Lucha y orgullo: La Comunidad Homosexual Argentina conmemora 40 años de trayectoria

Por Melina Alderete

Nacida en 1984, la CHA fue la primera asociación LGBT+ en el país post dictadura. Hoy, sigue defendiendo los derechos que se encuentran amenazados.

En mayo de 1984, la revista Siete Días irrumpió en la sociedad argentina post dictadura con una afirmación que llegaba para visibilizar a toda una comunidad que, lejos de ser incipiente en el país, comenzaba a hacer públicas sus problemáticas y demandas: “El riesgo de ser homosexual en la Argentina”, anticipaba la portada de la publicación, en donde podía verse a unos jóvenes Carlos Jáuregui y Raúl Soria, abrazados en un plano medio y mirando al lente con la verdad en sus ojos.

Un mes previo a esa publicación que significó un antes y un después respecto a la visibilización disidente, el propio Carlos Jáuregui, junto a otros compañeros y compañeras, dio inicio a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), una organización nacida el 16 de abril de 1984 en la discoteca Contramano y que se convirtió en la primera asociación LGBT+ en el país luego de la recuperación de la democracia.

La histórica CHA, que hoy conmemora sus cuarenta años de activismo, fue la segunda organización disidente en América Latina, luego de los Grupos Gay de Bahía en Brasil. Desde su creación, el principal objetivo fue “defender los derechos humanos de los ciudadanos homosexuales” en un contexto argentino en el cual comenzaba a surgir la búsqueda por la justicia por los crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, a pesar de que, en materia de derechos humanos, la Argentina de ese entonces ya empezaba a ser pionera en el mundo, aún quedaban algunas minorías que seguían sufriendo las violencias institucionales, incluso en tiempos democráticos. Para el escritor Osvaldo Bazán, las razias de la democracia se encargaron de “limpiar de maricones las calles porteñas”, arrestando a 21.342 personas por averiguación de antecedentes en el período de diciembre de 1983 y marzo de 1984.

En ese contexto, la creación de la Comunidad Homosexual Argentina, con Carlos Jáuregui como presidente, se presenta como una salida colectiva ante el rechazo, la indiferencia y la discriminación, permitiendo a los gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y demás identidades disidentes del país comenzar a organizarse para participar activamente de la vida social y política de la Argentina.

Entre dichas participaciones, se encuentran las campañas para la prevención y la concientización por el SIDA, que se llevó a cabo en 1987 mientras el Estado meditaba acerca de la marginación de quienes conviven con el virus; también se destaca la realización de la primera Marcha del Orgullo en 1992 en donde, según el propio activista y presidente de la CHA en 1996, César Cigliutti, se utilizó por primera vez la palabra “orgullo” para reinvidicar la existencia y lucha disidente.

Asimismo, en estos cuarenta años, desde la CHA se han impulsado distintos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas LGBT+ del país, algunos de ellos, ya convertidos en ley, como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, el Cupo Laboral Trans, entre otros.

La lucha continúa

En un nuevo aniversario de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), sus integrantes y activistas insisten en la construcción de un país “donde todxs tengamos los mismos derechos”, según indica su premisa desde aquellos primeros años de gestación.

Sin embargo, hoy en día, pareciera que aquel país está lejos de su instalación definitiva: Con el avance de las políticas del gobierno nacional, han sido despedidas, a mediados de abril, 105 personas travestis, trans y no binaries que trabajaban en la administración pública, lo que supone un ataque a la implementación del Cupo Laboral Trans que está vigente desde el 2021.

El último registro revela que, desde la sanción de la Ley N°27.636 “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, la normativa permitió el ingreso de 955 personas travesti, trans y no binaries al empleo formal público, una cifra que se encuentra en peligro desde la asunción de Javier Milei.

Según los datos obtenidos a raíz de la creciente ola de despidos que azota a la comunidad trans, la mayoría de ellos se dio en la Secretaría de Trabajo, de Desarrollo y Anses, con un porcentaje que representa casi el 10% del cupo alcanzado en 2 años y medio.

Para el Observatorio de Zaguán Transindical – Frente de TraVajadores Trans, Travestis y No Binaries en el Estado, las medidas del gobierno nacional evidencian “una clara saña contra personas trans, algunas con más de 13 años de trabajo, ya que se ha usado la ola de despidos masivos para actos discriminatorios”.