El estatuto legal del coloniaje y medio pelo siglo XXI

En su columna en Caballero de Día, la analista Valeria Di Croce cuestionó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares, y los vinculó con un esquema de dependencia.

Di Croce analizó la reciente difusión de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto minero Vicuña, en San Juan, impulsado por Lundin Mining y BHP, y cuestionó la celebración oficial del emprendimiento.

Según detalló, el canciller Pablo Quirno compartió una publicación en la que se destacaba el potencial del proyecto como uno de los mayores distritos de cobre, oro y plata del mundo. Sin embargo, remarcó que el propio informe empresarial aclara que se trata de un estudio conceptual y que “no se ha demostrado la viabilidad económica”.

La analista señaló que mientras el Gobierno habló de inversiones por 18.000 millones de dólares, el documento menciona un financiamiento inicial de 4.500 millones para la primera etapa, distribuido en los primeros años, y proyectado a lo largo de dos décadas. Además, advirtió que el estudio incluye advertencias sobre riesgos ambientales, fiscales, laborales y sobre la eventual aplicación del RIGI.

En ese marco, vinculó el tratamiento parlamentario de la ley de glaciares con los intereses de las compañías mineras y sostuvo que “no es azaroso, hay un plan”.

Di Croce recordó antecedentes ambientales de ambas firmas. En el caso de Lundin, mencionó un fallo reciente en Chile que ordenó el cierre definitivo de un yacimiento por daños en un acuífero. Sobre BHP, aludió al colapso de un dique en Brasil en 2015, que provocó víctimas fatales y graves consecuencias ambientales.

La analista encuadró estas iniciativas en una estrategia más amplia que, a su entender, responde a exigencias de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional en materia de reforma laboral, previsional y flexibilización de actividades extractivas.

En su columna evocó el concepto de “estatuto legal del coloniaje” desarrollado por Arturo Jauretche para describir la legislación de la Década Infame, y sostuvo que el actual paquete de reformas cumple un rol similar al consolidar un modelo primario-exportador.

Asimismo, vinculó el debate con el próximo aniversario del golpe de 1976 y planteó que, históricamente, los ciclos de ajuste implicaron transferencias de recursos desde los trabajadores hacia grandes corporaciones.

“La pregunta es de quién es el plan”, concluyó, al advertir que las reformas en discusión redefinen el posicionamiento geopolítico del país y el alcance del Estado sobre sus recursos estratégicos.