Aerolíneas Argentinas: el arribo de la comunidad de negocios

Valentina Castro

La creciente profundización discursiva sobre la “inviabilidad” de las empresas públicas por parte del gobierno utilizando el caso de Aerolíneas Argentinas como ejemplo emblemático y las reiteradas propuestas sobre la privatización de la compañía estatal, accionan como un dispositivo de construcción de sentido común ampliamente difundido entre los manuales liberales.

Al igual que sucedió con el programa de privatizaciones establecido en los ‘90, nuevamente estas concepciones irrumpen en el debate público como “cuestiones socialmente problematizadas”. En aquel momento, las privatizaciones tenían como una de sus banderas para poder entrar en la sociedad, la idea de que bajo manos privadas las empresas iban a brindar un mejor servicio, además de que estas cumplirían con ciertos cánones que las harían mejores para con el resto de la población.

Si bien, Aerolíneas Argentinas resistió de ser incorporada en la lista de las posibles empresas públicas a privatizar dentro de la Ley de Bases, como alternativa el gobierno traza la hoja de ruta hacía un posible vaciamiento. En el mes de julio se publicó el Decreto 599/24 mediante el cual se dispuso la desregulación completa del mercado aerocomercial y la derogación de una parte sustancial del Código Aerocomercial. En esta línea, esta semana se dio a conocer el Decreto 825/2024 por el cual se declaró servicio esencial al transporte aéreo civil y comercial.

Citando a los principios de la OIT la normativa expresa que “se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al 50%”. Esta decisión no resulta azarosa, en medio de una serie de reclamos por parte de los gremios aeronáuticos por sus condiciones salariales. Desde septiembre de 2023 a agosto 2024, el salario de los aeronáuticos cayó un 44,4%. Lejos del discurso basado en la necesidad de desprenderse de “privilegios”, se trata de una cuestión de supervivencia.

El despegue del modelo Low Cost

El arribo de la comunidad de negocios con aires desreguladores al sector aerocomercial significó una serie de consecuencias negativas para esta industria. La programática teñida por la desregulación y liberalización del sistema de transporte aéreo se llevó a cabo bajo el lema de la “Revolución de los aviones” programa que llevó a cabo el gobierno de Mauricio Macri con el objetivo de flexibilizar, desregular y liberalizar la actividad del transporte aéreo.

De este modo, se consolidó con la incorporación de las compañías aéreas low cost al mercado bajo dos objetivos centrales: provocar una pérdida de cuota de mercado para Aerolíneas Argentinas a través del descuido de sus activos y a su vez, privilegiar la predominancia del capital financiero internacional para atraer mayores inversiones. La decisión de privilegiar al sistema financiero sobre el sistema productivo presentó sus efectos directos provocando un mayor endeudamiento de las empresas públicas a costa de un mayor incremento patrimonial del sector privado.

Una cuestión central al interior del entramado low cost se relaciona con los modelos de financiamiento de estas unidades de negocios. Al indagar acerca de la forma de financiarse por parte de estas compañías, se identifica que existe una predominante presencia del capital financiero internacional bajo la injerencia de diversos fondos de inversión como lo son Black Rock, Vanguard, Fidelity Investments, Oaktree, Indigo Partners, Cartesian capital group.

¿Cómo medir la rentabilidad de las empresas públicas? El impacto socioeconómico y territorial de Aerolíneas Argentinas.

Cuando se discute la viabilidad de Aerolíneas Argentinas existe una serie de factores que se deben tener en cuenta. Aerolíneas opera en una amplia red de rutas que atiende los mercados de Argentina, América y Europa cumpliendo un rol estratégico en el desarrollo económico y social de nuestro país por su conectividad e integración territorial y su vinculación con el mundo. Por la posición geográfica y la extensión territorial argentina –octavo país más grande del mundo- la conectividad aérea es un recurso estratégico para el desarrollo económico del país.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas ofrece rutas hacia 32 destinos de cabotaje a lo largo y a lo ancho del país. En los últimos 4 años se incorporaron 3 nuevos destinos y 18 nuevas rutas. De esta manera, la compañía vuela a 39 destinos dentro de Argentina (21 de estos destinos de manera exclusiva) y opera, además, 52 rutas federales sin pasar por Buenos Aires, mientras que el modelo de líneas aéreas de bajo costo solo proporciona rutas hacía determinados destinos dejando por fuera aquellos destinos considerados “no rentables”, este mecanismo establece una desconexión al interior del territorio nacional.

Para 2023, Aerolíneas Argentinas realizó un aporte de U$S 8.294 millones al PBI, medido en materia de productividad y turismo receptivo internacional e interno. Por cada dólar que el Estado invierte en Aerolíneas en materia de transferencias, la compañía lo multiplica por 8.

 En materia de tráfico aerocomercial, Aerolíneas transportó más de 14 millones de personas en 2023 y generó 109.623 puestos entre empleos directos, indirectos, inducidos y catalíticos, mientras en 2019 el flujo de fondos con relación a los ingresos anuales mostraba un déficit del 20,2%, en 2023, esa relación giró a un 4% de superávit.

En los tiempos actuales, vuelve a despegar por los aires el viejo modelo privatizador que tuvo lugar en el patrón de acumulación de la Convertibilidad bajo las propuestas de privatización de Aerolíneas Argentinas y con ella, la desregulación del sistema de transporte aéreo. El efecto de librar las decisiones de política económica y en este caso en particular, de política aérea a las fuerzas del mercado, presenta una serie de impactos negativos que atentan contra el desarrollo económico y la soberanía nacional.

Es fundamental consolidar a través de las empresas con participación estatal, como lo es la línea aérea de bandera, una categoría relacional que proporcione el desarrollo económico nacional bajo modelos de acumulación soberanos e independientes de los intereses del capital financiero internacional.