Horacio Verbitsky: El escorpión – El Cohete a la Luna

Desde que es precandidato a Vicepresidente, los actos del contador Gerardo Morales tienden a interpretarse en función de la primaria que su compañero de fórmula, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene con la ex ministra de Seguridad, Patio Bullrich. Larreta lo eligió porque Morales preside la Unión Cívica Radical, uno de los dos únicos partidos con estructura nacional, que le asegura representación en cada distrito, por remoto y pequeño que sea.

En 2015, Morales fue derrotado en la Convención Nacional de su partido cuando propuso que además de aliarse con Maurizio Macrì, lo hiciera también con Sergio Massa. No obstante, consiguió autorización para hacerlo en su distrito, cuyo compañero de fórmula, Carlos Haquim, revista en el Frente Renovador.

Pero a Rodríguez Larreta también le atrajo que Morales fuera, como dijo al presentarlo, “un tipo de acción”. Ese eufemismo se refería al encierro de Milagro Sala, condenada por un Poder Judicial colonizado por Morales, al desmantelamiento de su organización barrial Túpac Amaru, que fueron sus primeras medidas de gobierno, y a la represión sin contemplaciones de docentes y pueblos originarios que reclaman contra la Constitución sancionada de apuro, para marginar a las comunidades locales de cualquier palabra respecto de la explotación de los minerales raros en sus tierras y la penalización de toda protesta no autorizada con antelación por el gobierno. Aunque la Constitución jujeña prohíbe que los miembros de la convención reformadora desempeñen otro cargo, Morales la presidió. Y cuando se generalizaron las protestas indígenas, dejó sin efecto la vigencia de los artículos que los afectaban, por sí y ante sí.

Como las protestas no se diluyeron, Morales les tiró por la cabeza con el Código Penal, en una escalada que difícilmente tenga final feliz para el gobierno provincial. Hace medio siglo, Italia aprobó una serie de leyes especiales al tiempo que se profundizaba la crisis económica. En un seminario sobre Orden y Democracia en la Crisis, organizado por la revista La questione criminale, el jurista napolitano Antonio Bevere vinculó el tema penal con la cuestión salarial. Cuando los salarios industriales aumentaron más que la productividad,  el capital reaccionó con un plan de reconversión del aparato productivo que comprendió reducción del costo del trabajo, aumento de la productividad, disminución de la ocupación e incremento del trabajo en negro. Para salir de la crisis, la racionalidad productiva del capitalismo previó un plano de ilegalidad, con una indiferencia por las condiciones de vida de los trabajadores que no mereció sanción del sistema penal. Esta reivindicada autonomía del capital de cualquier vínculo que no derive de su racionalidad productiva, está vinculada con la correlación orden público-relanzamiento productivo, que de otro modo es incomprensible. El relanzamiento del modelo de producción capitalista todavía debe atravesar un empeoramiento neto de las condiciones de vida de los trabajadores y los ciudadanos. Estos deberían dirigir su atención, su disidencia, hacia ’enemigos internos’ bien individualizados y muy desacreditados (ladrones, rateros, violentos). Es una obra de educación de las masas para que odien al ladrón que roba un auto, teman a quien secuestra a personas, desprecien a quien abre fuego contra la policía, pero ni se acuerden del industrial que aumenta el nivel de explotación del trabajo.

Los negros y los mulos

Aunque es nieto de bolivianos (su abuela materna nació en Tupiza, y su abuelo en Camargo), Morales ha hecho honor al dicho colonial de las clases altas jujeñas: “A los negros y a los mulos, palos por el culo”. El actual gobernador nació en Salta. La abuela María, callada y sumisa, vestía con la amplia pollera y las trenzas en coronita típicas de las cholas. Se cortó las trenzas, para sorpresa de los vecinos, cuando el nieto Gerardo se postuló a su primer cargo electivo, como diputado provincial, en 1989. Dos años después ya fue candidato a la vicegobernación. Reelecto diputado en 1993, tres veces fue derrotado como candidato a gobernador, en 1995, 1999 y 2011. Pero esa misma persistencia revela su centralidad en el radicalismo jujeño. También presidió su bloque de diputados provinciales y se encargó de las finanzas de su Comité Nacional.

En 2000 comenzó su proyección nacional, como viceministro de Desarrollo Social de la primera Alianza, con Fernando de la Rúa como Presidente y Graciela Fernández Meijide en el ministerio, desde el que politizó su trayectoria en derechos humanos. Aquel gabinete, del que también formaba parte Patricia Bullrich, redujo un 13% los ingresos nominales de empleados estatales y de jubilados.

Se produjeron por entonces los primeros cortes masivos de rutas y vías férreas en el tórrido Conurbano bonaerense. Durante uno de ellos, Fernández Meijide envió a Morales a La Matanza y el gobernador Carlos Rückauf a su vice Felipe Solá para negociar con las organizaciones piqueteras que habían interrumpido la avenida Cristianía y las vías del Ferrocarril Sarmiento. Las actitudes despectivas de Morales empantanaron las negociaciones. “Llamé a Olivos de madrugada y pedí que lo sacaran porque con su estilo insultante estaba agravando la situación. Recién cuando De la Rúa lo relevó y en su lugar llegó Marcelo Stubrin las cosas se encarrilaron con sensatez”, lo recuerda Solá.

Cuando De la Rúa estaba a punto de estrellarse, Morales fue elegido senador nacional por Jujuy, en las elecciones de medio término de 2001, lo cual le brindó asilo en el momento de la catástrofe, que se precipitó diez días después de que jurara el cargo. En 2007 se postuló a la vicepresidencia acompañando al extrapartidario Roberto Lavagna. Ocuparon el tercer lugar, con menos del 17% de los votos. Además consiguió que su hermano Freddy, operador de los negocios de la familia, se apoltronara en el directorio del Banco Hipotecario. Salteño y contador como él, Freddy también fue diputado provincial por la UCR, presidente de la comisión de Economía de la Legislatura y tesorero del comité radical jujeño, mientras Gerardo atesoraba los fondos del Comité Nacional. Toda una concepción del poder.

Campeón nacional del nepotismo

Con 25 familiares en el gobierno provincial [i], Morales también avanzó sobre el peronismo, al casarse con la sobrina nieta del ex gobernador Carlos Snopek e hija del ex gobernador Guillermo Snopek. Otro de sus hermanos, Walter, intervino el instituto jujeño de la vivienda, fundamental para desarbolar a la Túpac Amaru, que durante los gobiernos kirchneristas había puesto en crisis el monopolio de la construcción por las empresas asociadas al binomio peronista-radical. La Túpac construía más rápido y más barato, lo cual era imperdonable. Pero además obstaculizaba la atracción de Morales por nuevos negocios, como la marihuana, la energía solar y el litio, razón de varias denuncias de Sala y los tupaqueros.

El gobierno nacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional la reforma jujeña. Pero salvo una investigación in situ, que no forma parte de los hábitos del tribunal supremo, el texto en sí está blindado por la pluma astuta de Ricardo Gil Lavedra, quien integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora se sienta en el sitio que ocupé por tres décadas en la junta directiva de Human Rights Watch/Americas. Si a esto se suman las ostensibles inclinaciones de la Corte, la probabilidad de un fallo reparador no es descollante.

El equilibrio entre la presidencia del radicalismo y los modos rudos de gobierno de Morales se fue alterando a medida que crecían las propuestas simplistas de Bullrich, que asocia la criminalidad con la protesta social y propone reprimir ambas, sin miramientos. Morales es cada vez menos radical y cada vez más represor, en la ecuación de Rodríguez Larreta, pero a diferencia de Bullrich tiene asesores que enmascaran esas pulsiones con buenas palabras, como Gil Lavedra, quien le da letra, tanto para la persecución a Milagro como para la reforma de la Constitución jujeña, que puso a la provincia en pie de guerra.

Acelerar frente al abismo

Morales es una de esas personas que ante un abismo aceleran. Esta semana anunció que ya tiene 150 detenidos, y que les caerá con penas que llegan hasta los 25 años de prisión y multas de hasta dos millones y medio de pesos. Así lo anunciaron en una conferencia de prensa surrealista el fiscal de Estado, Miguel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador jujeño, Sebastián Albesa, de ceño fruncido y cara de malos. Dijeron que se trató de un golpe institucional, de “delitos practicados con una virulencia majestuosa” contra la Constitución que prohíbe las protestas y que estaba en vigencia, aunque falte la ley reglamentaria. Será suplida por los artículos del Código Penal. La demencial conferencia de prensa, que intentó responder a una protesta masiva contra decisiones políticas con un Código creado para castigar el delito, consistió en un monótono enunciado de artículos de ese código que castigan con penas de

• Hasta 25 años de prisión y reclusión por el ataque a la legislatura, “el recinto más sagrado que tiene la democracia”.
• Hasta 25 años, el secuestro de tres efectivos policiales en el acceso a Purmamarca.
• Hasta 20 años por el ataque al Concejo Deliberante de Humahuaca.
• Hasta 20 años por Instigación e impedimento de la libre circulación,
• de 10 a 25 la privación ilegítima de la libertad.
• de 1 a 6, la sedición,
• de 2 a 8 años la tentativa de homicidio,
• de 3 a 15 el estrago doloso,
• 3 a 4 años los daños a bienes de uso público,
• de 6 meses a 2 años el atentado contra la autoridad,
• de 15 días a 1 año, la resistencia a la autoridad,
• de 6 meses a 2 años, las lesiones lleves,
• hasta 5 años por el impedimento y estorbo de los servicios de salud, impidiendo el paso de ambulancias,
• de 15 días a 6 meses el estorbo funcional.

Rivas, quien aclaró que su dependencia es parte del Poder Ejecutivo, incriminó la formación de multitudes ante los consejos deliberantes, contra una Constitución Provincial que está vigente, terminado el proceso constitucional.

Esta práctica contradice el discurso con que Horacio Rodríguez Larreta confronta a Bullrich en el debate de JxC. El jefe de gobierno porteño repite una y otra vez que la policía puede intervenir para despejar un corte pequeño, pero que es impotente cuando la movilización abarca a miles de personas, como ocurre en Jujuy. Su jefe de gabinete, Felipe Miguel, añade que, durante su gestión como Ministra de Seguridad de la Nación, Bullrich no pudo erradicar los piquetes. El tratamiento de un vasto conflicto social con las herramientas del sistema penal requiere dosis siempre crecientes de violencia, hasta quebrar al movimiento popular, como han hecho las dictaduras que fueron, pero es impracticable con la plena vigencia de las garantías constitucionales, que el contador Morales intenta suprimir en su provincia. Bastó el anuncio de Morales para que los cortes parciales de tránsito se volvieran totales.

El Ministro de Seguridad añadió que su departamento contravencional realizó las actas por desórdenes, escándalos y molestias a terceros, omisión de ceder paso a vehículos oficiales como ambulancias, móviles policiales y de bomberos, reuniones públicas tumultuarias, actos contra personas físicas y jurídicas, perjuicios a la propiedad, pública y privada. Al momento de la conferencia de prensa ya había cinco sentenciados, con multas que van desde 500.000 hasta 2 millones de pesos, que los condenados no tienen cómo pagar.

Los abogados defensores ya han presentado un centenar y medio de recursos de hábeas corpus. La única respuesta que reciben es un legajo de imputación vacío, donde la persona detenida es acusada de incitación a la violencia. Entre ellos, una persona denunciada por la pareja del gobernador, Tulia Snopek. El delito: filmar con su celular un operativo policial frente la residencia de Morales. “Hasta hoy no sé en dónde está detenida la persona que defiendo, porque la fueron rotando desde Palpalá a Alto Comedero y de allí a una seccional policial, en una clara violación de derechos y garantías constitucionales”, le dijo al enviado de El Cohete, Juan Alonso, la abogada Mariana Vargas. El extravagante motivo de la detención, dispuesta por el juez en lo penal económico Rodolfo Fernández, es “violencia de género”.

El gobierno provincial también está deteniendo a todas las personas que denunciaron haber sido torturadas, y Morales ordenó que los hospitales públicos sólo atiendan a oficiales y suboficiales de la policía provincial, pero no a sus víctimas. Del gobierno nacional, sólo Wado de Pedro y el secretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla, se interesaron por los heridos en la represión, como Lian Misael Lamas, quien perdió el ojo al que le apuntó la policía. El allanamiento a la casa donde cumple su prisión domiciliaria Milagro Sala y el peritaje médico que le realizaron, procuró encontrar elementos que permitieran trasladarla a una cárcel común, otra obsesión de Morales. Luego de la muerte de su hijo, Milagro está acompañando a su esposo, el ex corresponsal de La Nación, Raúl Noro, quien fue trasladado desde una clínica para que muera en su domicilio. El gobierno provincial no da trámite al pedido. El precandidato presidencial Sergio Massa fue informado y respondió con un escueto “OK”. Mediante gestiones discretas, Massa obtuvo en el último año la libertad o el arresto domiciliario de todos los detenidos de la Túpac Amaru, pero Morales fue inflexible respecto de Milagro, porque su humillación es la base de la gobernabilidad jujeña. El viernes reiteró que no la indultará ni dará un paso atrás con la nueva Constitución.

Sin límites, Morales publicó los nombres de las personas condenadas por el juez contravencional y las multas que se les exigen. En uno de los casos, en vez de multa se le impusieron trabajos comunitarios, porque tiene un retraso madurativo.

Meter el perro

El viernes, el ministro candidato Sergio Massa acusó de extorsión a empresarios del transporte que declararon un lock-out alegando que no habían recibido el dinero de los subsidios para el pago de sueldos. Lo hizo con nombre y apellido de dos grandes empresarios a los que llamó parásitos, Faijá y Zbikoski; desmintió que no se haya transferido el dinero, intimó a levantar la medida y convocó para mañana a una mesa de diálogo con sindicalistas y empresarios, a la que también invitó al gobierno porteño. Según Massa, los empresarios “retuvieron la plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle”. Massa apeló a una firmeza gestual cuya coincidencia no es exacta con los datos duros del conflicto. Como él mismo dijo, el 80% de los costos del transporte lo aporta el Estado. ¿Por qué se llegó entonces a esa situación límite que el ministro describió con elocuencia: millones de trabajadores que pierden el presentismo (esto se arregló con una disposición ministerial para evitarlo) o una cita médica? La campaña electoral da para todo. Y para todos.

Hoy el ministro se juntará con el Presidente Alberto Fernández y la Vice CFK en Saliqueló, para la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. También los acompañará el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. La gestión es el eje de campaña. Se vota por o contra el gobierno.

Esta semana Kicillof tuvo una buena noticia, con el procesamiento por el delito de falso testimonio, agravado, del perito canino Marcos Darío Herrero, cuyo dictamen apuntaba a la policía bonaerense por la muerte de Facundo Astudillo Castro, en 2020. Además le embargó bienes por 800.000 pesos. La investigación del periodista bahiense Germán Sasso, publicada en el portal La Brújula 24 y en su libro Operación Facundo, desmoronaron esa pretensión, y el juez federal Walter López Da Silva procesó a Herrero. Sasso no tiene mala relación con la policía.

Dos peritos en odorología forense, Rolando Rosillo y el comisario Víctor Marcelo Sialle, del área de Cinotécnica de la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, dictaminaron que los perros entrenados podrían captar olores de células humanas, como máximo, hasta 36 horas posteriores a su desprendimiento, por lo que los presuntos hallazgos de Herrero eran imposibles. Para el entrenador canino José Luis Mazzei, en la intemperie y dependiendo de las condiciones climáticas, el lapso podía extenderse a 72 horas. Pero nunca a tres meses o un año. El juez López Da Silva incorporó a su expediente copia de la condena pronunciada en Mendoza contra Herrero por encubrimiento, cuando plantó pruebas falsas en una causa por la desaparición de Viviana Luna. El fiscal mendocino pidió que se cotejara esa causa contra la que se seguía en Santa Cruz contra Herrero, por la desaparición de Marcela López. Esto permitió comprobar que en ambos casos, Herrero había plantado restos óseos de un cadáver masculino que guardaba en su casa. Cuando lo allanaron, en Viedma, donde era policía, arrojó los huesos a la casa del vecino.

No es un embaucador muy sofisticado. En Santa Cruz dijo que había descubierto los dólares que guardaba Máximo Kirchner en un galpón del ex marido de Marcela López. Eran billetes del juego El Estanciero. En el caso de Astudillo Castro, Herrero dijo que su perro Yatel había encontrado el cierre de la mochila de Facundo en la comisaría de Buratovich, pero cuando un policía le propuso colocarlo en otro lugar para que el bicho volviera a encontrarla, cambió de tema. En la comisaría de Origone dijo que el perro halló un amuleto, con una vaquita de San Antonio, que usaba siempre Facundo, dato que no confirmaron ni la pareja ni los amigos de la víctima. Diez meses después, en un patrullero de Bahía Blanca que pasó a 10 kilómetros de donde apareció el cuerpo de Facundo, el can prodigioso reconoció una piedra turmalina que usaba Facundo. “Pero era lila, no negra”, lo refutó la novia. También dijo haber encontrado huellas de sangre, que no era sangre. De este modo, acumuló causas en la Patagonia, San Luis, Mendoza, Gran Buenos Aires y Córdoba.

Así se abortó el falso caso Maldonado con el que se intentó poner a la defensiva a Kicillof, quien el viernes hizo un acto de campaña en La Matanza, con el intendente Fernando Espinoza y el ministro de Seguridad Sergio Berni.