparecieron fotos y filmaciones del arribo a Bariloche. Sobre todo, del momento en que ambos gerentes del Grupo Clarín recibieron a los magistrados.

El fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, habló con la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare para indicarle cómo proceder en la causa por la visita de los jueces a Lago Escondido, y se jactó del buen resultado de su gestión. Pero una vez que esto se hizo público, “la mina” (según la menciona Ercolini) hizo todo lo contrario, puso en duda la autenticidad de las facturas presentadas a sugerencia de Ercolini y Yadarola por el administrador de Lago Escondido, Nicolás van Ditmar. Además, incorporó al expediente la prueba más temida: las fotos del momento en que Casey y Rendo reciben a sus invitados en el aeropuerto. Resultó que Etchepare no era tan cándida.

La fiscal solicitó “el levantamiento del secreto fiscal y bancario” de todos los viajeros, de Hidden Lake SA (CUIT 30-68590523-6) y de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA (30-71095473-5), “a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente y si efectivamente fueron los investigados quienes efectuaron tales erogaciones (ley 11.683) o si se registran pagos anteriores por esos montos efectuados por terceras personas físicas o jurídicas”. También requirió que “se solicite a AFIP-DGI que tenga a bien analizar la autenticidad de las facturas presentadas en autos por las empresas mencionadas precedentemente. Algunas de ellas, emitidas dos semanas después de que hubieran consumido los servicios allí consignados”. Así lo reveló el denunciante, Marcelo Hertzriken Velazco, en una nota publicada en el diario Río Negro por Martín Belvis. Pero todos esos requerimientos fueron tachados en la publicación del dictamen que realizó la Procuración General, desde hace siete años en forma interina a cargo del procurador Eduardo Casal. Ramos sacó las papas del fuego cuando ya se iniciaba la feria judicial de 2023, que suele apaciguar los espíritus o, lo más probable, perder los recuerdos en la nebulosa.

El último de los jueces que fue de la partida de placer es el contencioso administrativo Pablo Gabriel Cayssials. Su más reciente actuación  fue el rechazo de una medida cautelar solicitada por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desea cerrar. Su récord es extenso y coherente. Es el juez que

• declaró inconstitucional el artículo de la ley del Ministerio Público que sólo admite la remoción de su titular por juicio político, con lo cual forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
• anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual,
• permitió al gobierno de Macrì a utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias;
• declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto
• convalidó el aumento del 300 por ciento en las tarifas del agua.

Injerencias en el chiquero

Entre las personas citadas a declarar por el fiscal González, también está la ex empleada de RPO, Sofía Pacchi. Según Yáñez, Pacchi habría sido coaccionada para acostarse con el Doctor Fernández. Igual que el caso de la nieta de Roberto Pettinato, también la historia entre el ex Presidente y Pacchi forma parte de la vida privada de los protagonistas, en la que no deberían entrometerse Ercolini ni González. Esto revuelve el chiquero en que se ha convertido la justicia federal, al estilo de los programas de televisión sobre romances e infidelidades. Sólo los golpes que Yáñez recrimina a Fernández deberían caer bajo la atención de los magistrados.

En una precisa declaración, Pettinato sostuvo: “Una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer. (…) Qué ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando, cosificando y denigrando a otra mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista”. En un nuevo descargo Pettinato dijo en el streaming Blender que “con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante: una denuncia por violencia de género, mezclaron todo. Sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron en tapas de diarios hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme, corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar”. Infoemba, que reprodujo las manifestaciones de la periodista y humorista, no se privó de volver a publicar los tres videos de Pettinato en el despacho de la Casa Rosada y también el fragmento de uno de los programas realizados por Tamara hace cinco años, en el que cuenta una experiencia sexual con un hombre de 65 años. El portal de Daniel Hadad sugirió que ese hombre sería del Doctor Fernández.

La explicación de estas intromisiones brutales en hechos protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional, es la necesidad de material mediático para alimentar el odio contra Cristina y el peronismo. Diarios, radios, televisoras y streamings se desviven por acusar a la ex Presidenta de todos los actos reprobables del gobierno anterior, como si haber propuesto la candidatura del Doctor Fernández la responsabilizara de sus actos de gobierno y de sus conductas privadas, pese a que los mismos medios consignan las críticas que desde 2020 la Vicepresidenta le dirigió al Doctor Fernández, sin conseguir que enmendara su conducta. Muchas fueron políticas, pero también las hizo, en privado y en público, sobre la proliferación de mujeres jóvenes donde no era pertinente. La palabra que todos quienes quisieron y pudieron escucharla fue “Ordenate”.

La doble vara

La justicia federal de la Capital no funciona siempre del mismo modo. Depende de cada causa y de sus conveniencias políticas o empresariales. A dos años del asesinato fallido contra Cristina Fernández de Kirchner, sigue sin investigarse a quienes pagaron y organizaron la tentativa. Están detenidos como autores materiales Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Ni la jueza María Eugenia Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo arrojan sombras sobre Patio Bullrich, Gerardo Milman, Jonathan Morel y los demás referentes de Revolución Federal (que sembraron de guillotinas, bolsas mortuoria,  teas ardientes y bolsas de basura las proximidades del Obelisco, el Instituto Patria y la casa de gobierno). Tampoco son investigados los hermanos Caputo, Hernán Carrol ni el fiscal Diego Luciani. La Nación publicó ayer un cotejo entre las afirmaciones de Cristina y la causa judicial, titulado “Complot o paranoia”. El título es engañoso. Si bien se lee, es apabullante, en parte gracias al tono neutro que no adjetiva las enormidades que relata. Cada punto es presentado con los títulos “Lo que dijo Cristina Kirchner” y “Lo que figura en la justicia”.

Quienes deseaban investigar esas pistas olvidadas fueron el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pero entre Capuchetti, Rívolo y Ercolini los quitaron de en medio. Sabag Montiel pidió que Carrol y Luciani ejercieran su defensa o decidieran quién lo haría. Carrol viajó al exterior con funcionarios del ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Y el técnico informático de la ministra borró los teléfonos de las secretarias de Milman. Esta fue alguna de las denuncias que CFK presentó el miércoles ante el tribunal oral que preside Sabrina Namer. Tampoco nadie explica por qué el defensor de Carrizo es Gastón Marano, un colaborador de la embajada de Estados Unidos en la Argentina.

La causa por el homicidio fallido contra Cristina se mueve a otro ritmo que la que investiga al ex Presidente Fernández. El fiscal Ramiro González modificó la calificación de lesiones leves a graves, además de amenazas coactivas, por lo cual el doctor Fernández incluso podría perder la libertad. Nada se sabe en cambio sobre la afirmación de Fernández, de que Yáñez intentó extorsionarlo para no contar su historia, como Fernández le dijo al Cohete el domingo pasado. Lo mismo le había narrado al animador Angel Etchecopar. El fiscal halló un documento sin firma, en el que los exposos decían que no había sucedido nada de lo que se denunció. No hubo acuerdo y quedó sin firmar.

El Presidente Javier Milei se burló de su predecesor, ofreciéndose a cuidar a su perro Dylan. La situación del Doctor Fernández es miel sobre hojuelas para Milei, porque le permite distraer de la grave situación económica,

• con 4% de inflación mensual,
• reservas negativas que a fin de año oscilarán entre 10 y 15.000 millones de dólares, peor que cuando asumió,
• un incremento pavoroso de la pobreza y la indigencia,
• una caída vertical de la industria y
• también del consumo de leche.

Uno de los papagayos mediáticos más vocales dijo que el amor del Presidente por los perros es tan grande, que su ofrecimiento a Fernández puede ser sincero. Otros llenaron horas de cobertura con el presunto romance con la panelista Amalia González. La retahíla de insultos que Milei volcó en dos presentaciones ante foros patronales supera todo lo conocido. Hubo más puteadas que conceptos y fueron recibidas con aplausos por una audiencia con vocación de claque. Tal vez cree que así se disimula el acuerdo entre peronistas y radicales que unieron fuerzas para aprobar en la Cámara de Diputados el financiamiento para las universidades públicas que el gobierno había eliminado, y que ahora pasará al Senado. A los radicales no les alcanzó el entusiasmo para repudiar también a los legisladores libertarios que visitaron en la cárcel a Ignacio Alfredo Astiz y otras ternuras semejantes.

Mientras al Doctor Fernández no lo defienden ni sus pocos amigos, CFK conserva un núcleo firme de partidarios, que la acompañan a sol y a sombra y la vitorean con un entusiasmo que parece de otra época. La rutina de los movileros de la televisión que inquieren del porqué de ese acompañamiento cosecha respuestas de los más pobres del Conurbano bonaerense y sobre todo de mujeres de edad madura que le agradecen la moratoria previsional, la asignación por hijo y el salario para las trabajadoras de casas domésticas.

Desde Madrid, Yáñez le dijo al fiscal González por teleconferencia que los golpes del ex Presidente eran habituales. “Me dejó la cara hirviendo”, “Me pegó una patada en el suelo cuando podía estar embarazada”, “Por qué tiene que golpearme varios días seguidos”, son algunos de los textos de Yáñez (acompañados por las correspondientes respuestas de María Cantero), que juez o fiscal se encargó de distribuir generosamente a una prensa que se regodea con los detalles más horribles. El secreto del sumario solo rigió para secuestrar el telefonito del ex Presidente.

Esa sarta de iniquidades desmiente la pretensión del ex Presidente de que no había una relación de intimidad entre su secretaria durante 31 años y su pareja. Por el contrario, los diálogos entre ambas, más de un centenar y media de fojas abigarradas de texto, muestran una fuerte corriente afectiva de Yáñez, quien se refugia en Canteros en busca de explicación y de consuelo. Canteros es varios años mayor que Yáñez, y a su vez le cuenta una experiencia de su adolescencia, cuando un maltratador convirtió su vida en un infierno y por eso dejó su ciudad y se mudó a la Capital. Si a esto se suma la confesión realizada en el recinto de la cámara de diputados por Lilia Lemoine, surge con claridad que son muchísimas las mujeres sometidas a esos tratos, lo cual no avala el entusiasmo libertario por acabar con las instituciones de cuidado y protección. En otro tramo del diálogo, Cantero dice que se queda como secretaria por lealtad hacia Fernández, pero que no necesita el dinero del cargo, lo cual alude a la ostensible riqueza de su esposo, Héctor Martínez Sosa, quien era favorecido por el ex Presidente con contratos en reparticiones públicas.

Se podrá saber algo más cuando declare Fernández, quien hasta ahora mantuvo una cerrada desmentida, poco creíble, ante el diario español El País y con el Cohete. La causa no parece favorecer al ex Presidente, quien sólo tiene a su favor opiniones de hombre y mujeres grandes, que no niegan los hechos, pero los consideran justificados, porque por algo será. Con defensores así, quien necesita enemigos. Tampoco es muy explicable la afirmación del Doctor Fernández de que desaparecieron de su telefonito los chats en los que Yáñez le reprocha que la golpeó durante varios días seguidos. En todo caso, basta con que estén registrados en la otra punta del diálogo.

No todas las afirmaciones realizadas por el ex Presidente son verificables. Por ejemplo, según Clarín, el grupo privado al que pertenece la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), dijo que el Doctor Fernández participó en proyectos académicos durante sus visitas a España, pero “no ha tenido ninguna vinculación laboral (ni fija ni eventual) con la universidad”. Esos fondos “no habrían llegado a la cuenta de Yáñez y ella habría contactado a la universidad”, dice Clarín.

En cambio, el portal La Derecha Diario sostuvo que Proeduca “seguiría contando con Alberto Fernández en su nómina”. Su titular, Miguel Tomás Arrufat Pujol, lo haría como una “devolución de favores” con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

A las diatribas presidenciales contra el ministerio de las Mujeres y el Inadi, al intento de cerrar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, se sumó la decisión de desmantelar la Comisión Nacional por la Identidad, CONADI. De inmediato, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, anunciaron la creación de una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. “Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, concluyeron.