«La cárcel debe ser un lugar de resociabilización»

Rosana Locascio, abogada y docente del programa UBA XXII, dialogó con Nicolás Mársico y el equipo de «Un Buen Comienzo» (AM 530 – Somos Radio) sobre el conflicto generado en el penal de Devoto tras la decisión del Gobierno de eliminar el centro de estudiantes del Centro Universitario de Devoto (CUD). La medida pone en riesgo el funcionamiento de UBA XXII, el programa de educación universitaria en contexto de encierro. «La cárcel debe ser un lugar de resocialización», sentenció.

Locascio explicó que el programa UBA XXII nació en 1985 a partir de la iniciativa de personas privadas de su libertad que identificaron un espacio sin uso dentro de la cárcel y solicitaron a la Universidad de Buenos Aires y al Servicio Penitenciario la creación de un Centro Universitario. Desde entonces, el CUD ha permitido que cientos de estudiantes accedan a carreras universitarias como Derecho, Contabilidad, Sociología, Filosofía y Ciencias Exactas.

Uno de los aspectos centrales del programa es el rol del centro de estudiantes, que cumple funciones clave en la organización de la cursada. «La UBA no tiene empleados dentro del CUD. Son los mismos estudiantes quienes organizan la inscripción a las materias, verifican las correlatividades, gestionan los horarios y garantizan el contacto con los docentes y las facultades», explicó la abogada. Sin esta estructura, el funcionamiento de las carreras quedaría en manos del Servicio Penitenciario, que carece de la experiencia necesaria para administrar un programa educativo de esta magnitud.

La decisión de eliminar el centro de estudiantes, según Locascio, se sostiene en un discurso falaz que busca deslegitimar su función. «Se instala la idea de que es un lugar de esparcimiento, cuando en realidad los estudiantes tienen jornadas de estudio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En los ratos libres acceden a la biblioteca o al material digital, y el centro de estudiantes es el nexo con las facultades», detalló.

Para la docente, la decisión del Gobierno responde a una visión represiva que desconoce el rol de la educación en la resocialización. «Se habla de la importancia de la reinserción, pero al mismo tiempo se bloquea el acceso a la educación. Es un doble discurso. Eliminar el centro de estudiantes significa que el programa UBA XXII quedaría a merced del Servicio Penitenciario, que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de sostenerlo», advirtió.

Locascio también alertó sobre la intención de extender esta medida a otras unidades del sistema federal. «Se empezó por Devoto porque es el único centro de estudiantes en pleno funcionamiento, pero esto es solo el primer paso para eliminar los centros en todas las cárceles federales», denunció. Además, señaló que en complejos penitenciarios como Marcos Paz y Ezeiza ya se ha obstaculizado el ingreso de docentes y el desarrollo de clases.

Finalmente, la abogada reflexionó sobre el modelo de cárcel que impone el Gobierno de Javier Milei. «Es momento de preguntarnos qué tipo de cárcel queremos. ¿Una donde simplemente se encierra a las personas sin perspectivas de reinserción, violando sus derechos, o una que brinde herramientas para una segunda oportunidad?», planteó. Y concluyó con una advertencia: «Cuando se desmoronan las instituciones democráticas, también se erosiona el Estado de derecho».