“Para este Gobierno no existe la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga autonomía económica”

La integrante de la comisión directiva de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Andrea Grassia, dialogó con Bonavitta 530, donde criticó la gestión del gobierno en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad.

Al comienzo de la entrevista, Grassia condenó la reciente resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que generó un fuerte rechazo por el lenguaje utilizado y la falta de medidas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En ese sentido, Grassia denunció que el gobierno no solo mantiene barreras estructurales que impiden la inclusión laboral, sino que además perpetúa una visión asistencialista que no garantiza la autonomía económica del sector.

Grassia calificó como «un espanto» los términos empleados en la resolución del organismo, señalando que más allá de posibles modificaciones en la redacción, el problema de fondo persiste: “En el comunicado de ANDIS ellos mismos dicen que la cuestión de fondo va a seguir, por más que saquen las palabras discriminatorias”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue la dificultad de las personas con discapacidad para acceder al trabajo. «La mayoría de las personas con discapacidad no pueden conseguir empleo por las barreras y los prejuicios que hay», afirmó Grassia, haciendo hincapié en la discriminación estructural que sufren en el mercado laboral.

Además, denunció el incumplimiento del cupo del 4% en el sector público, establecido por ley para garantizar la inserción de personas con discapacidad. «El cupo del 4% en el sector público se incumple desde que se creó», remarcó, evidenciando la falta de compromiso de las administraciones en hacer cumplir esta normativa.

En cuanto a las pensiones por discapacidad, Grassia alertó sobre su insuficiencia para cubrir las necesidades básicas. «La pensión por discapacidad no llega a 300 mil pesos, no cubre ni una canasta básica», denunció, señalando la vulnerabilidad económica en la que quedan miles de personas que dependen de esta ayuda estatal.

Finalmente, Grassia reafirmó la necesidad de implementar políticas públicas reales que garanticen el acceso a derechos fundamentales para las personas con discapacidad, asegurando su inclusión plena en la sociedad y la posibilidad de una autonomía económica real.