Parpadeos – Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna

La célebre foto del hematoma en el ojo se tomó 72 horas después de que Fabiola Yáñez se sometiera a un tratamiento estético de la cosmetóloga María Florencia Aguirre, quien le realizó una aplicación de plasma rico en plaquetas para reducir arrugas, ojeras y bolsas. Así lo afirmó el portal El Disenso y lo reprodujeron otros medios sin citar la fuente. En el primer año de la presidencia de Fernández, 148 veces su pareja fue atendida por distintos esteticistas, entre ellos Aguirre. Sin embargo, Aguirre declarará el 5 de septiembre, ofrecida como testigo por Yáñez, no por Fernández. En un caso tan contencioso corre un doble riesgo: ser imputada por ejercicio ilegal de la medicina y/o por falso testimonio.

El Cohete no tiene elementos para establecer la veracidad o falacia de las afirmaciones de Yáñez de haber sido golpeada no una sino muchas veces, refrendadas por sus diálogos de aquel momento con la secretaria del Presidente, María Cantero. Tampoco acerca de la réplica de Fernández, quien insiste en el relato del tratamiento estético. La denuncia  es verosímil, pero esa presunción debe confirmarse con pruebas válidas, que superen los descargos del ex Presidente.

El tratamiento consiste en la

• Extracción de una pequeña cantidad de sangre del paciente, generalmente de un brazo.
• Centrifugación de la sangre, para separar el plasma rico en plaquetas (PRP).
• Preparación del plasma, mezclado con otros agentes activadores.
• Aplicación en las áreas a tratar a través de microagujas.

La aparición de hematomas en la zona de la aplicación es una de las complicaciones posibles. El plasma rico en plaquetas no se recomienda en personas que toman anticoagulantes o con consumo excesivo de alcohol, que afecta la coagulación de la sangre, debilita los vasos sanguíneos y aumenta la probabilidad de moretones. El globo de masaje facial que se observa en la última foto entregada por la denunciante, es de uso habitual en tratamientos estéticos.

La planilla de control de ingreso a RPO de la cosmetóloga, consigna que estuvo allí entre las 13.16 y las 16 del 19 de junio de 2021. Las fotos que Yáñez le envió a María Cantero son del 22 de junio.

La descripción de El Disenso coincide con la del ex Presidente Fernández en la entrevista que concedió al Cohete al conocerse el caso. Hay además otro testimonio en el mismo sentido, de la niñera de Francisco Fernández Yáñez.

¿Alguien vio los golpes?

Entre quienes han declarado hasta hoy en la causa que el juez Julián Ercolini delegó en el fiscal Ramiro González nadie dijo haber visto las agresiones denunciadas. El ex intendente de RPO, Daniel Rodríguez, afirmó que había mal clima entre la pareja, desde que Fernández señaló que su querida Fabiola había organizado la fiesta de cumpleaños, y que él cometió el error de permitirla. Rodríguez escuchó discusiones subidas de tono, pero nunca supo de golpes. Agregó que el ama de llaves le dijo que Yáñez se había caído dos veces en la bañadera y le sugirió que se lo contara al primer mandatario.

Esa ama de llave mencionada por Rodríguez es la Testigo A, de identidad reservada. Durante más de una década trabajó en el departamento de Fernández en Puerto Madero y luego fue contratada en RPO. Su relato ante el escribano no atribuye los moretones ni a golpes ni al tratamiento estético, sino a las caídas, que a su vez endilga a la ebriedad.

Estos son algunos fragmentos de la declaración de la Testigo A, cuyo nombre es Teresa:

• “Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol”.
• “Un día Yáñez se había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fui a buscar la encontré tirada en el piso en el medio de las plantas en la zona de la pileta”
• “Cada vez que se reunía con sus amigas terminaba tomando demasiado”.
• Una vez, en la residencia de Chapadmalal, “tomó alcohol hasta el amanecer con su hermana Tamara y en un momento de la madrugada bajó en estado de ebriedad adonde yo me encontraba cuidando al niño para llevarlo con ella. Sube al primer piso quedando sola con el bebé y se le cae”. No tuvo otra consecuencia que un chichón.
• “Yo me ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor Fernández no se enterara”.
• Yáñez guardaba el alcohol bajo llave en la casa de huéspedes, donde había un armario en el vestidor. El peluquero se lo llevaba a escondidas.
• “También su amiga Sofía ingresaba bolsos con bebida alcohólica”.
• “Además tomaba Rivotril y Clonazepan”, que ella le buscaba.

Fernández también aportó al tribunal veinte fichas médicas del tratamiento que su pareja siguió en 2016 en el Instituto de Neurología Cognitiva creado por Facundo Manes (INECO), que incluyen anotaciones manuscritas de la paciente. La historia clínica que el fiscal Ramiro González solicitó a INECO contiene este diagnóstico: trastorno de personalidad, bipolaridad y adicción al alcohol. También consigna que antes de su relación con Fernández ya había tenido dos abortos. Esa constancia de los problemas que la afectaban podría ser un agravante, en caso de que se comprobara que existieron los golpes a una persona vulnerable. Pero el propósito del ex Presidente es cuestionar la veracidad de los hechos denunciados. Según Yáñez, su inestabilidad emocional y su alcoholismo son consecuencia del maltrato recibido y de la pérdida de un embarazo. Con la historia clínica y las fichas, el acusado intenta demostrar que esos problemas ya existían cinco años antes.

La niñera de su hijo Francisco, que forma parte de una iglesia evangelista, fue identificada como Testigo G. Sostuvo que Yáñez desatendía al bebé. Más de una vez debió sostenerla porque llegaba borracha. También dijo que varias veces vio a su empleadora mientras le realizaban el tratamiento estético de PRR, después del cual le quedaban moretones en los ojos. Fernández afirma que entregó el testimonio de las dos mujeres ante un escribano, que deberán ser ratificadas ante el tribunal, por su profunda desconfianza del juez y el fiscal.

Según la señal de noticias por cable de La Nación, con la declaración de la testigo A ofrecida por Fernández, “comienza la operación de desprestigio” de Yáñez. Ese medio no solo da por probada la denuncia. Además señala como responsable a CFK, porque algunas expresiones suyas de entonces sugieren que no ignoraba que el Presidente se distraía de su función en coqueteos extraconyugales. El linchamiento mediático del Doctor Fernández, que ya ha sido condenado en el liviano tribunal de los opinators, procura destruir no solo al ex Presidente, sino a todo el peronismo, comenzando por Cristina.

De Olivos a Ezeiza

La triste saga de Olivos coincide con

• El escándalo de la visita de los diputados del oficialismo a los condenados por Crímenes de Lesa Humanidad recluidos en la cárcel de Ezeiza.
• El posterior estallido del bloque, con gritos, amenazas, renuncias y expulsiones.
• Las discusiones sobre la designación de nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
• La provocación de la Vicepresidenta Victoria Villarruel al postular la reapertura de causas contra militantes populares, y
• El rechazo de CFK a cualquier acercamiento con quien la sucedió en el despacho del Senado.

La afirmación de Villarruel de que la reapertura de esas causas para que todos los Montoneros estén presos es la tarea más importante de su vida descolocó a quienes venían de negar que fuera “procesista” y la caracterizaron como nacionalista y peronizable. Entre ellos el panelista 0,8% Moreno y el ex ministro de Seguridad Sergio Berni.

Esas aproximaciones forman parte de la fantasía de promover el juicio político y la separación del cargo del Presidente Javier Milei por su desequilibrio psiquiátrico, como lo sugirió el senador José Mayans, luego de que ambas cámaras del Congreso llegaran a los 2/3 que permitieron derogar la ley previsional. Milei anunció que la vetaría, pero con 2/3 de Diputados y del Senado quedaría firme. Por flojo que sea el desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, se alejaría de esa zona de riesgo, porque aumentaría sus bancadas.

Cristina envió a sus senadoras más próximas a cuestionar esa jugada. La ex Presidenta dijo que la responsabilidad institucional del peronismo desecha tal peripecia y sugirió realizarle el peritaje psiquiátrico a quienes dicen que Villarruel es peronista.

La ex Presidenta cree que si el gobierno de Milei no se sostiene, como desean/vaticinan algunos entusiastas, lo que vendría sería mucho peor. Apuesta a imponerle correcciones del rumbo, pero no a derrocarlo, y es consciente de la debilidad de la fuerza propia en este momento. No está claro que piense lo mismo el ex Presidente Maurizio Macrì.

El gobierno prefiere atribuir esos pujos al kirchnerismo, porque le resulta más cómodo que explicitar la amenaza de Macrì. El subsecretario de prensa de la presidencia, Javier Lanari, sostuvo por escrito que “pasaron del Club del Helicóptero al Club del Juicio Político. Lo dicen abiertamente”. Se basa para eso en una entrevista radial de Mayans, para quien “Macrì está en la suya, Macri le dice: acá están los dos tercios, te hacés el loco y te damos matraca. Tiene la llave para sustituirlo, y Milei ayuda mucho, porque está totalmente alienado”. Antes había bromeado sobre el Presidente con Villarruel en el recinto.

La Nación sumó su granito de arena al afirmar que Perón, como Villarruel, era nacionalista de derecha.  Tal descripción podría aplicársele a sus años en el GOU, hasta el golpe del 4 de junio de 1943. Pero pierde validez desde que fue bautizado aquel 17 lustral en las aguas de la fresca corriente popular.

Mayans encabezó la conferencia de prensa en la que el interbloque en pleno del kirchnerismo en el Senado repudió a Villarruel. En una declaración con el fuerte título “El Senado no es lugar de los genocidas”, dijo que se propone derrotar a Milei en las urnas, no deponerlo en un enjuague parlamentario. Concluye afirmando “Nunca más”.

Las cuatro causas

Hay cuatro causas en las que se discute la punibilidad de militantes populares por su participación en acciones armadas, ocurridas entre septiembre de 1973 y julio de 1976:

• El asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci, el 25 de septiembre de 1973.
• El secuestro del teniente coronel Argentino Larrabure, el 12 de agosto de 1974, cuyo cadáver fue hallado un año después.
• El asesinato el 1° de diciembre de 1974 del capitán del Ejército Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina.
• El atentado el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Inteligencia de la Policía Federal.

En los cuatro casos ha habido pronunciamientos judiciales que contradicen la pretensión de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, de promover el enjuiciamiento y la condena de quienes resulten responsables. Villarruel dijo que el país “merece no ser un nido de impunidad“. El CELS le respondió:

Esto es exactamente así en las cuatro causas. Lo que sigue es una síntesis de la deriva de cada caso en los tribunales:

El atentado contra Rucci tuvo nombre, pero no firma. Se conoció como Traviata, por la galletita cuya publicidad destacaba que tenía 23 agujeritos. Pero ninguna organización lo asumió. La causa judicial no avanzó en la identificación de los autores ni durante el gobierno peronista ni bajo la dictadura. Entre 1973 y 2008, el expediente rebotó como pelota de pingpong entre distintos juzgados, ordinarios y de excepción que rehusaban su competencia.

Los hijos del sindicalista, Aníbal y Claudia Rucci, señalaron como responsable a la Triple A, del ministro de Bienestar Social José López Rega. En consecuencia, en 1998 el ministro Carlos Corach ordenó pagarles una indemnización de 224.000 dólares por ese crimen de Estado y el Presidente Carlos Menem así lo hizo en 1999.

Pero en 2008, Claudia Rucci denunció a “la cúpula montonera”, pidió la reapertura de la causa y que se citara a declarar al periodista Ceferino Reato, según quien los ejecutores fueron Juan Julio Roqué, Marcelo Kurlat y Héctor Arrue. Los tres ya habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas. El entonces secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo, en cuyo tribunal había quedado el polvoriento expediente, dispuso reabrir la causa.

En septiembre de 2011 Claudia Rucci acusó a Montoneros ante Lijo y le pidió que citara a declarar a Mario Firmenich y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Aníbal Rucci sostuvo que su hermana estaba politizando la causa por razones electorales ya que era candidata a vicegobernadora de Eduardo Amadeo, en la boleta que llevaba a Eduardo Duhalde para la presidencia. Sólo los eligieron el 5,9% de los bonaerenses.

El 10 de agosto de 2012, Lijo determinó que el crimen fue cometido por Montoneros pero que estaba prescripto, ya que al no ser un delito de lesa humanidad “no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad”. El juez destacó las contradicciones entre las investigaciones periodísticas de Eugenio Méndez y Ceferino Reato. Claudia Rucci apeló, alegando que “se contó con ayuda del Estado o de sus organismos”. En diciembre de ese año, la sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, revocó el archivo por prematuro y ordenó profundizar la pesquisa en ese sentido.

Después de varios años, Lijo descartó esta línea de investigación calificándola de “no novedosa”, “carente de sustento”, “apoyada en fuentes que no sólo no pudieron ser corroboradas, sino que fueron descartadas”. Cuando el gobierno de los Hermanos Milei propuso a Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Villarruel se declaró en desacuerdo, porque “dejó en el limbo” la causa Rucci.

También el senador Francisco Paoltroni se opuso a esa designación, por otros motivos: sostiene que Lijo favoreció a su adversario político formoseño, Gildo Insfran. La antipatía es recíproca, y cuando Villarruel propuso a Paoltroni para presidir la bancada libertaria, Insfran consiguió frenarlo. Ahora, el gobierno decidió expulsar al senador díscolo.

El 22 de septiembre de 2022, el fiscal federal Franco Picardi dictaminó que como no se corroboró la participación de agencias estatales o para-estatales, no se trataba de Crímenes de Lesa Humanidad, de modo que operó la prescripción penal. Hasta ahora, Lijo no respondió. Es la causa ideal para las provocaciones de Villarruel, aunque la probabilidad de cualquier cambio en la jurisprudencia vigente es desdeñable. Sin duda, Carlos Rosenkrantz podría incurrir en esa desviación. Pero en ninguna hipótesis podrían acompañarlo Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Maqueda.

El secuestro y muerte de Larrabure. Si la hija de Rucci colabora con Villarruel en el Senado, el hijo de Larrabure, Arturo, ha sido designado en Defensa por Luis Petri. El cuerpo del militar secuestrado por el ERP apareció el 19 de agosto de 1975. El hijo del militar sostuvo que las guerrillas eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que sus delitos tampoco habían prescripto. El expediente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, a cargo de Pedro Alegría Cáceres llevaba la carátula “Larrabure, Argentino del Valle – su muerte”. Incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo, y no menciona ni torturas ni asesinato. Esa narración fue uno de los argumentos que justificaron el golpe de 1976. Recién en agosto de 1979 los jueces de la Capital Federal René Daffis Niklison y Ramón Ojeda Febre le ordenaron a su colega rosarino Aguirre Stegmann que lo recalificara como homicidio. En todas las instancias judiciales se rechazó la pretensión de que se trataba de Crímenes de Lesa Humanidad. Así lo dispusieron el juez de primera instancia Marcelo Bailaque, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. Sólo resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, donde el expediente viaja de vocalía en vocalía. El obispo católico castrense, Santiago Olivera, inició los procedimientos para elevar a Larrabure a los altares. Los acusados, Amorosa Brunet de González, Rut y Estrella González, Dardo José Tosetto y Héctor Antonio Vitantonio, fueron detenidos-desaparecidos sin juicio.

El atentado contra el capitán Viola y su familia. El atentado fue el 1ª de diciembre de 1974. Al día siguiente una patota militar secuestró a Berta Molina, esposa del dirigente gremial de los vitivinícolas tucumanos Oscar Montenegro. Los secuestradores la mataron a golpes contra las alambradas del autódromo en el Parque 9 de Julio. Dos días más tarde también fue secuestrado, torturado y asesinado el hijo de ambos, Luis Montenegro, de 18 años. El ERP asumió la responsabilidad del atentado y lo repudió como un grave error. Al cumplirse un año del atentado, frente a la casa de los padres de Viola, los militares del Operativo Independencia hicieron volar un auto con siete personas secuestradas.

El 28 de diciembre de 1979 José María Paz, Rubén Emperador, Alberto Vivanco, Francisco Carrizo y Fermín Ángel Núñez fueron condenados como autores del atentado a cadena perpetua por el juez Manlio Martínez. En 1989, Menem indultó a quienes aún vivían. En 2009, la viuda reclamó la anulación del indulto por tratarse de un crimen de Lesa Humanidad y pidió la detención de Fidel y Raúl Castro Ruz. En 2011 la solicitud fue rechazada por el juez federal Daniel Bejas, por la Cámara Federal de Tucumàn y luego por la Corte Suprema, porque no formó parte de una política de Estado. En 2016 la familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2022 declaró admisible el recurso y corrió vista al estado de Argentina.

El comedor de la inteligencia policial. El estallido del 2 de julio de 1976 causó 23 muertes y heridas a un centenar de personas en la SS Federal. Los servicios de informaciones sindicaron como autor material del atentado, por colocar el explosivo, al oficial de la Policía Federal José Salgado y como responsables a Rodolfo J. Walsh y Marcelo Kurlat, pero la dictadura nunca impulsó la apertura de una causa judicial. Recién ocurrió cuatro décadas después. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda y la jueza María Servini fueron los primeros en cerrar la causa por estar prescripta, al no constituir un crimen de lesa humanidad o de guerra.

Lo confirmaron en 2008 los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah y luego la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Juan Fégoli, Mariano González Palazzo y Raúl Madueño).

Pero en 2021 la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el policía condenado por torturas Emilio Eduardo Kalinec reclamaron su reapertura, alegando contactos entre la conducción guerrillera, la Organización para la Liberación de Palestina y Cuba. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ordenaron reabrir la investigación, por razones técnicas y sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

En agosto de 2022, el fiscal Guillermo Marijuan insistió en la clausura de la causa, cosa que Servini confirmó en septiembre de 2023. La decisión ha sido apelada ante Bruglia, Llorens y Bertuzzi.

En definitiva, un fiscal y una jueza de primera instancia, un fiscal y tres jueces de Cámara de Apelaciones, un fiscal y dos jueces de Casación, el Procurador General de la Nación y cinco jueces de la Corte Suprema, quince magistrados de distinta formación, ideología y antigüedad en la justicia, coincidieron en que no era posible la persecución penal por un hecho realizado tres décadas antes sin intervención de lo que el Procurador General llamó “un ejercicio despótico y depravado del poder gubernamental”.

El único camarista que no consideró prescripto el hecho, Raúl Madueño, dijo que no había prueba alguna de la participación de los acusados: una imputación penal “no puede construirse sin resguardo probatorio mínimo que vincule al sujeto que se acusa con el hecho investigado. Aceptarlo constituiría una grave lesión a principios básicos de debido proceso legal”. Cuando la justicia pidió el desarchivo del expediente original constató con asombro que nunca existió, porque la dictadura mataba sin ley. Por eso Madueño dice que no hay “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha respecto de las personas que sindica la parte querellante”.

En varias de sus últimas entrevistas, el ex dictador Jorge Videla me involucró en aquel hecho para lo cual citó “informes de Inteligencia del Ejército”. Es otra falsedad de Videla. En marzo de 1977 la Marina y la Policía Federal ya habían secuestrado y asesinado a José María Salgado, Rodolfo Walsh y Marcelo Kurlat, sin intervención judicial. Si algún informe de Inteligencia del Ejército me hubiera incluido, lo cual tampoco sería una prueba de verdad, me hubiera ocurrido lo mismo que a ellos. Pero en diciembre de 2004 un policía sobreviviente del atentado, con el patrocinio del ex juez de la dictadura Norberto Giletta, solicitó la reapertura y sin otro sustento que versiones incriminó a una larga lista de personas, que La Nación y Clarín redujeron en su cobertura a dos: Mario Firmenich y el autor de esta nota. Hasta incluyeron en la denuncia a la madre de uno de mis hijos, de quien me había separado cinco años antes del golpe, porque no compartía mi militancia.

La denuncia presentada después de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en la causa Simón, no es otra cosa que una represalia por mis actos como presidente del CELS, que condujeron a esa decisión judicial y al descuelgue de los retratos de Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, que propusimos a Néstor Kirchner. Desde que la Corte Suprema confirmó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y ante el avance de los juicios, los defensores del Estado Terrorista han propiciado “la memoria completa”, una versión soft de la doctrina de los dos demonios. También Ceferino Reato, que investigó el episodio en un libro que quiso hacer historia dijo que no encontró ni testimonios ni documentos que me vincularan con el atentado, aunque los buscó con el empeño que todos ponen en asociar a Montoneros con los Kirchner.

Con menos información pero más gracia, la diputada Lilia Lemoine preguntó si Victoria Villarruel también se propone poner presa a la ministra de Seguridad, Patio Bullrich, quien mantiene un cauto silencio.