Cuando el Poder Judicial decide quién puede representar al pueblo

Por Lorena Pokoik

El fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2 que limita las visitas a Cristina Fernández de Kirchner —incluyendo las de diputadas, diputados y senadores— no es un episodio más en la escalada judicial contra el movimiento nacional y popular. Es una muestra explícita del avance de un poder del Estado sobre otro, una decisión que desconoce abiertamente el mandato constitucional que nos fue conferido por el voto popular.

No hicimos una visita informal ni espontánea: realizamos una presentación judicial como corresponde, invocando nuestra condición de representantes del pueblo y el carácter institucional de nuestro accionar. La respuesta fue el rechazo. El tribunal ratificó un régimen de visitas que no solo desconoce nuestras facultades como legisladores, sino que también impone limitaciones que no se aplican habitualmente ni siquiera a otras personas con prisión domiciliaria. En lugar de respetar el marco constitucional y las garantías básicas, el fallo refuerza un modelo de aislamiento con claros fines políticos.

No se trata de un desacuerdo técnico ni de una discusión procesal. Se trata de algo mucho más profundo: la ruptura de la división de poderes. Cuando el Poder Judicial se arroga la facultad de decidir si una diputada o un senador puede ejercer sus funciones, se rompe el pacto democrático. Se vulneran las inmunidades parlamentarias, se anula la voluntad del pueblo y se consolida un modelo donde un poder no controla, sino que somete al otro.

Pero no se trata solo de una disputa entre poderes. Lo que estamos viendo es la consolidación de un modelo de disciplinamiento político a través de la persecución judicial. Un modelo que se ha extendido en América Latina y que, en la Argentina, tomó cuerpo bajo la forma del lawfare. No es nuevo, pero se actualiza constantemente: desde la causa Vialidad hasta la prisión domiciliaria, pasando por operaciones mediáticas, jueces militantes y resoluciones que intentan escarmentar a quien piensa distinto. Se castiga la voz política. Se encarcela el liderazgo. Se judicializa la representación popular.

Y el rol que algunos medios juegan en este esquema, accediendo a resoluciones antes que nuestros propios abogados, termina de confirmar que el cerco no es jurídico, sino político y mediático.

Lo que está ocurriendo excede largamente a una dirigente en prisión domiciliaria. Es el Congreso, es el sistema representativo, es la soberanía popular lo que está en riesgo. No se busca solo silenciar a Cristina: se intenta condicionar a toda la dirigencia política que no se arrodilla frente al poder real.

En una democracia madura, los poderes del Estado no se vigilan entre sí como enemigos, sino que se equilibran para garantizar derechos. Hoy, ese equilibrio está roto. Y lo que está en juego no es solo una visita parlamentaria: es el respeto al voto popular, la vigencia de la Constitución y el límite entre justicia y poder.

Por eso, no se trata solo de una defensa individual, sino de una advertencia colectiva: si la política se deja disciplinar por los tribunales, lo que se erosiona no es una persona, es la democracia misma.